El juez federal Norberto Oyarbide, que el jueves allanó oficinas del gobierno porteño, se declaró incompetente ayer en la causa que comenzó a investigar, conexa con el caso del derrumbe de Villa Urquiza, en la que se acusa al jefe de gobierno, Mauricio Macri, por “falsedad ideológica de instrumento público”. El propio titular del Ejecutivo porteño contraatacó anunciando que denunciará penalmente al juez por prevaricato (aplicación incorrecta de la ley en forma intencional) y abuso de poder. La denuncia que había presentado el miércoles el legislador Marcelo Parrilli (MST) acusaba a Macri de designar como director del área de control de la seguridad laboral a un hombre sin experiencia en la materia, como exige una ley nacional. La defensa que esgrimió el gobierno porteño es que “en los últimos diez años, ninguno de los directores de Protección del Trabajo tenía una especialización en seguridad laboral”.

Quien dio esa explicación, en una conferencia de prensa junto al jefe de gobierno, fue el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, también denunciado en la causa, ya que de él depende el funcionario cuestionado. Se trata del contador Angel Rodríguez, quien está al frente del organismo que recibió la denuncia de la Uocra por irregularidades en la obra de la calle Mendoza al 5000, que provocó el trágico derrumbe del lunes. El gremio había dicho el 17 de junio que la demolición se había hecho sin apuntalar la medianera vecina, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores. Los inspectores concurrieron al día siguiente y como vieron que la demolición había terminado, se retiraron. Según voceros de la Uocra, la obra debió ser clausurada hasta que se apuntale la medianera.

La Dirección de Protección del Trabajo ya acumulaba una serie de denuncias antes de la tragedia. El propio diputado Parrilli dijo ayer a Página/12 que había presentado un pedido de informes que la Legislatura aprobó semanas atrás, en la que se advierten “la desaparición de expedientes en los que los inspectores aconsejaban clausuras que nunca se llevaban a cabo”, explicó el legislador a este diario.

Macri convocó a una conferencia de prensa para anunciar que denunciará a Oyarbide por abuso de poder y prevaricato, y que ampliará las causales del pedido de juicio político. “Sabía que no era competente en esa denuncia y allanó el lugar de todas maneras para humillarme. Es una falta de respeto al gobierno”, se quejó Macri. Lo acompañaban los diputados nacionales Gabriela Michetti y Federico Pinedo, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, los ministros de Justicia y Desarrollo Económico, Guillermo Montenegro y Francisco Cabrera, respectivamente, y el secretario general Marcos Peña.

Macri consideró como agravante que el allanamiento se haya realizado con “personal armado”, en alusión a los efectivos de la Policía Federal que participaron del procedimiento. Y volvió a atribuir al kirchnerismo la actuación del juez.

Ante una pregunta de este diario, Cabrera dijo que “es falso” que la ley exija una especialización en Higiene y Seguridad del Trabajo para desempeñar el cargo de control de esas áreas, y por toda prueba mencionó que “hemos hecho un relevamiento y en los últimos diez años ninguno de los funcionarios que estuvieron al frente de esa dependencia tenía esa especialización”. Sin embargo, en la denuncia presentada por Parrilli se cita el artículo 24 del decreto 491/97, reglamentario de la ley 19.587 donde figura expresamente ese requisito.

“Esto demuestra que las condiciones de seguridad en la ciudad no han variado después de Cromañón”, replicó el diputado Parrilli. El legislador consideró anoche que, con la denuncia contra Oyarbide, “Macri está buscando tapar las tremendas irregularidades en la Dirección de Protección del Trabajo” que denunció en su pedido de informes.

Macri y Cabrera están denunciados por “falsedad ideológica de instrumento público” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por haber firmado el decreto de designación donde se dice que el contador Angel Rodríguez “posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto”, algo que, admitió ayer el propio gobierno, no es cierto.

Oyarbide no desestimó la denuncia del legislador sino que entendió que la investigación correspondía a la Justicia ordinaria y derivó la causa a la Cámara del Crimen. En su resolución, el juez sostuvo que “sin perjuicio de la determinación de la competencia” y frente a “la trascendencia pública y la gravedad de los hechos”, consideró “procedente” allanar las oficinas del Ministerio de Desarrollo Económico, sito en Avenida de Mayo 575. Fuentes de su juzgado explicaron que el juez ordenó el allanamiento con premura, “para evitar la desaparición de expedientes” (ver aparte). Concretamente, el juez secuestró el legajo donde consta la designación del director de Protección del Trabajo.

Cabrera aclaró que los dos inspectores que concurrieron a la obra de la calle Mendoza “sí tienen la especialización requerida”. Por su parte, ante una pregunta de este diario, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que Liliana Iamurri, la esposa del renunciado jefe de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Raúl Ríos, “no es coordinadora de inspectores de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras –como habían informado a este diario voceros de la AGC– sino que integraba el gabinete de asesores” de esa agencia. El principal antecedente de la mujer consiste en integrar la Comisión de Voley de Boca Juniors.