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Así se presentaba Ciro James en el currículum que entregó como aspirante a la Policía Metropolitana: un auténtico espía desde 1994, un superagente, un sabueso que por lo menos desde los 21 años husmeaba en la vida de la gente y se dedicó a perfeccionarse con el tiempo. Esa “carta de presentación” es la columna vertebral del fallo de la Cámara Federal que esta semana confirmó el procesamiento de Mauricio Macri como miembro de una asociación ilícita dedicada a espiar. Porque James era todo aquello cuando un buen día, en 2008, empezó a cobrar un sueldo de asesor del Ministerio de Educación porteño, donde jamás realizó trabajo alguno, lo que ningún funcionario pudo justificar. Para el tribunal hay una explicación y es que su verdadera actividad “siempre estuvo ligada al proyecto de la Policía Metropolitana”, donde su arquitecto y primer jefe, Jorge “Fino” Palacios, le tenía un importante lugar asegurado. “Ese emprendimiento preveía, a través de James y de otros, el armado de una estructura de inteligencia subterránea” y “clandestina”, dice el fallo, porque en rigor la nueva policía tenía y tiene prohibido hacer tareas de espionaje. “¿Qué haría un experto en aquel tipo de inteligencia en una institución que tenía prohibido hacerla?”, advierten los jueces, que hacen responsable al jefe de Gobierno por esa designación y sus implicancias. Para ellos, además, son elocuentes las investigaciones financieras sobre opositores al macrismo que se hicieron desde una consultora de Palacios. Macri, concluyen, por lo menos “consintió” el armado de ese aparato y su función fue “asegurar que se instalara” y garantizarle “recursos”.

Macri y sus abogados tuvieron una cita con los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, donde pudieron detallar su parecer sobre el expediente, en el que acusan al juez Norberto Oyarbide de haber hecho una investigación direccionada y sesgada, sometida a intereses políticos. A la Cámara el planteo no le convenció. Respaldó al juez pero incluso dobló la apuesta al afirmar por primera vez en forma taxativa que lo que estaba en cierne era “un aparato de inteligencia clandestino” como “vertiente paralela” de la policía porteña. En este punto, les dio gran relevancia a las escuchas y también a las investigaciones que se hicieron desde oficinas privadas que compartían el Fino Palacios y su segundo en la Metropolitana, Osvaldo Chamorro, e indagaban –a través del sistema Nosis– en el patrimonio y las finanzas de legisladores de la oposición, un dirigente de los empleados municipales y hasta un abogado radical que denunció sobreprecios que podían complicar a Macri (ver aparte).

El fallo desarticuló todas y cada una de las justificaciones del líder de PRO con aspiraciones presidenciales. La clave de lectura de la sentencia está en la cadena de relaciones de tres personajes de la trama: Palacios, como el policía de máxima confianza de Macri, y James, como estrechísimo colaborador del Fino, con quien trabajó en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal.

Espía sí, infiltrado no

Macri intentó desde un comienzo instalar la teoría de que James era un infiltrado de la Policía Federal (a la que todavía pertenecía), y por eso emergió en su Ministerio de Educación, por sus dotes de espía. Para rebatir esa explicación, los camaristas sugieren que parece demasiada coincidencia esa aparición del ladero de Palacios justo en la misma época en que empezaba a diagramar la Policía Metropolitana. De esos preparativos da cuenta el propio Macri en su descargo judicial. Con el Fino tenía una relación de años, desde su secuestro en 1991. Más casualidad todavía, señala también el fallo, parece que exactamente una semana después del inicio de la pinchadura telefónica al cuñado del jefe de Gobierno, Daniel Leonardo, James obtuviera su nombramiento en Educación y empezara a recibir 6 mil pesos mensuales. La cifra es similar a la que recibiría en la policía porteña.

La Cámara hace responsable a Macri del nombramiento de James, con el siguiente razonamiento: Palacios, que iba a ser el jefe de la Metropolitana y llevaría con él a James, no podía nombrarlo todavía porque la policía no existía. De hecho, en esa época el Fino trabajaba en la seguridad de Boca Juniors. Pero el ex comisario “sí tenía relación con Andrés Ibarra” –dice el fallo–, que había sido gerente general del club cuando Macri lo presidía. Ibarra fue nombrado viceministro de Educación a pedido de Mauricio Macri y estaba encargado de las cuestiones administrativas y de personal. “La relación de Palacios con Ibarra puede tender a explicar la aparición de James bajo su órbita. Pero mejor la explica la relación de Palacios con el jefe de Gobierno, máximo responsable de la administración”, enfatizaron los camaristas. Al ex ministro de Educación Mariano Narodowski, el tribunal lo desprocesó.

El verdadero “negocio”

Como hay una decena de pinchaduras ilegales comprobadas, el planteo del jefe de Gobierno ante la Cámara se centró en que todo era un negocio privado de James, que espiaba también a empresarios, abogados y amantes. Siempre insistió, además, en que no lo conocía. A Palacios hasta el día de hoy no le cuestionó nada, apenas lo mencionó en sus escritos. Incluso lo defendió: dijo que tenía muchos avales para liderar la Metropolitana, aunque estuviera involucrado en el encubrimiento del atentado a la AMIA (por lo que fue procesado a los pocos días de renunciar).

Para la Cámara, tal vez el joven espía James tuviera sus propios negocios, pero en este caso se trataba de otra cosa: ya estaba trabajando en la nueva policía. El tribunal recuerda que Palacios lo mandaba a reuniones con funcionarios en cuestiones criminales y que cuando ya la Metropolitana tuvo sus oficinas entraba como uno más, pero con una diferencia: su ingreso no quedaba registrado. El razonamiento apunta a que James estaba embarcado en el proyecto de una estructura de inteligencia que sería oculta, porque está prohibida por ley (el macrismo no logró que prosperaran sus proyectos para legalizar esas prácticas).

En los hechos, dice el fallo, ni Macri ni ningún funcionario porteño pudo probar que James hiciera trabajo concreto alguno para Educación, pero “sí se ha demostrado que durante ese tiempo era una pieza clave en la intervención ilegal de teléfonos”, en una organización delictiva que tenía entre sus protagonistas a su antiguo jefe Palacios, quien comandaría la Metropolitana. “La respuesta de lo que haría James en la Policía Metropolitana se construye a partir de lo que no hacía en el Ministerio de Educación porteño”, dice la Cámara. Para el tribunal, además, es elocuente el currículum que entrega James como aspirante a la nueva fuerza policial, donde demuestra “qué ofrecía él a la nueva institución”, “aquello en lo que era verdaderamente idóneo”: “es una carta de presentación de un experto en inteligencia, especialmente idóneo en materia de comunicaciones”.

La Metropolitana, repasan los tres jueces, era base del proyecto político de Macri, había sido una promesa de campaña. Se la confió a Palacios. “Es posible que Macri no conociese personalmente a James, sin embargo, es muy difícil sostener que no estaba al tanto de la tarea que en materia de seguridad le había encomendado a Jorge A. Palacios”, afirmaron. “El jefe de Gobierno no era ajeno a la apuesta del aparato de inteligencia clandestino aun cuando podía estar al margen de los detalles de su funcionamiento”. A James, “por medio de la influencia de Palacios”, “le dio una retribución y cobertura para que coadyuve al proyecto de la policía de la ciudad en su vertiente paralela y encubierta de la producción de inteligencia prohibida”. Todo esto conduce, según los camaristas, a que el propio dirigente del PRO cumplía “un rol en la asociación ilícita: asegurar, como máxima autoridad, que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de sus recursos y, de tal suerte, pueda funcionar”.

La SIDE

Para Macri, la Secretaría de Inteligencia debería ser sospechosa en esta causa, igual que la Policía Federal. Ante la Cámara, sugirió complicidad de la SIDE con James, ya que le entregaba permanentemente escuchas y porque el espía se comunicaba con gran frecuencia con agentes de la SIDE que estaban en el puesto de control de Ezeiza. Para la Cámara, la lectura es inversa: esos datos no hacen más que confirmar que James se movía en el ámbito de los servicios de inteligencia (incluso de distintos rincones del país) como pez en el agua y de ahí su gran utilidad para el gobierno porteño y la valoración de él que hacía Palacios. El texto de la Cámara dice que la “notoriedad en estos menesteres era tal” que el ex juez misionero José Luis Rey destacó en su indagatoria que el muchacho no sólo trabajaba con la policía provincial sino que les “daba clases de inteligencia”. Rey es uno de los ex jueces imputados en esta causa (fue destituido por esto) porque era junto con su colega Horacio Gallardo quien libraba órdenes judiciales, a pedido de James, para que la SIDE hiciera escuchas sobre cualquier persona a la que se quisiera espiar (como ocurrió con el empresario Carlos Avila, gerentes de Coto, esposas de hombres adinerados, entre otros). Finalmente, las visitas de James a oficinas de la SIDE en Buenos Aires, donde retiraba las escuchas, se convirtieron en una evidencia fundamental en la causa. Como quedaban registradas permitieron reconstruir el circuito del espionaje. La Cámara no abordó en forma directa otro planteo de Macri: que la causa se inició por una llamada anónima a uno de los espiados, que sostiene (aunque nadie pudo probar) que la hizo un agente de la SIDE, lo que dice que implicaría un delito. Pero el fallo no da ningún indicio de que la causa pueda estar viciada, sino todo lo contrario. La avala de punta a punta.

Los espiados

Cuando procesó a Macri, Oyarbide lo responsabilizó por las escuchas a su cuñado, el parapsicólogo Leonardo, y le adjudicó las pinchaduras a Sergio Burstein, de Familiares de las Víctimas del ataque a la AMIA, querellante en la causa en que Palacios es investigado por encubrimiento del atentado y ferviente opositor, público, a su nombramiento como jefe de la policía porteña. En su último escrito ante la Cámara Macri recurrió a la estrategia de culpabilizar a las víctimas. Se quejó de que la Justicia no se había ocupado de mirar qué pudo haber motivado la escucha a Leonardo y reclamó que miraran en sus “conflictos personales o patrimoniales”. Otra vez pidió que pusieran la lupa sobre su padre, Franco Macri, quien había admitido una pelea con Leonardo y presentó documentación en la causa reconociendo que había contratado a una empresa de seguridad e investigaciones para proteger a su familia (aunque no dijo si era para investigar y a quién).

La Cámara dio vuelta el razonamiento. Los jueces señalan que Macri, a través de Palacios, armó un aparato de espionaje en la Metropolitana y las pinchaduras a Leonardo y Burstein “vienen a confirmar la matriz del aparato de inteligencia clandestino”.