A casi tres meses de que la Cámara de Diputados declaró por unanimidad que los juicios por crímenes de lesa humanidad constituyen una política de Estado y de la infructuosa gestión de la jerarquía episcopal para obtener una amnistía en beneficio de Videla, Von Wernich & Cía., un puñado de esposas y allegadas a militares procesados y condenados por secuestros, torturas y asesinatos durante la dictadura, convocadas por la apologista del genocidio Cecilia Pando, se encadenó ayer frente al Ministerio de Defensa con la excusa de solicitar “una reunión conjunta e inmediata” con la ministra Nilda Garré y los jefes de las tres Fuerzas Armadas.

Las mujeres ingresaron al Edificio Libertador minutos después de las ocho de la mañana. En el hall de la sede del Ejército se pusieron pecheras de la denominada Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina, sello que hace referencia a los represores detenidos por la Justicia. Tras el pedido de entrevista con Garré, que participaba en San Juan de la Cumbre del Mercosur, funcionarios de Defensa les explicaron cuáles son los canales formales para solicitar audiencias y las invitaron sin suerte a retirarse: un par de señoras se ataron con cadena y candado a una reja y lograron que varios movileros se acercaran a filmarlas.

Pando & Cía. recibieron al mediodía la visita de Alberto Solanet, ex presidente de la Corporación de Abogados Católicos y actual titular de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que también en mayo pasado reclamó “una amnistía general” en una carta a la Corte Suprema de Justicia. A primera hora de la tarde y ante la promesa pública de Pando de continuar encadenadas “las noches que sean necesarias hasta que vuelva la ministra”, Defensa notificó de la original tertulia en un espacio público al juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Poco antes de las ocho de la noche, cuando un subcomisario de la Policía Federal les leyó la intimación judicial, las señoras se trasladaron a la vereda.

Pese a la negativa a identificarse ante los movileros, para evitar –según Pando– “futuras represalias” (sic), Página/12 logró saber que entre las catorce mujeres se encontraba con el rostro cubierto la hermana del ex marino Alfredo Astiz (que afronta su primer juicio por crímenes en la ESMA), atada a la reja la esposa del ex mayor Ernesto “Nabo” Barreiro (torturador del centro clandestino La Perla y promotor de la sublevación carapintada de la Semana Santa de 1987 que derivó en la ley de obediencia debida, preso en Campo de Mayo desde que Estados Unidos lo extraditó), acompañadas también por la esposa del coronel Horacio Losito (condenado a 25 años de cárcel por secuestros y torturas en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes y juzgado en estos días en Chaco por la Masacre de Margarita Belén) y la del capitán Aldo Martínez Segón (también imputado por la Masacre de Margarita Belén).

Según un comunicado difundido por la agrupación que encabeza Pando, la decisión de permanecer en el Edificio Libertador obedeció a que están “cansadas de solicitar audiencias particulares en reiteradas oportunidades y ante el silencio cómplice de quienes tienen el deber de velar por las instituciones castrenses”. Fuentes de Defensa informaron que no hubo ningún pedido formal de audiencia y recordaron que años atrás la ministra Garré recibió y escuchó en su despacho a la esposa del ex mayor Mercado.

El segundo motivo alude al reclamo de los militares retirados imputados por crímenes de lesa humanidad hacia sus camaradas en actividad. En palabras de Pando, que con 43 años parece ignorar la división de poderes, “las instituciones (léase las Fuerzas Armadas) no pueden seguir mirando al costado, como si nunca hubieran conocido a nuestros familiares y amigos”. Indiferente a que sobre decenas de miles de militares que actuaron en la represión ilegal los imputados no llegan al millar, y a que varios fueron absueltos, la vocera de los represores sugirió que “están siendo juzgados por pertenecer al Ejército, a la Marina de Guerra o a la Fuerza Aérea” y aclaró con convicción que “estarían gozando de libertad si hubieran formado parte de entidades como los scouts o los bomberos voluntarios” (sic). “Los mandos tienen el deber y la obligación de respaldar a los subordinados que cumplieron órdenes” durante la dictadura, sostuvo. “Queremos escuchar a los jefes de Estado Mayor, delante de la ministra de Defensa, que nos expliquen personalmente por qué permanecen en silencio, como si nada tuvieran que ver con lo sucedido”, concluyó.