A dos años del voto no positivo de Julio Cobos que determinó el rechazo del Senado al proyecto del Ejecutivo sobre retenciones móviles, los agro–diputados de la Federación Agraria Argentina (FAA) presentaron una iniciativa para implementar un beneficio económico a los productores, que la media sanción de Diputados había incorporado a la frustrada resolución 125 y que las propias entidades agropecuarias repudiaron con un lockout: la compensación de fletes para el transporte de granos y oleaginosas. El proyecto de Pablo Orsolini y Ulises Forte –alineados en el bloque de la UCR– propone “un tratamiento diferenciado para pequeños y medianos productores” con una compensación en los fletes para aquellos que estén a más de 300 kilómetros de distancia entre los lugares de producción y el destino final de sus cultivos.

“Estamos convencidos de que hay que terminar con el impuesto a la distancia. En un país como el nuestro, resulta increíble que haya perjudicados sólo por vivir más lejos de los puertos”, sostiene Forte en los fundamentos del proyecto. “Como legisladores de provincias distantes, y por nuestra militancia gremial anterior, sabemos cuánto impacta en los costos de los productores más chicos el pago de los fletes”, insiste el diputado pampeano que comparte el proyecto con el chaqueño Orsolini. Ambos ex vicepresidentes de la FAA durante el conflicto de la 125.

La iniciativa propone “compensar el transporte de granos y oleaginosas producidos a más de 300 kilómetros de su destino final, dentro del territorio nacional, con finalidad de consumo, industrialización o exportación en su primera venta”. De acuerdo con el proyecto, la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Agricultura, que se hará cargo del subsidio sobre el transporte que supere los 300 kilómetros y que cubrirá como máximo determinados volúmenes de producción, que en caso de la soja y el girasol llegará hasta 600 toneladas, 900 para el trigo y 1200 para el maíz. También establece como mecanismos de control que el beneficiario “se encuentre inscripto como productor en el Registro de Operadores de Granos y Legumbres Secas de la AFIP”, “que las declaraciones juradas de los productores deberán ser visadas por un representante de la organización gremial en la que se nuclee el productor y las autoridades municipales del lugar en que se radique la explotación”, “que cumplan con la normativas vigentes para definir pequeñas y medianas empresas agropecuarias”, y las cartas de porte para el traslado de los cultivos.

En cambio, excluye de la compensación “al arrendador comerciante de granos que siendo titular de inmueble rural lo arrienda, obteniendo como pago granos y posteriormente los comercializa a nombre propio”. Y establece sanciones a quienes intenten burlar la normativa para acogerse al beneficio.

Una propuesta similar se había consensuado e incorporado, a pedido de las propias entidades ruralistas, al texto final de la media sanción con la que la Cámara de Diputados modificó el proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso para reemplazar a la resolución 125. Aunque en aquella oportunidad la Mesa de Enlace Agropecuaria –SR, CRA, FAA y Coninagro– desestimó la mejora para los pequeños y medianos productores y rechazó la propuesta general con un lockout, movilizaciones y cortes de rutas que provocaron desabastecimiento de productos de primera necesidad.

El proyecto aprobado en Diputados y rechazado por el Senado dedicaba todo su tercer capítulo a las “compensaciones al transporte de granos”. Entre ellas, creaba en el ámbito del Ministerio de Economía (el de Agricultura todavía no había sido creado) un régimen de compensaciones por fletes para la cosecha 2007-2008 de soja y girasol “producidas en provincias extrapampeanas”.

Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y Chaco componían el listado de las provincias beneficiadas, que también comprendía a importantes departamentos y regiones de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

Ahora, los ruralistas como la FAA vuelven a insistir sobre algunas de las mejoras que rechazaron dos años atrás.