Las dos cámaras del Congreso prestaron el escenario en la madrugada del jueves para que las organizaciones sociales y las distintas fuerzas políticas se conjugaran de un modo nuevo y original, con distintas formas de transversalidad que tienden a aislar a las corporaciones que condicionan al sistema institucional y a los sectores más retrógrados de los grandes partidos. Esto fue nítido en la sanción de la reforma a los artículos sobre matrimonio del Código Civil y sinuoso en la ley de protección a los glaciares. Habrá que esperar para saber si lo que se vio en el firmamento de esa gélida madrugada fueron constelaciones estables o apenas estrellas fugaces.

En el primer caso, el kirchnerismo puede jactarse de una victoria hacia afuera pero también hacia adentro de su estructura política. La obtuvo, como en los primeros años del mandato de Néstor Kirchner (la limpieza de la Corte Suprema de Justicia y de la cúpula militar, la anulación de las leyes de impunidad), o ya bajo la gestión de CFK (la recuperación del sistema previsional, la ley de servicios audiovisuales, la Asignación Universal por Hijo) por hacer propios los reclamos de minorías intensas de fuerte inserción en el entramado social. Vilma Ibarra (del Encuentro de Martín Sabbatella) y Silvia Augsburger (del socialismo), recogieron en sus proyectos, que luego se unificaron, la propuesta de extensión de derechos conyugales a todas las personas, presentada por una coalición arcoiris de organismos pro diversidad sexual. En un reportaje con este diario en enero, Néstor Kirchner afirmó que se debía profundizar la igualdad de derechos civiles y “avanzar sobre temas que a veces son irritativos para ciertos sectores de la sociedad, en los que la restauración conservadora confronta con los que queremos transformar la Argentina” y aclaró que se refería a la universalización del matrimonio. La reforma fue votada por una mayoría variopinta que partió, en distintas proporciones, a los bloques principales en cada cámara. Esto responde a un estado de opinión de la sociedad, a la acción inteligente y tenaz de las organizaciones que militaron para lograr su objetivo, con una dirigente fuera de lo común como María Rachid, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt), y a la decisión política del kirchnerismo, que asumió todos los riesgos con audacia. El diario estadounidense Washington Post afirmó que el alto índice de aprobación del matrimonio entre personas de igual sexo (del 70 por ciento) era una secuela de la lucha de los organismos de derechos humanos contra la dictadura. Pero ninguno de los gobernadores oficialistas se plantó frente a la extorsión clerical, con lo cual la aprobación de la ley transmite también un mensaje al interior partidario. La calidad del debate fue pobre porque con pocas excepciones los defensores del statu quo repitieron en forma automática un par de consignas estereotipadas, lo cual dio lugar incluso a bloopers (para el engolado senador Guillermo Jenefes cada chico tiene derecho a tener “un mamá y una papá”) o afirmaciones cínicas (el senador Luis Viana dijo que en Misiones la inmigración produjo “chicos lindos, rubios y de ojos celestes”, por los que se pagan hasta 50.000 pesos, como si ese tráfico fuera obra de homosexuales a los que no debería facilitárseles el negocio). La diputada Elisa Carrió propuso suprimir del Código Civil la palabra matrimonio, que quedaría reservada para el sacramento católico, y ofrecer la “unión civil familiar para todas las parejas”. Carrió cree que esta capitulación ante los clérigos, que retrotraería la situación a 1887, cuando el único matrimonio era el religioso, sería “una opción superadora”. En cambio el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, y el jefe del bloque, Gerardo Morales, sólo se tentaron por unas horas con esa extravagancia y terminaron votando la media sanción de Diputados, en línea con la tradición alfonsinista. Esto también muestra la incidencia de este debate dentro de la UCR: Sanz y Morales están cerca de Ricardo Alfonsín, menos sensible a las corporaciones que el vicepresidente Julio Cobos. Dieron pena un periodista que acusó al gobierno de plantear con este tema una batalla cultural con la Iglesia Católica, y una actriz que amenazó con llevar a los tribunales a quien hablara de su hijo, a quien negó en vida, como si la homosexualidad fuera una vergüenza. A la senadora Hilda González de Duhalde no ha terminado de formársele el superyó, lo cual le permite decir que tiene un amigo homosexual y que hay derechos de las mayorías que son más urgentes.

Cáscara de naranja

Pese a todo el esfuerzo organizativo del aparato eclesiástico, que malversó en forma fraudulenta parte de los recursos que el Estado le provee con otros fines, la marcha convocada por el Episcopado sobre el Congreso tuvo una menguada asistencia, circunscrita a sectores de clase media alta. Aun así, los dos diarios opositores coincidieron en calificarla en su portada de “masiva” y los organizadores estimaron una concurrencia diez veces superior a la real. Esa marcha fue uniformada por el color naranja, que identifica a la monarquía holandesa descendiente del príncipe protestante Guillermo de Orange que guerreó contra el catoliquísimo Rey Sol, Luis XIV. Además representa a los protestantes en la bandera de Irlanda, que también gobernó Guillermo. Ninguno de los asistentes supo explicar si en el contexto argentino significaba algo más que la confusión episcopal ante una sociedad desbordante de vitalidad. Allí se leyó otra carta de Bergoglio, demostrativa de una alambicada perversión del lenguaje, al expropiar y resignificar la consigna histórica sobre los niños como únicos privilegiados, y se repartieron unos panfletos con afirmaciones temerarias sobre la homosexualidad, financiados por Enrique Bayá Casal SA y su fundación Sembrar Valores. Bayá Casal es una gran empresa productora y comercializadora de semillas de soja y otras forrajeras, importadora de maquinarias agrícolas y titular de permisos otorgados por Juan Carlos Romero para desmontar casi diez mil hectáreas en Salta. Uno de sus panfletos afirma que “grupos extremistas” presionan al Estado para convertir a los chicos huérfanos y abandonados en “conejillos de indias”. El boletín eclesiástico del Arzobispado porteño difundido por Bergoglio este mes contiene otra pieza de colección. En la reunión del 11 de mayo del Consejo presbiteral los sacerdotes dijeron que además de la imagen externa, la Iglesia Católica debía preocuparse por su credibilidad interna y reclamaron un diálogo en torno de “temas de fondo sobre los que no hablamos”, como la pedofilia, la sexualidad y el estilo de vida sacerdotal. Bergoglio respondió que hay un ataque a la Iglesia concertado en todo el mundo, que las homilías del 25 de mayo en todas las diócesis se basaron en seis o siete temas pautados por la Conferencia Episcopal, que las autoridades no se dieron cuenta del reconocimiento que implicaba la decisión de realizar el Te Deum en Luján, que son demoníacas las acusaciones contra el papa por los casos de pedofilia y que no habría nada peor que “ponernos a la misma altura organizativa, como si fuéramos una ONG que enfrenta a otras”, es decir aquello que el propio Bergoglio hizo. Recién luego del desenlace legislativo, Clarín se permitió publicar una columna de Roberto Pettinato cáustica hacia Bergoglio y La Nación descubrió que la carta del cardenal había sido un “error estratégico”. Este cuestionamiento por parte de un medio que comparte sus valores y sus fines y que dos meses antes había editorializado sobre la “insensatez y superficialidad” del proyecto revela el mar de fondo que agita a una institución que aun ahora amenaza a quienes votaron la ley igualitaria con hacerles campaña negativa en las próximas elecciones, en el estilo que popularizó la derecha cristiana de los Estados Unidos.

Relax and enjoy

Si intentan cumplirlo es probable que se encuentren con nuevas sorpresas. Para las 2.403 personas de todo el país que hace dos años respondieron a la primera encuesta científica sobre creencias y actitudes religiosas la tarea más importante de las religiones es educar a los jóvenes y la menos importante dedicarse a temas políticos, con porcentajes respectivos de 28,3 y 0,2 por ciento. La hegemónica Iglesia Católica, con cuya fe se identifican tres cuartas partes de los habitantes del país, hace las dos cosas y una le abre espacio social y le provee de dinero para la otra. Esto sería imposible si las fuerzas políticas, empresariales y sindicales no recurrieran a la jerarquía para legitimar sus acciones, como se vio en 2008 con la campaña de la Mesa de Enlace de las cámaras patronales agropecuarias y ahora en el debate parlamentario por la reforma matrimonial. La encuesta, realizada entre mayores de 18 años por el área Sociedad, Cultura y Religión del CEIL/CONICET, y por las universidades nacionales de Buenos Aires, Rosario, Cuyo y Santiago del Estero, bajo la dirección de los sociólogos Fortunato Mallimaci y Juan Cruz Esquivel, indica que:

- el 76,5 por ciento se definen como católicos/as, pero el 61,1 por ciento se relaciona con Dios sin intermediación de la Iglesia.

- pese a la condena de la jerarquía, sólo el 15 por ciento de los católicos/as se oponen al aborto, porcentaje aun menor al 16,9 por ciento que se da en la población total.

- un 92,4 por ciento de la población está de acuerdo con que se brinde educación sexual en las escuelas, porcentaje que incluso se eleva entre los católicos.

- entre ocho y nueve de cada diez apoyaron la promoción oficial del uso de preservativos contra el sida, el ofrecimiento gratuito de anticonceptivos en hospitales, clínicas y centros de salud, la información sobre contraconcepción en los colegios, que la jerarquía rechaza.

- casi siete de cada diez consideró positivas las relaciones sexuales antes del matrimonio.

- apenas uno de cada cuatro considera apropiado el pago oficial del salario de obispos y pastores.

- la mitad dijo que sólo se justifica el financiamiento estatal de las escuelas confesionales allí donde asiste la población carenciada, y más del 18 por ciento que nunca.

- el 55 por ciento preferiría una materia general sobre religión y no la enseñanza de los preceptos de una de ellas.

Por lo tanto, a Bergoglio y Aguer más les convendría aplicar la vieja máxima relax and enjoy it. Si alguna vez se levantara la norma canónica del celibato, quizás en las filas de la Iglesia el nuevo matrimonio sería visto como un avance del que podrían servirse algunos de sus críticos para regularizar su situación.

Líneas cruzadas

Menos simple es advertir la nueva dinámica en la simultánea votación en Diputados sobre la protección de glaciares. El Grupo Ahhh... consiguió aprobar en general un proyecto consensuado por el senador oficialista Daniel Filmus con el diputado opositor Miguel Bonasso, quien lo había acusado con su habitual sutileza de “empleado de la Barrick Gold”. Cuando el acuerdo llegó al recinto se opusieron los gobernadores justicialistas de las provincias mineras. El oficialismo pidió una prórroga pero el Grupo Ahhh... impuso su número e hizo votar. Según un diputado socialista no se terminó la votación en particular porque Bonasso no supo contestar preguntas del presidente de la Cámara, Eduardo Fellner, sobre los puntos modificados en su proyecto y pidió que se leyera la norma completa. Después de un día entero de sesión, con hambre y sueño, diputados de distintos bloques se levantaron de sus bancas y se perdió el quórum. Cuando se complete esa votación, en agosto, el texto volverá al Senado, donde habrá que ver cuántos miembros del bloque oficialista se suman a la entente Filmus-Bonasso. Pero la presidente ya anunció que, a diferencia de lo que ocurrió hace dos años, esta vez no vetaría la ley, cualquiera fuera su contenido. No es la forma más airosa de escapar del abrazo de los gobernadores con intereses en los emprendimientos mineros contaminantes, sobre todo después de haberse reunido junto a ellos con los directivos de la multinacional canadiense involucrada. Pero la combinación de ambos episodios es reveladora de los nuevos equilibrios de poder que se van estableciendo. El radicalismo es la columna vertebral del Grupo Ahhh..., que ha conseguido mayoría en la Cámara de Diputados. Su recuperación electoral luego de la catástrofe en que acabó su último gobierno hace del más antiguo partido argentino una fuerza no desdeñable, aunque más apta para el control que para el ejercicio del poder. En tanto el hijo de Raúl Alfonsín afiance su liderazgo, algunos de sus proyectos pueden poner límites al gobierno y ayudarlo aun sin proponérselo a construir una suerte de transversalidad parlamentaria que lo independice del ala más indeseable de su propia fuerza. Otros proyectos, en los que la UCR coincide con el peornismo opositor, la CCL y la derecha de Pro, avanzan sobre asuntos de gestión que sólo en un régimen parlamentario pueden quedar en manos del Congreso, como la tentativa de desfinanciar al Estado con un simultáneo recorte de ingresos e incremento de erogaciones. Su propósito es obligar a CFK a vetar, si es que consiguen convertir esos textos en ley. En esto su coincidencia con el Poder Ejecutivo es plena: en tales casos usará su facultad constitucional, si es que antes de la sanción no se adelanta con medidas dentro de la órbita de sus atribuciones que tornen abstracto el debate. En la madrugada del jueves, durante su excelente exposición, la senadora de la CCL porteña María Eugenia Estenssoro interpretó la Asignación Universal por Hijo como un reconocimiento a Elisa Carrió y Elisa Carca, autoras del primer proyecto en ese sentido, hace doce años. Su colega kirchnerista de Santa Cruz Nicolás Fernández le preguntó por qué no lo habían puesto en práctica cuando gobernó la Alianza y concluyó que lo más importante no es quién fue el primero que la propuso sino quien la aplicó. Un diálogo muy similar entretuvo durante décadas a los socialistas de Alfredo Palacios, que propició una legislación social de avanzada, y a los peronistas de Juan Perón, que la puso en práctica.