Los relatos del macrismo sobre el proceso que culminó con el fallo de la Cámara Federal, que confirmó el procesamiento de Macri, explican al detalle el poroteo que ellos hacían sobre los tres jueces del tribunal. Parece que el que transmitió la mala noticia a Macri fue su ministro de Justicia, Guillermo Montenegro. El ex juez habría sido el encargado de mantener el contacto con Eduardo Freiler, un juez de la Cámara, que es su amigo personal y al que el macrismo considera “amigo” en general. En ese punto, la cara del macrista relator asume un gesto dramático y explica: “Desde dos días antes no le atendía el teléfono a Guillermo”. O sea, ya se habían dado cuenta de que las cosas no venían bien.

Ahora el relator, o la fuente que quiere ser anónima, pone cara de que las sabe todas y dice: “Eduardo Farah iba a ir en contra, eso ya lo sabíamos, porque Farah es funcional a los deseos de Kirchner”. Hasta ahí el poroteo de este supuesto operador judicial macrista. El tercer integrante de la Cámara Federal, Jorge Ballestero, no tenía una opinión tomada, según el macrista conocedor de los jueces y que además da a entender que tiene tratos con ellos o con su entorno. Pero, asegura, “en definitiva, sabíamos que Ballestero iba a coincidir con Oyarbide”.

Este relato en off ya bastante alivianado porque se está haciendo delante de un periodista, da una idea de los esfuerzos del macrismo para presionar a los jueces. Si es cierto que Freiler no le atendió el teléfono a Montenegro desde dos días antes de difundir el fallo, quiere decir que antes sí lo atendía. Y tampoco se sabe si es cierto que lo dejara de atender porque se trata de un relato lavado para no mandar a un amigo abajo del tren.

Sea cierto o no este cuento, todos los medios explicaron que el macrismo daba por seguro el voto a su favor de Freiler, el voto negativo de Farah y el de Ballestero, menos claro, pero finalmente también comprometedor para Macri. Ese poroteo obsesionaba al macrismo mientras denunciaba que el fallo había salido contra Macri por las presiones del kirchnerismo.

En otro contexto, este relato, que puede ser cierto o no, pero que proviene del macrismo, sería lo que los periodistas llaman “verdurita”, o sea la información que hace a la anécdota de una noticia. Pero como toda la estrategia defensiva de Macri se basa en denunciar las presiones de Néstor Kirchner sobre los jueces, primero Oyarbide, y después los tres de la Cámara, la “verdurita” se convierte en carne para el asador. Porque por un lado denuncia las presiones del kirchnerismo y por el otro cuenta las presiones propias o por lo menos el intento del macrismo de presionar a los jueces. En ese relato los jueces aparecen claramente como sujetos para presionar.

Ese cuento es en sí mismo un papelón donde la Justicia aparece como el mostrador de un almacén donde se pichulean los fallos. Si el ámbito de la Justicia funcionara así, el de la información tendría que estar mucho peor porque tiene muchísimos menos controles. Pero los periodistas y muchos políticos cuentan esos pichuleos, naturalizándolos por lo bajo y rasgándose las vestiduras en público, como si ellos fueran de acero quirúrgico.

Ni el de la Justicia ni el de la información son ámbitos cerrados y mágicamente purificados. Los periodistas hacen política y los jueces también. Pero hacen política en ámbitos específicos que tienen determinadas reglas de juego diferentes a las de los partidos o los sindicatos, sus definiciones políticas discurren por ese andarivel que no pueden saltar. Aunque a veces se producen situaciones flagrantes como la vieja Corte del menemismo o la vieja Casación Penal que atrasó por cuatro años los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Son dos ejemplos que ilustran un aspecto de la relación del oficialismo con los jueces. En el primer caso este gobierno al que se acusa de manipular a la Justicia cambió aquella Corte menemista por otra que no le es favorable, integrada por jueces que nadie puede imputar de kirchneristas.

La sobreviviencia en el tribunal de Casación del juez reaccionario, simpatizante de la dictadura y ultracatólico Alfredo Bisordi, también fue una demostración de que el kirchnerismo no tiene tanto poder como el que se le adjudica. Alevosamente, Bisordi frenó todos los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Durante cuatro años el supuestamente todopoderoso gobierno de Kirchner no lo pudo mover. Cada vez que se levantaba una crítica contra las evidentes maniobras dilatorias de Bisordi, toda la oposición salía en defensa de este magistrado en nombre de la independencia de poderes.

La forma en que varios jueces, expresando una parcialidad política evidente, frenaron en primera instancia la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tampoco contribuye a la imagen de un kirchnerismo que mantiene sometido y disciplinado a todo el aparato judicial. Esa descripción puede tener algún efecto como factor de agitación política, pero nunca puede ser tomada con seriedad como argumento para cuestionar un fallo que ratifica a otro de primera instancia y que involucra por los menos a cuatro jueces de dos tribunales diferentes.

Cualquier afirmación que se apoye en este argumento es interesada, como en el caso de Macri y su fuerza política, o expresa una visión primaria de la política, reducida a pura expresión de deseos y mitos autoalimentados. El gorilismo conlleva el riesgo de engatusar a la inteligencia como lo reveló Beatriz Sarlo en su artículo de La Nación, uno de los pocos en defensa de la tesis central de Mauricio Macri.

La intelectual fue la única que creyó en la cara de Mauricio Macri cuando hace un puchero de indignación y exclama que no se dejará avasallar por Kirchner. El resto de la oposición tomó distancia del macrismo porque, a diferencia de Sarlo, creen que la estrategia del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires pone muy en evidencia el oportunismo. Desde la Coalición Cívica y el radicalismo le dicen que, si la manipulación de Kirchner sobre los jueces era tan manifiesta, tendría que haberla denunciado desde el principio y no después del fallo que lo procesa.

No se entiende dónde ponen su indignación las señoras gordas. Macri está relacionado con el espionaje telefónico. Así lo piensan cuatro jueces y lo demuestra la evidencia de los hechos, porque él nombró y defendió a un comisario acusado de encubrimiento en la causa AMIA y este comisario fue el que promovió al espía Ciro James. Para zafar de esta acusación, Macri hace teatro, acusa furiosamente sin pruebas y trata de usar a su favor el odio político –o gorilismo– que un sector de la clase media porteña le profesa al Gobierno nacional. Las señoras gordas están más ensimismadas en su odio político que en el daño institucional que implica un jefe de Gobierno que piensa en instituciones policiales con Fino Palacios a la cabeza. En el fondo, las señoras gordas también quisieran tener un Fino Palacios como jefe de policía.

Por lo general, las concepciones políticas implican costos políticos. A veces el progresismo que se resiste a reprimir la protesta social se arriesga a que se produzca un caos generalizado y debe pagar un costo. Los políticos conservadores creen en la mano dura y en los policías como Fino Palacios, lo cual a veces lleva a ejecuciones por gatillo fácil o a abusos de poder como el espionaje y otros delitos. Y también tienen que pagar el costo. Es lo que le sucede ahora y trata de evitar Mauricio Macri.

Fino Palacios no es una anomalía en el universo macrista, sino que forma parte de él y representa una parte de su pensamiento como político conservador. No encaja en ninguna idea de la nueva política, que finalmente no fue más que una consigna publicitaria para las elecciones. En la historia de la ciudad, la mayoría de sus gobernantes han sido conservadores como el actual jefe de Gobierno. Y quienes lo acompañan son políticamente conservadores. Lo técnico, moderno y eficaz como gestión no ha sido demostrado ni puesto en juego y en todo caso, ninguna de esas categorías puede ser excluyente de la ideología política. No hay un aporte diferente al debate, lo cual va quedando más claro a partir de esta causa por espionaje.