El presidente de la bancada oficialista en el Senado, Miguel Pichetto, anunció que recurrirá a la Justicia para pedir que se investiguen las declaraciones del senador radical Emilio Rached, sobre la supuesta compra de votos durante el tratamiento de las retenciones móviles. La decisión del kirchnerismo involucra también la maniobra lanzada por dirigentes de la oposición la semana pasada, cuando desde el escenario de la Sociedad Rural aludieron al pago de sobornos en el Senado. Primero fueron las palabras de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, del peronista disidente Felipe Solá y los senadores Gerardo Morales y Josefina Meabe, y luego se les sumaría Rached. En el Frente para la Victoria reclaman que los legisladores “se hagan cargo” de sus acusaciones y, de ser necesario, den las explicaciones correspondientes en los tribunales.

Antes de realizar la presentación en la Justicia Penal, Pichetto respondió a las denuncias opositoras: “En la última semana comenzó una campaña para estigmatizar a aquellos que votan con el Gobierno, diciendo que los compraron y que son corruptos, y que los que votan en contra son patriotas y les importa el país”, dijo ayer. El titular de la bancada del FpV se sumó así a las declaraciones del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el ministro de Economía, Amado Boudou, y el presidente provisional del Senado, José Pampuro.

“El Gobierno compra senadores. Esa es la única verdad”, había dicho Carrió durante un acto de la SRA, relajada ante una tribuna de espectadores afines. La siguió su socio en la Cámara de Diputados, Felipe Solá: “Cuando el Gobierno tiene dificultades, sale de shopping por el Senado”. Dos de los senadores presentes en aquel acto también hicieron alusión al tema. “Es cierto. Nosotros en la oposición no sabemos ni cuántos somos porque los números cambian misteriosamente”, subrayó Morales, presidente del bloque radical. “Voy a decirles la verdad –dijo Meabe, liberal correntina–. El Gobierno usa en el Senado un mecanismo que nosotros en la oposición no podemos solventar.”

Los dirigentes opositores no dieron entonces ningún detalle concreto respecto de esas declaraciones. El único que fue un poco más allá fue el santiagueño Rached. En declaraciones radiales afirmó que hace dos años, durante la famosa sesión en que se trató la Resolución 125, recibió un mensaje de texto anónimo que decía “pedí lo que quieras” y que le habían ofrecido dos millones de pesos para que cambiara su voto a favor del oficialismo.

Hubo réplicas de senadores del arco opositor, que dijeron no conocer de ninguna situación de esas características. Fue el caso de Samuel Cabanchik, de Probafe, y de la senadora santafesina Roxana Latorre, sindicada por los caciques del Grupo A como una de las eventuales beneficiadas por el gobierno nacional para rechazar el proyecto del 82 por ciento móvil para los jubilados. “Hay una clara intencionalidad por desprestigiar a las personas. Voy a actuar judicialmente si se siguen diciendo estas cosas de mí. Los que dicen eso son subsidiarios de un grupo de personas que quieren que Cristina Fernández se vaya mañana”, arremetió Latorre, ex integrante del oficialismo.

El titular de la UCR, el senador Ernesto Sanz, marcó distancia de las denuncias y dijo que no le constan “en absoluto” y que “no reflejan la realidad”. De todas maneras, Sanz sostuvo que el Gobierno “utiliza los recursos públicos” para “presionar y disciplinar a los gobernadores, legisladores e intendentes”. Incluso el titular del Senado, Julio Cobos, se refirió al tema y dijo que quien está en la función pública “debe estar preparado para asumir todo tipo de presión y para no dejarse llevar por algún interés que esté por debajo del interés general”. “Eso depende de la conducta, la moral y la convicción que pueda tener cada uno al momento de tomar una decisión”, remató Cobos.

En el caso puntual de Rached, Pichetto le pidió al senador que hiciera público el número de teléfono del que vino el mensaje, ya que “los sectores económicos y de la empresa estuvieron con mucha actividad en el ámbito parlamentario”.

El germen del escándalo desatado por la oposición se produjo en la sesión del 5 de mayo, cuando, tras cuatro meses de amenazas, la oposición veía fracasar su intento por impedir el uso de reservas para el pago de deuda. “Esta ley más que la ley Verna tiene sensación de ser el proyecto de los 600 millones”, había lanzado Gerardo Morales al cerrar su discurso, acusando al peronista pampeano Carlos Verna de canjear su voto por el compromiso del gobierno nacional de realizar obras públicas para la provincia por ese monto. Esa declaración forzó el primer quiebre entre los sectores no oficialistas, que ahora podría profundizarse a partir de la actuación judicial.