En el juzgado de Norberto Oyarbide dicen que la decisión de allanar dependencias del gobierno porteño respondió primero a un pedido del fiscal, Patricio Evers, para resguardar la documentación necesaria ante el eventual avance de una investigación.

La causa no fue elegida por el juez cuestionado, como sugiere Macri, sino que fue sorteada y recayó en un juzgado federal vacante –tras la renuncia de quien es ministro de Justicia de Macri, Guillermo Montenegro– y que subroga Oyarbide.

El magistrado estaba de acuerdo con la urgencia de esa medida y la evaluó como un paso previo necesario a definir su competencia en la causa.

Así, a partir de la denuncia del legislador Marcelo Parrilli (MST), mandó a secuestrar el expediente de nombramiento de Angel Enrique Rodríguez, director general de Protección del Trabajo, o sea, jefe de los inspectores que fiscalizan la seguridad e higiene en las empresas.

Parrilli planteó el posible delito de falsedad ideológica porque el decreto de nombramiento del contador Rodríguez dice que “posee la idoneidad” para ejercer el cargo y, sin embargo, no tiene título ni ninguna especialización en “higiene y seguridad del trabajo”.

Finalmente, Oyarbide se declaró incompetente, explican cerca suyo, porque “no vio que estuviera en juego o que se haya vulnerado ninguna norma federal; se aplicaron sólo normas locales, de la Ciudad”.

La causa fue enviada a la Cámara del Crimen y pasará a un juzgado de instrucción ordinario.