A partir de esta semana, cuando termine la feria judicial, la causa del espionaje tocará dos aspectos clave en la reconstrucción de la posible existencia –o su esbozo– de un aparato de inteligencia oculto en el gobierno porteño: uno atañe a la responsabilidad del funcionario macrista Andrés Ibarra en la designación del espía Ciro James en el Ministerio de Educación porteño, donde cobró un sueldo de asesor pero no trabajó (al menos de eso); el otro es el papel del ex jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, en la recolección de información sobre opositores a la gestión de Mauricio Macri, una actividad que realizaba junto con su antecesor, Jorge “Fino” Palacios. El juez Norberto Oyarbide citará a Ibarra a indagatoria en los próximos días. Chamorro, que ya fue interrogado como sospechoso, podría quedar procesado en base a los lineamientos del último fallo de la Cámara Federal, aunque en tribunales no descartan que como paso previo lo convoquen para ampliar su declaración.

La verdadera función de James y las actividades de espionaje que realizaban Palacios y Chamorro desde la consultora Strategic Security Consultancy –incluso en paralelo a su desempeño en la Policía Metropolitana– son dos vertientes de una misma historia, según se desprende del fallo de la Sala I de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento de Macri y ratificó la existencia de una asociación ilícita dedicada a espiar. Ese tribunal es el que le señaló a Oyarbide la hipótesis de una estructura clandestina de inteligencia en la Ciudad.

James, como quedó comprobado en la causa, lograba obtener escuchas con órdenes de dos jueces de Misiones que truchaban expedientes. Solía actuar en combinación con Palacios, cuya participación quedó en evidencia con la pinchadura al familiar de AMIA Sergio Burstein, crítico de su nombramiento en la nueva policía (que luego se verificó en otras pinchaduras durante las cuales se mantenían en contacto). Pero el Fino también tenía su agencia multifunción que, además de atender negocios propios (por ejemplo, fue contratado por laboratorios Abbott), se dedicaba a cuestiones de evidente interés para el macrismo como rastrear informes financieros de sus opositores políticos y gremiales. Chamorro, que fue su segundo en la Metropolitana y luego lo reemplazó en el cargo, compartía oficina con él y los pedidos de datos patrimoniales al sistema Nosis estaban en una carpeta a su nombre. La Cámara, además, señaló una llamativa coincidencia temporal, en 2007, entre las primeras escuchas que James retiró de la SIDE (las de Federico Infante, directivo de TyC Sports y yerno de Carlos Avila, también espiado) y el inicio de las consultas a Nosis desde Strategic Security.

Más indagatorias

Ibarra fue mencionado en reiteradas oportunidades por testigos e imputados dentro del expediente. Hasta Macri habló de él cuando quiso justificar que, como jefe de Gobierno, no puede estar en los detalles de los nombramientos de cada ministerio. Para eso, dijo, en la cartera educativa estaba Ibarra, quien primero fue secretario de Administración y luego secretario de Educación. Para las cuestiones pedagógicas, añadió, estaba el ex ministro Mariano Narodowski. En la actualidad Ibarra es secretario de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda porteño. Oyarbide podría enviarle mañana mismo la citación a indagatoria, según allegados a la causa.

La Sala I de la Cámara Federal señaló dos características elocuentes de Ibarra: fue gerente general de Boca Juniors mientras lo presidía Macri y de él dependía el Fino Palacios cuando fue designado jefe de seguridad del club en 2006. Al Ministerio de Educación entró por pedido del líder de PRO. Según los camaristas en ese entretejido de relaciones habría que rastrear la aparición de James en Educación, más que en el ex ministro Mariano Narodowski, a quien desprocesaron. Lo más factible, según sugirió el tribunal, es que la puerta se la haya abierto Ibarra, que justamente tenía una relación muy cercana tanto con Macri (había estado incluso en el directorio de Correo Argentino) como con Palacios.

El nombramiento se produjo en mayo de 2008, una semana después de que se iniciara la escucha a Daniel Leonardo, cuñado del jefe de Gobierno. Las cintas las retiraba James de la SIDE. Su contrato en Educación duró hasta que fue detenido a comienzos de octubre del año pasado. Como asesor legal no hay ningún trabajo suyo documentado y ningún funcionario pudo explicar qué hacía. El macrismo sólo dice que lo recomendó la Universidad de La Matanza, algo que esa institución negó en la causa. La Cámara puso de relieve que le pagaban un sueldo similar al que recibiría en la Policía Metropolitana, donde Palacios le había prometido un cargo importante. Es decir que le dieron “una retribución” y “cobertura” para que “coadyuve al proyecto de la Policía de la Ciudad en su vertiente paralela y encubierta de la producción de inteligencia prohibida”.

Pinchar teléfonos es una de las actividades que la Metropolitana tiene prohibidas por ley. Sin embargo, según detalló el tribunal de alzada, era una de las especialidades de las que James hacía gala en el currículum que entregó como aspirante a la nueva fuerza, que deja en claro que a lo que dedicó los últimos 16 años de sus 37 fue a hacer escuchas, reunir información, tomar fotos subrepticias, hacer inteligencia en el Ejército y actuar (como agente de inteligencia policial) como enlace con policías provinciales, con las direcciones de inteligencia Naval y Militar y servicios penitenciarios.

Chamorro, la otra pata

Hasta ahora, la figura de Chamorro estuvo en un segundo plano en la causa, pero todo hace pensar que será fundamental para demostrar que el espionaje no pasaba únicamente por James y Palacios, por lo que la Cámara habló de “aparato”. Chamorro fue indagado el 23 de junio en función de tres elementos: hay al menos dos videos internos del Ministerio de Seguridad que lo muestran conversando con James en los pasillos de la Metropolitana en septiembre del año pasado. Luego se reúnen en el “despacho de jefatura” (esas visitas de James no quedaban en los registros de ingresos); tiene una decena de llamadas con James en su propio celular y medio centenar a través de su secretario; en la consultora de Palacios, para la que él trabajaba, los informes patrimoniales pedidos a Nosis aparecen en una carpeta rotulada “Osvaldo”, su nombre de pila.

Cuando lo indagaron, Chamorro dijo que no pisaba las oficinas de Strategic Security desde que había asumido en la Metropolitana, primero como segundo de Palacios, luego como su sucesor tras la renuncia del Fino el 25 de agosto cuando estaban por procesarlo (algo que ocurrió) por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Sin embargo, una gran cantidad de los informes a Nosis fueron requeridos desde julio del año pasado, cuando entraron en funciones en la policía porteña. En este punto, dijo que no tenía ni idea de cómo usar ese sistema, y le echó la culpa a su viejo aliado Palacios.

Entre los espiados figuran los legisladores de la oposición como Gonzalo Ruanova, Diana Maffía y Silvia La Ruffa (quien ya terminó su mandato). Y en ciertos casos hay coincidencias muy sugestivas: el espionaje financiero al abogado radical Pablo Sebastián Litardo, de agosto de 2009, comenzó diez días después de que se presentó en la Justicia para reclamar que no se cerrara una investigación que involucraba a Calcaterra Construcciones, de los Macri, en posibles sobreprecios en obras en el Hospital Santojanni que podían complicar al gobierno porteño. El informe “Nosis” del dirigente municipal Patricio Datarmini fue gestionado el 7 de julio del año pasado, el mismo día que se celebraban las elecciones en el gremio.

El fallo de la Cámara le da gran relevancia a esta recopilación de datos que se hacía desde las oficinas privadas de Palacios y Chamorro y advierte que la ley de seguridad pública que rige en la Ciudad le “prohíbe expresamente” al personal de la policía local hacer acopio de información privada sobre personas por sus actividades, raza, religión preferencias sexuales o lo que fuere. También dice que esa prohibición se condice con las disposiciones de la ley de inteligencia a nivel nacional. Ahora, en función de estos señalamientos, se deduce que Oyarbide podría procesar a Chamorro también, aunque como lo indagó como sospechoso de encubrimiento del espionaje antes de adoptar cualquier definición, podría ampliarle la indagatoria. Es uno de los temas que el juzgado tiene que analizar ahora.

Durante las últimas semanas Macri se defendió con uñas y dientes no sólo pidiendo su propio juicio político para evitar una comisión investigadora en la Legislatura, sino a través de la difusión de videos y coloridos power point que intentan traducir el contenido de la causa para todo público, haciendo eje en lo que a él le interesa: acusar al juez de kirchnerista y mostrar que el espionaje –que no puede negar– era un negocio privado de James. A Palacios lo sigue defendiendo. De Chamorro, ni una palabra.