El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime fue procesado por “desobedecer” una orden judicial que le impedía llamar a licitación para la concesión del ramal ferroviario que une Buenos Aires y Misiones. A pesar de que había una medida cautelar vigente, dictada por un juez federal de Corrientes ante un planteo de la empresa que ya explotaba la línea ferroviaria, el ex funcionario inició el proceso para la nueva adjudicación. El juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi evaluó que Jaime estaba perfectamente al tanto del trámite, de los impedimentos judiciales y, por ende, de lo que no debía hacer. Le trabó un embargo de 30 mil pesos.

Este es el segundo procesamiento contra Jaime: el primero fue por recibir dádivas –14 viajes de placer en aviones privados– de empresas de transporte a las que debía controlar. El delito de “desobediencia”, que se le imputa ahora, no es de los más graves. Tiene una pena de 15 días a un año de prisión. El problema que tiene el ex funcionario es de acumulación de causas en su contra. Otra de las investigaciones que siguen avanzando es la de su presunto enriquecimiento ilícito, donde tiene trabado un embargo de 40 millones de pesos que, según el juez Norberto Oyarbide, representarían su presunto patrimonio oculto (puesto a nombre de posibles testaferros y sociedades fantasma).

La causa por el delito “desobediencia” la inició Trenes Especiales Argentinos S.A., que explotaba el ramal Buenos Aires-Posadas, del ex ferrocarril general Urquiza. El tren es conocido por sus usuarios como El Gran Capitán. La empresa había logrado que el juez de Corrientes –provincia por donde pasa esta línea– Carlos Soto Dávila dictara una serie de medidas cautelares que frenaban el proceso para una nueva adjudicación hasta que se resolviera la cuestión de fondo. TEA invocaba un convenio de mediados de los ’90 por el cual le habían dado la concesión del servicio por treinta años. La Secretaría de Transporte, en los tiempos de Jaime, eludió los fallos judiciales e hizo un llamado a licitación nacional e internacional para la privatización, en 2006. Por tratarse de un funcionario nacional, la causa tramita en los tribunales federales porteños.

Cuando fue indagado, el 15 de junio último, Jaime dijo que él no estaba al tanto de las medidas cautelares que impedían la convocatoria y señaló que, de todos modos, el mismo día que le notificaron al organismo la resolución de Soto Dávila, la Cámara de Apelaciones decidió revocarla, lo que le hizo suponer que el pleito se había vuelto abstracto. En un comienzo, el juez Martínez de Giorgi le dio la razón y lo sobreseyó. Pero la Sala II de la Cámara Federal le señaló que era una decisión “prematura” y le ordenó reabrir el expediente.

Finalmente, al dictar ayer el procesamiento, Martínez de Giorgi explicó que pese a que la cautelar que frenaba la licitación había sido revocada, sus efectos seguían en pie hasta que se resolviera la apelación de la empresa TEA, algo que recién ocurrió en abril de 2008, cuando fue declarada inadmisible. Jaime, sostuvo el magistrado, tenía “un notorio conocimiento” de todos estos pormenores y debe ser considerado “responsable” del delito de “desobediencia” porque era la “máxima autoridad del organismo” de Transporte y quien “estaba a cargo” de la licitación.

Martínez de Giorgi tiene otras dos causas en trámite contra Jaime: una por la compra irregular de locomotoras usadas a una compañía japonesa, otra por prórrogas sospechosas concedidas a empresas de transporte para la renovación de sus colectivos. Estos expedientes, de todos modos, marchan a paso lento. En la causa por dádivas, donde Jaime fue procesado por el juez Claudio Bonadío, se estableció que el ex funcionario viajaba en taxis aéreos que pagaban empresas de transporte que estaban bajo su control (varias ligadas al Grupo Cirigliano).