Por azar, el martes 24 coincidirán varios hechos relevantes para las definiciones políticas del país. Ese día vencerán las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo y las subdelegadas en dependencias de menor jerarquía, entre ellas la de fijar la alícuota de las retenciones a las ventas externas de cereales y oleaginosas. El mismo día la comisión investigadora creada por la Legislatura Porteña para estudiar el desempeño de la Policía Metropolitana y su aparato clandestino de Inteligencia se propone escuchar las primeras explicaciones del jefe de gobierno Maurizio Macrì. Por último, la presidente CFK presentará a la opinión pública la investigación acerca de la empresa Papel Prensa, en la cual el Estado Nacional comparte el paquete accionario con el Grupo Clarín y el diario La Nación.

Traidores a la Patria

Durante el examen que la Mesa de Enlace de las patronales agropecuarias tomó a la dirigencia política en la Sociedad Rural, el jurista del Grupo Ahhh... Daniel Sabsay sostuvo que al vencer el plazo de delegación caducan todas las resoluciones adoptadas por el Poder Ejecutivo en su ejercicio. Sabsay sostiene que la alícuota de las retenciones pasará a ser igual a cero mientras el Congreso no les asigne otro valor. Esto contradice el artículo 76 de la Constitución, según el cual la caducidad del plazo previsto de la delegación “no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”. En el mismo escenario en que se fustigó la crispación y la actitud confrontativa del gobierno, Sabsay sostuvo que si los diputados y senadores no actuaran como él indica serían “traidores a la patria”. Para el gobierno, en cambio, aunque el Congreso no renueve la delegación, las normas adoptadas por el Poder Ejecutivo no pierden vigencia. La soja seguiría pagando el 35 por ciento mientras una nueva ley no dispusiera otra cosa pero el gobierno no podría aumentar las retenciones al trigo, que hoy son del 23 por ciento, pese al aumento vertiginoso de su precio, que repercutirá en el precio del pan y las pastas. Esta interpretación es avalada por el trabajo que realizó el equipo técnico jurídico de la Comisión Bicameral del Congreso sobre Facultades Delegadas. La Constitución reformada en 1994 concedió cinco años al Congreso para que decidiera qué normas preexistentes ratificaría y cuáles caducarían. Entre 1999 y 2009, cinco leyes ratificaron las normas delegadas, identificaron aquellas cuyo objeto ya se había cumplido y las que fueron modificadas por otras posteriores y propusieron una solución definitiva que el Congreso debería adoptar este mes. La mayoría del Equipo Técnico-Jurídico creado por la última de las leyes ratificatorias, integrado entre otros por los ex procuradores Enrique Paixao (de la UCR) y Alberto García Lema (del peornismo opositor), concluyó que seguirán en vigencia “las normas emitidas en ejercicio de competencias delegadas una vez derogadas las delegantes”. Además de esta interpretación jurídica, ha habido ya manifestaciones políticas que se apartan de la visión catastrófica que se difunde en medios gráficos y audiovisuales. Tanto el líder socialista Hermes Binner como el radical Ricardo Alfonsín han reconocido que corresponde al Poder Ejecutivo la fijación de las alícuotas, ya que se trata de medidas de administración que no pueden ni deben ser asumidas por un órgano deliberativo como el Congreso. Estas posiciones racionales precipitaron el alejamiento de la Coalición Cívica Libertadora, que reivindica para sus miembros la exclusividad de la decencia y la lucidez. El mensaje de sus líderes, Elisa Carrió y Patricia Bullrich, quienes se sienten vírgenes renovadoras rodeadas de carcamanes de vicios incurables, se adapta bien al estilo banal y escandaloso de cualquier televisión (ya sea opositora u oficialista) pero es poco atractivo para el mercado electoral, como lo muestran sus resultados, declinantes comicio tras comicio. Las libertadoras dejaron de ser una opción nacional y hoy constituyen un partido porteño de tercer orden. Sin embargo, la aritmética constitucional no permite desdeñarlas. El 1 a 3 por ciento de Carrió en una elección nacional puede ser la diferencia que impida a la oposición llegar a una segunda vuelta con el kirchnerismo. Por eso tanto Binner cuanto Alfonsín, e incluso el vicepresidente Julio Cobos, no respondieron al guante que Carrió les arrojó al rostro. Por el contrario, todos ellos lo describieron como una caricia pícara, opinaron que el alejamiento será transitorio y expresaron el deseo de reencontrarse antes de las elecciones. Carrió, por su parte, fantasea con reemplazar a los vetustos y mañosos radicales por los jóvenes impolutos Felipe Solá y Carlos Reutemann, que al tanto de este plan practican frente al espejo la palabra cabalística “Oooosooo”.

Voy si quiero

La unidad del Grupo Ahhh..., reclamada en los tonos más imperativos desde las columnas de La Nación, también naufraga en la Legislatura Porteña, donde todos los bloques de la oposición coinciden pero no en contra del gobierno nacional sino de Macrì. Esto incluyó a la UCR, la CCL y los dos legisladores que responden a Francisco De Narváez, quien días antes había compartido con Macrì la mesa tendida por Héctor Magnetto. El jefe de gobierno tiene alguna dificultad para encarar su situación en términos políticos o jurídicos. En cambio, plantea cada nuevo episodio como una ofensa personal, lo cual no contribuye a la racionalidad de sus respuestas. Poco acostumbrado al trato igualitario, no advierte que un análisis psicológico o un allanamiento son parte común de un proceso penal y las considera decisiones dirigidas a humillarlo. Es muy difícil que sus denuncias contra el juez federal Norberto Oyarbide prosperen en el Consejo de la Magistratura. La originalidad de promover su propio juicio político tampoco fue aceptada, porque la mala elección que el macrismo hizo el año pasado menguó el volumen de su bancada, pero también debido a su desdén por los mecanismos institucionales: la solicitud no incluyó ninguna de las causales que la Constitución porteña contempla, ya sea mal desempeño o comisión de delitos, comunes o en el ejercicio de su cargo. La Comisión Investigadora citó para el martes 24 a Macrì, lo cual hace previsible una judicialización del caso si cumple con la amenaza de esquivar la cita. Las escuchas telefónicas al cuñado del jefe de gobierno y a enemigos políticos de su primer jefe de policía, realizadas por un espía asociado con el jefe de gabinete porteño a través de sus respectivas esposas, forman una trama que ningún estratego de campaña puede disimular.

Papeles

El informe sobre Papel Prensa es conocido en parte por filtraciones en distintos medios. Esto no atenuará el impacto de su difusión oficial por la presidente. En la reunión con las principales figuras periodísticas del Grupo, que esta semana reveló el periódico electrónico Diarios sobre Diarios, Magnetto habría dicho que él y José Antonio Aranda, “nos pusimos al frente del conflicto” de las patronales agropecuarias contra el gobierno, lo que explicaría la escalada entre Clarín y Néstor Kirchner. Ese conflicto comenzó al mismo tiempo de la publicación del libro El hombre de Clarín, Vida privada y pública de Héctor Magnetto, donde el presidente del directorio y CEO del Grupo explica que la compra de las acciones de Papel Prensa es previa a la detención de toda la familia de David Graiver por el general Ramón Camps. Las actuaciones judiciales avanzadas en La Plata y algunos testimonios recogidos por la investigación que está terminando el gobierno, por lo menos relativizan esa afirmación: también las amenazas y la extorsión a los antiguos accionistas comenzaron antes de que las tropas de Camps los privaran de su libertad. El libro también recapitula los enfrentamientos con gobiernos anteriores, de los que Clarín salió airoso, a modo de advertencia para el actual. Es ostensible que esa obra, bien escrita por un periodista idóneo y respetado, como José Ignacio López, pero cuyo eje es la versión de los hechos del propio biografiado, forma parte de un dispositivo de batalla cuya inevitabilidad Magnetto había advertido ya en 2007. El capítulo judicial está abierto, con la causa que labra en La Plata Arnaldo Corazza, a la que se acumuló el mes pasado la investigación que instruyó en la Capital Daniel Rafecas. Corazza es uno de los jueces más pusilánimes del fuero federal, pero resta por saber si le teme más al gobierno o al Grupo Clarín. Por encima de Corazza hay una cámara de apelaciones. Uno de sus miembros, Leopoldo Schiffrin, es una garantía para todos los interesados: allí donde él actúa es tan impensable que un involucrado en delitos de lesa humanidad eluda el castigo, como que se persiga por razones políticas a un inocente. El Poder Ejecutivo no ha dejado trascender las medidas administrativas que contempla respecto de Papel Prensa, aunque en mayo de este año La Nación sostuvo que el gobierno planteaba la nulidad de la venta del paquete accionario. Los accionistas privados actúan como si ése fuera un dato cierto. Por eso esta semana trataron de obtener el control de la Comisión de Fiscalización de la empresa.

Seguridad jurídica

Durante su visita del año pasado, el responsable de América Latina en la cancillería de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, dijo que se había reunido con hombres de negocios que se quejaron por la presunta falta de “seguridad jurídica” en el país. La misma expresión acaban de usar la Unión Industrial y la Asociación Empresaria. Aldo Ferrer les respondió que “hoy tenemos mucha más seguridad jurídica que en la década del 90”, garantizada por los poderes independientes y el orden macroeconómico. Ejemplificó con los conflictos por la 125, las AFJP o el casamiento civil, en los que se procedió conforme a las reglas de la Constitución. Si en la década del 90 había una Corte Suprema ampliada para hacer los deseos del gobierno, hoy existen poderes independientes que ponen límites a la voluntad del Poder Ejecutivo, dijo. Para Ferrer también garantiza la seguridad jurídica “una economía ordenada, parada en sus propios recursos, que asegure estabilidad en el presupuesto; que asegure el tipo de cambio, circunstancia que tampoco se daba en la época del 1 a 1, con un sistema que estaba fundado en la deuda”. Concluyó que tanto en la década del 90 como en tiempos de la dictadura “muchos empresarios industriales apoyaron la política que nos estaba destruyendo” y ahora cuestionan la seguridad jurídica en el marco de un “juego político” contrario al gobierno nacional.

En aquellos años fue afectada la seguridad jurídica de los trabajadores, con beneplácito de los hombres de negocios que extrajeron de esa situación enormes beneficios. El trabajo en negro es el gran generador de inseguridad en torno a la continuidad del empleo, a los derechos laborales, al nivel salarial, a la cobertura médica para el grupo familiar y al régimen previsional. Pero además se adoptaron una multiplicidad de mecanismos para eludir la aplicación de la normativa laboral: empresas de servicios eventuales y locaciones de servicio o de obra simuladas para encubrir como contratación independiente una relación laboral; contratos basura (sin indemnización por despido o con indemnización reducida) introducidos por las leyes de empleo de 1991 y 1995; relaciones laborales sin derechos para el trabajador disimuladas como pasantías o aprendizaje; períodos de prueba de tres a seis meses, sin derecho a indemnización, establecidos durante el menemismo, que la Ley Banelco extendió a un año; flexibilidad de la jornada de trabajo en la Ley de Empleo de 1991, con sistemas de jornada promedio y crédito horario, de modo que el trabajador no sabía cuánto iba a trabajar en los días siguientes, a qué hora entraba y salía, ni cuánto cobraría a fin de mes; vacaciones fraccionadas y en cualquier momento del año, desorganizadoras de la vida familiar; cuentas de capitalización en lugar de indemnización, en la ley PYMES de 1995; rebajas salariales a los trabajadores estatales en 1995, 2000 y 2001, que actuaron como disparador para rebajas salariales en el sector privado; rebajas de Asignaciones Familiares, en 1996 y 2001; pago de parte del salario con tickets canasta, que no tributaban a la seguridad social ni se incluían en la base de cálculo de eventuales indemnizaciones (sólo en estos tickets el estado transfirió a los particulares 21 mil millones de pesos). Durante una década el Salario Mínimo Vital y Móvil estuvo congelado en 200 pesos. En caso de concurso preventivo o quiebra se suspendía la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo y de los derechos que preveía. Por decreto se derogaron los convenios de las empresas estatales a privatizar, lo cual fue convalidado por la mayoría automática en la Corte Suprema. Las negociaciones colectivas no podían arrojar aumentos salariales por encima de los incrementos de productividad, medidos por la autoridad administrativa. Se derogaron las reglas por las cuales los derechos de un convenio seguían vigentes hasta que un convenio posterior los sustituyera, lo cual obligaba a negociar a la baja para no perder todos los derechos y la de la norma convencional más favorable. De este modo, allí donde existían un convenio nacional de actividad y otro de empresa, se aplicaba el menos favorable. La Ley Banelco dispuso que un convenio colectivo pudiera modificar el anterior en perjuicio del trabajador. El 17 de octubre de 1990, nada menos, se prohibió el derecho de huelga en cualquier servicio que el ministerio de Trabajo quisiera calificar como esencial. La Ley de Riesgos de Trabajo eximió al empleador de responsabilidad por enfermedades y accidentes, sus reparaciones eran misérrimas y pagaderas en cómodas cuotas, y las ART fueron subsidiadas con fondos del seguro de vida de todos los trabajadores. Ni la participación en las ganancias ni el control en la producción y colaboración de los trabajadores en la dirección de la empresa, garantizados en la Constitución Nacional desde 1957, se aplicaron jamás, sin escándalo de ningún gran profesor. Tal vez este recordatorio ayude a entender la baja credibilidad que tienen los lamentos empresariales frente a un gobierno dedicado a la reposición de esos derechos, arrebatados a los trabajadores sin guantes de box que acolcharan los golpes.