Forzados por una inminente derrota, los caciques del Grupo A del Senado y Diputados decidieron ayer modificar su estrategia y pasar a la Cámara baja la discusión por el 82 por ciento móvil para los jubilados. En la cumbre opositora de ayer, los dirigentes prefirieron frenar su embestida en el Senado –que incluía el arriesgado plan de tratar hoy mismo el tema en el recinto– y pasarla a Diputados, donde tienen más chances de aprobarla. Hoy a la mañana se firmará dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el tema quedaría habilitado para su tratamiento en el recinto de la Cámara baja antes de fin de mes. Por otro lado, una vez tomada la decisión de frenar el tema jubilatorio, los senadores decidieron en la reunión de Labor Parlamentaria postergar la sesión y de hoy para el miércoles próximo (ver página 7).

“Se tomó la decisión de arrancar primero en la Cámara baja, donde sí tenemos número”, aseguró ayer la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, al salir de la reunión con las diputadas de PRO Paula Bertol y Gabriela Michetti, los socialistas Mónica Fein y Lisandro Varela, los radicales Ricardo Gil Lavedra y Silvana Giudici, los peronistas Enrique Thomas y Celia Arena, el GEN Horacio Alcuza, además de los senadores Gerardo Morales de la UCR, el puntano Adolfo Rodríguez Saá y el cordobés Luis Juez, entre otros. En ese encuentro buscaron reorganizar la agenda parlamentaria luego del receso de invierno y decidieron que todos los temas conflictivos arranquen en Diputados.

El eje del encuentro fue la compleja situación en el Senado, donde desde la elección del año pasado la oposición no ha podido hacer mella en el kirchnerismo. En el marco de la estrategia para vencer la barrera de la Cámara alta, los legisladores acordaron “transparentar la situación de algunos senadores” que no comparten la lógica binaria de alinearse siempre con la oposición o con el oficialismo. Esos nombres son María José Bongiorno (Frente Grande-Río Negro), Carlos Menem (PJ-La Rioja) y Roxana Latorre (PJ-Santa Fe), que el lunes rompieron las ilusiones opositoras de aprobar el 82 por ciento móvil.

En el Senado, ante la noticia de que Latorre no acompañaría el dictamen de mayoría firmado por la oposición en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión social, el núcleo duro opositor se dio cuenta de que no juntaba las voluntades necesarias para obtener quórum, ni tampoco para aprobarlo, por lo que finalmente pateó la pelota a Diputados. Allí tanto el proyecto en sí como el trámite legislativo tienen algunas diferencias respecto de la avanzada en la Cámara alta.

En primer lugar, hay dos iniciativas con dictamen de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. La de mayoría es acompañada por la UCR, el PRO, la CC y el PJ disidente y la de minoría por Proyecto Sur, el socialismo y el GEN. Hoy deberán tratarse ambas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aunque fuentes de los dos sectores adelantaban que sería poco probable un acuerdo. La diferencia central es que en el primer caso no se contempla ningún tipo de financiamiento del aumento, mientras que en el segundo se estipula la restitución de los aportes patronales en aquellas empresas que superen los 40 empleados o los 10 millones de pesos de facturación.

“Nosotros tenemos la visión de que tienen que estar las fuentes de financiamiento y que luego del aumento dado por la Presidenta es más necesario aún”, aseguró el diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur. En diálogo con Página/12, Lozano consideró que hay “pocas posibilidades” de que haya un acuerdo hoy y que de la única forma en la que su bloque puede acompañar algo diferente a su proyecto es por un pedido de las organizaciones de trabajadores y jubilados. Según el diputado, ellos no van a participar de la alianza entre el Gobierno y del Grupo A para no subir las contribuciones patronales.

Estas diferencias, sin embargo, podrían ser saldadas en el propio recinto a la hora de la votación, con el acompañamiento en general del autodenominado “Grupo C” y la votación negativa en particular de algunos artículos. Pero los dos dictámenes que se estudian en Diputados difieren de la iniciativa impulsada en el Senado en que el primero no establece solamente el aumento de la jubilación mínima al 82 por ciento del salario mínimo, sino que contempla la recomposición de los haberes en el resto de las categorías, tal como dispuso la Corte en los casos Badaro y Sánchez.

En caso de aprobarse, la media sanción ingresaría recién en septiembre al Senado, donde difícilmente obtenga una rápida sanción. Sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto de la Cámara alta es más ambicioso y que aun así la oposición no alcanza el número para aprobarlo.