En un colmado auditorio del Pasaje Dardo Rocha de La Plata y con la participación del juez español Baltasar Garzón, los integrantes del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Alejandro Mosquera y Roberto Cipriano presentaron el informe anual sobre la situación de las personas alojadas en cárceles, comisarías e institutos de menores en la provincia de Buenos Aires durante 2009.

“Al 26 de marzo de 2010 se alojaban en las 54 cárceles bonaerenses 26.092 personas. Y en aproximadamente 310 comisarías había 4040 detenidos, lo que hace un total de 30.132 detenidos. Esta gestión incrementó la cantidad de detenidos en 3145 personas. El 77 por ciento de los adultos está en prisión preventiva. En mujeres, ese porcentaje trepa al 85 por ciento y en jóvenes en institutos de menores, al 70 por ciento.” Estas son algunas de las cifras que arrojó Cipriano durante su exposición.

Autoridades políticas locales, jueces y fiscales, integrantes de organismos de derechos humanos, políticos y sociales escucharon durante casi tres horas los puntos más importantes del informe. Respecto de la situación en las cárceles, Cipriano indicó que “en 2009 murieron 116 personas en el sistema penitenciario provincial. En 2008 la cifra había sido 112”. Agregó que “en 2009 se presentaron 1024 hábeas corpus por el agravamiento de las condiciones de detención de las personas”.

Otro de los puntos sobresalientes del informe son las políticas implementadas en torno de la niñez. Cipriano cuestionó las dos iniciativas impulsadas el año pasado por el gobierno de Daniel Scioli e indicó que “la nueva Ley de Promoción y Protección de Derechos y la creación del fuero de responsabilidad penal juvenil en el ámbito provincial tienen serios déficit de implementación en la práctica”.

Por su parte, Mosquera aseveró que “la Comisión está en contra de la baja en la edad de imputabilidad, porque no soluciona el problema de la inseguridad”. Señaló que “hay una construcción policial, social y en los medios de comunicación que es la estructuración de un sujeto arquetipo sospechoso, directamente, delictivo (que se corresponde con el), niño o joven de barrio del conurbano”. Para ejemplificar el abuso policial sobre jóvenes del conurbano, Mosquera citó el caso de Luciano Arruga, el adolescente de Lomas del Mirador desaparecido desde el 30 de enero de 2009 luego de negarse a trabajar para la policía.

El 3 de agosto pasado, integrantes de la Comisión por la Memoria se reunieron con el gobernador y funcionarios de su gobierno para transmitirles su preocupación ante las conclusiones del trabajo difundido ayer. Mosquera señaló que en ese encuentro le pidieron a Scioli “recuperar la gestión civil del conjunto de la política de seguridad comunitaria de la provincia. Le propusimos un observatorio de violencia y delito que el acuerdo de seguridad democrática está trabajando en el Congreso de la Nación” y agregó que “necesitamos información certera para tener políticas públicas reales, no sólo basarnos en estadísticas”.

Tras oír las exposiciones de los integrantes de la Comisión, el panelista invitado Mark Thompson, secretario general de la Asociación para la Prevención de la Tortura –organismo con sede en Ginebra–, se mostró optimista al afirmar que “Argentina es el primer país donde hemos visto la reacción de toda la sociedad civil trabajando en derechos humanos, es un ejemplo muy importante para el resto del mundo”.

El último en disertar fue Garzón, quien había recorrido por la mañana la Casa Mariani, que funcionó como centro clandestino de detención durante la dictadura, y más tarde fue condecorado por el intendente Pablo Bruera como Huésped de Honor de La Plata.

En su discurso, Garzón dijo sentirse “impresionado” y no comprender “cómo puede haber, a estas alturas, comisarías que sean centros de detención cuando deberían ser lugares donde las personas no estén más de dos o tres días en función de la legislación que prevea la detención preventiva antes de ser expuesto a la disposición judicial”. Asimismo, con tono autocrítico, consideró que “lo que tenemos que hacer es exigirle al sistema, a aquellos que tienen que promover y conceder los medios necesarios y aquellos que tenemos la responsabilidad, que el enjuiciamiento se produzca con garantías, en tiempo razonable y con el debido proceso sentenciar, si hay que sentenciar, y absolver, si hay que absolver. Y ahí sí se producirá lo que la Constitución y los principios básicos del derecho establecen”. En el mismo sentido que Thompson, afirmó que “ejemplos como este informe demuestran que también la sociedad civil está viva y exige respuestas y que esa lucha sea verdadera, pero desde los límites estrictamente marcados por la ley, los límites del estado de derecho”.