Una empleada municipal llamada Norma Godoy de Arias reveló en el juicio por la masacre de Margarita Belén, en el Chaco, que una compañera suya que trabajaba en el cementerio de Resistencia y su esposo permanecen desaparecidos desde poco tiempo después de que las víctimas de la masacre fueran enterradas a la madrugada en ese lugar.

La declaración se produjo en este contexto: en principio, la mujer estaba visiblemente nerviosa, pero a la vez clara cada vez que tenía que responder preguntas. Relató que el 15 de diciembre de 1976 tuvo que asentar en los libros que diez cuerpos fueron enterrados en horas de la madrugada. “No es común, siempre los servicios son en el horario de atención que comienza después de las 6. Lo hicieron a la madrugada. Lo obligaron al capataz Centurión (fallecido) a cavar”, narró. Fue el mismo Centurión el que confeccionó los papeles de donde Godoy copió lo que iba asentado en los libros, con varios NN. El mismo capataz le contó a Norma que enterraron cuerpos en bolsas y en cajones cerrados. “A los que estaban en bolsas, los enterraron así nomás, no tenían ni una cruz para identificarlos”, contó la mujer, que de todas maneras aclaró que a las administrativas –como su caso– no las dejaban acercarse a esa parte del San Francisco Solano.

Lo que vino después fue un calvario: “Estábamos bajo amenazas de militares. Vos nos digas nada porque vas a tener problemas o te va a pasar como a ellos, me dijo Centurión”, relató. Según Norma, los trabajadores eran perseguidos hasta sus domicilios y llegaron a colocar en la administración del cementerio a un militar: “El Negro” Juárez, quien controlaba todo el movimiento.

El cuadro se completó con la desaparición de su compañera Carmen “Pelusa” Ferreira. Con esa presión, Godoy renunció como administrativa del cementerio en 1981, para ser reincorporada a la comuna de Resistencia hace cinco años. Antes de renunciar, “se entregaron cuerpos a los familiares, o nosotros suponíamos que lo eran. Muchos otros siguen ahí” en el cementerio, finalizó.

Abrieron la ronda de testigos del jueves los ex presos políticos Julio Coscio y Jorge “Mencho” Campos, ambos militantes de la JP Regional 4ª y con similares lecturas de la masacre de Margarita Belén: se aplicó la ley de fugas, ante un supuesto enfrentamiento imposible de que se produjera.

La declaración de Coscio, acompañada por una barra formoseña, molestó en varias oportunidades a los imputados, pero, principalmente a sus familiares. Las esposas de Aldo Martínez Segón y Horacio Losito, sentadas juntas en algunos momentos, realizaban exclamaciones.

Mencho, que nerviosamente se frotaba la mano en la pierna izquierda, contó: “Entre los imputados está sentado Aldo Martínez Segón, que fue mi abogado defensor cuando en 1979 me sometieron a Consejo de Guerra”.

Primera reacción: sorpresa. Acto seguido: risas –público, abogados, jueces y hasta los imputados– ante la ironía del destino. El diminuto (físicamente) Martínez Segón, incómodo, trataba de ocultarse en segunda fila, tras la inmensa humanidad de Luis Alberto Patetta, otro de los imputados.

Campos recordó que en 1979, tras recobrar por unos días la libertad, fue nuevamente detenido y sometido a Consejo de Guerra en el Regimiento de La Liguaria. Recién recuperó su libertad en 1983, ya con Raúl Alfonsín como presidente.