El italiano Leonardo Bertulazzi fue arrestado el 3 de noviembre pasado en una playa de estacionamiento del barrio de Constitución. Seis meses después de que entrara a la Argentina, Interpol hizo efectiva una vieja orden de captura en su contra por su militancia en los años ‘70 en las Brigadas Rojas. Bertulazzi había trabajado los últimos diez años en El Salvador, en colaboración con una organización no gubernamental dedicada a la atención primaria de la salud y pensaba hacer algo parecido en la Argentina. Hace unos días llegaron de Italia los papeles necesarios para que se inicie el juicio de extradición, pero Bertulazzi pidió que se lo reconozca como refugiado político. Su reclamo fue respaldado por un centenar de personalidades encabezadas por el lingüista norteamericano Noam Chomsky.
“Después de muchos años en El Salvador, teníamos el deseo de conocer América del Sur. Era un viejo sueño, hacer un gran viaje en moto. Habíamos pensado buscar un lugar en donde quizás quedarnos y cuando llegamos a la Argentina, nos gustó”, contó a Página/12 Bettina Koepcke, médica alemana de 51 años y compañera del italiano. Koepcke fue arrestada junto a Bertulazzi e investigada –según su abogada, Elena Moreno– “por ser la mujer de”. Pese a que no había ningún pedido de arresto en su contra, estuvo presa, fue incomunicada, requisada y despojada de su pasaporte, su tarjeta de crédito, su plata, su moto y otras pertenencias. Además, cuando allanaron el departamento en el que vivía con Bertulazzi, “llamó la atención” de funcionarios policiales y judiciales un recibo en el que constaba que había tramitado una donación para el Movimiento Teresa Rodríguez. La mujer, que colabora con Médicos del Mundo, había gestionado un subsidio de una organización no gubernamental alemana para que los piqueteros de Florencio Varela pudieran trabajar en la descontaminación del agua de la zona. “Yo soy médica. Leonardo es diseñador gráfico, pero desde marzo de 1992 empezó a trabajar en El Salvador en una institución de salud comunitaria y trabajó mucho en la elaboración de material didáctico y encuestas para el diagnóstico de una comunidad o región. Lo que encontramos acá, incluyendo Florencio Varela, es un nivel muy superior al de Centroamérica. La idea era, si no podíamos encontrar trabajo, conocer qué pasa acá. A través de Médicos del Mundo nos contactamos con Florencio Varela, fuimos a algunas reuniones y como tuve que viajar a Alemania por temas familiares y tuve la oportunidad, conseguí la donación para el pozo de agua del Movimiento Teresa Rodríguez”, narró Koepcke.
La médica alemana estuvo un mes y medio sin pasaporte. “Evidentemente han buscado actividades, contactos actuales de ‘terrorismo’. Pero no tenían ninguna acusación en mi contra. Dijeron que iban a investigar si mi pasaporte era falso, mandaron mis huellas digitales, pero la embajada alemana dijo que no había nada en mi contra allá”, dijo la mujer.
El pedido de extradición contra Bertulazzi, condenado en ausencia en su país, podría no prosperar. De hecho hay precedentes en este sentido: en 1998, la Corte Suprema rechazó un reclamo de la Justicia italiana. En ese caso, el buscado era el neofascista Augusto Cauchi, detenido en el barrio de Once en abril de 1993. Cauchi estuvo vinculado con el ataque a la estación ferroviaria de Bolonia en 1980, atentado que dejó como saldo 85 muertos y más de 200 heridos graves.
El antecedente no tranquiliza a Bertulazzi ni a Koepcke, que perciben desde Italia, en sintonía con el dictamen norteamericano, una agudización de la persecución a todos los que puedan ser señalados como “terroristas”. Como muestra, el gobierno de Silvio Berlusconi logró en agosto pasado que Francia extradite a Paolo Persichetti, otro ex brigadista, que vivía en París desde 1991.
Con este hecho, Francia revirtió su proceder en estos casos, ya que solía rechazar los pedidos italianos siempre que los acusados hubieran renunciado a la lucha armada. La negativa a las extradiciones se fundaba en la existencia en Italia de “leyes especiales” –que siguen vigentes– que no garantizaban los derechos de quienes eran buscados por su pertenencia a las Brigadas Rojas.
Es debido a la existencia de estas normas, entre otras cosas, que Bertulazzi reclamó asilo ante la Comisión de Elegibilidad para los Refugiados (Cepare). En el pedido se aclaró que “jamás cometió delito contra la paz, delito de guerra o contra la humanidad, ni jamás cometió atrocidad alguna. Tampoco cometió ni se le imputa delito de sangre”.
“En Italia fue sometido a un juicio en ausencia y no pudo ejercer su derecho a la defensa. Además, los hechos que se le imputan, entre los que no hay siquiera lesiones, habrían prescripto. No hay pruebas en su contra, lo único que tienen es una declaración de un arrepentido, que según las leyes especiales alcanza para condenarlo”, aseguró Moreno.
El pedido de refugio fue respaldado por cerca de cien catedráticos e intelectuales de Estados Unidos, Alemania, Francia, Sudáfrica, Rusia y Brasil. También lo apoyaron representantes de la ONG Pro Vida –en la que participaba Bertulazzi en El Salvador– y la Comisión Argentina de Solidaridad con los presos políticos. “Los argentinos, durante la dictadura militar, hemos estado sometidos a miles de juicios aberrantes, y en los primeros años de gobierno constitucional no sólo quedaban en las cárceles presos políticos sino que también centenares de exiliados seguían teniendo causas judiciales abiertas con acusaciones del mismo tenor de la que hoy planteamos. Eso es lo que nos hace más fácil la comprensión de la situación de Leonardo Bertulazzi”, escribieron Trudy de Ibáñez y Nenina Boulliet, de la Comisión, en una carta al Cepare.