En el partido de San Isidro se extravió la memoria. Su intendente, Gustavo Posse, concibe muros que separan a pobres y ricos pero boicotea murales que repudian al terrorismo de Estado. Desde octubre de 2006, los alumnos de la Escuela de Enseñanza Media Nº 6 del distrito esperan que el municipio levante una pared para señalizar un centro clandestino de detención con su trabajo artístico. El Servicio de Inteligencia Naval (SIN), ubicado en Thames y la Panamericana, es uno de los cuatro que funcionó en esa localidad del Gran Buenos Aires a partir del golpe de 1976. Un emprendimiento inmobiliario cancelaría el proyecto de los estudiantes y violaría lo dispuesto por la ley provincial 13.584, que establece “arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar”. El jefe comunal desoyó los reclamos de organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos y agrupaciones políticas y gremiales. Y hasta puso en duda la existencia del SIN, por donde pasaron varios detenidos por razones políticas.

Por eso, la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de zona norte convoca para el próximo sábado a una serie de actividades frente al predio que la municipalidad habría vendido por 14.914.000 pesos. Su objetivo es concientizar sobre sitios que “resultan evidencia material de delitos gravísimos e imprescriptibles”. Otros tres, COT I Martínez, la Comisaría Nº 4 y el Batallón de Arsenales 601, se encuentran en similares condiciones.

“Pedimos que se cumpla con la ley provincial 13.584 y se preserve el predio hasta que se realicen pericias, se tomen testimonios a vecinos que puedan brindar elementos sobre lo ocurrido con las personas que estuvieron allí detenidas y desaparecidas. Si después se estableciera, con certeza razonable, que no hay pruebas, que se señalice el lugar como un centro clandestino de detención, que los estudiantes de la Escuela Media Nº 6 de San Isidro puedan pintar el mural planeado como cierre de su proyecto de investigación y mantener viva la memoria para que nunca más se repitan sucesos tan tremendos”, explica Raquel Witis, de la Comisión zona norte. Esta mujer menuda, una de las más activas en la campaña para que el SIN sea identificado, es la mamá de Mariano Witis, el joven músico que fue asesinado por un policía bonaerense cuando lo tomaron como rehén de un asalto en septiembre de 2000. Un caso de gatillo fácil que también terminó con la vida de un ladrón adolescente.

Las peticiones a Posse hasta ahora resultaron infructuosas. Ni siquiera lograron disuadirlo de señalizar el centro sendas cartas que le enviaron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, y la secretaria del área en la provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho. El intendente sí tiene oídos sensibles a los problemas de seguridad que le plantean los vecinos, aunque buscó una solución de raíces medievales para resolverlos: en abril del año pasado comenzó a levantar un muro para separar dos barrios, La Horqueta y Villa Jardín, bajo el argumento de evitar los robos en el primero, donde habita gente de posición acomodada. Pese a las críticas que recibió y a que un fallo judicial lo inhibió de continuar con su obra, la defendió sin ponerse colorado. Dijo que “el muro constituye una de las diversas maneras que este municipio, junto a los foros de seguridad y organizaciones no gubernamentales, han ideado en función de proteger la vida y bienes de nuestras familias”.

El predio que perteneció a la Armada se encuentra ubicado en la manzana que rodean la colectora de la Panamericana y las calles Thames, Túpac Amaru y Rivera, en Villa Adelina, partido de San Isidro. En ese lugar, según declaró en el juicio a las Juntas militares la ex detenida-desaparecida Lila Pastoriza, había un chalet que fue demolido en 1983 y que se conocía como la casa del comandante o casa del SIN, donde Inteligencia Naval mantenía un centro de torturas.

Dos casos más documentan su existencia, sobre la que el intendente Posse puso reparos en declaraciones periodísticas a un medio zonal. Pilar Calveiro estuvo detenida allí entre el 12 de septiembre y el 17 de octubre de 1977 y María Julia Harriet entre el 6 de mayo y el 9 de mayo de 1976. Pero fue la investigación de los alumnos de la Escuela Nº 6, titulada “En nombre de los desaparecidos”, para el proyecto Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, la que arrojó nuevas pruebas. Los estudiantes entrevistaron a numerosos vecinos del SIN que corroboraron su funcionamiento, aun cuando en el partido de San Isidro no existe un registro oficial sobre el mismo. El grupo de docentes que lideró el trabajo, integrado por Adriana Rodríguez de Lara, Andrea Echehon, Graciela García y Gabriela Membrives, acompañó la idea de plasmarlo simbólicamente en un mural que eligió la comunidad educativa entre tres bocetos diferentes. Los alumnos de 2º y 3º año tramitaron en 2006 la autorización y financiamiento de la Municipalidad de San Isidro para levantar la pared que pintarían, aunque todavía siguen esperando una respuesta.

“Esto es desconocer la historia y querer tapar el sol con las manos. Se trata de olvidar el pasado. En San Isidro hay pocos espacios que repudien a la dictadura. Se obstaculiza a la Justicia y el intendente va a tener que comprenderlo. Nosotros, en principio, vamos a señalizar el SIN el sábado 28. Pondremos pasacalles y carteles. Hay vecinos que confirmaron cómo funcionó en ese lugar un centro clandestino de detención. Uno de ellos tiene todavía en el respaldo de su cama un proyectil de las prácticas de tiro que se hacían ahí. Y muchos temen ir a declararlo”, agrega Witis.

El predio que la municipalidad utilizó como campo deportivo para escuelas cotiza muy bien porque está en una zona arbolada, al lado de un campo de golf y sobre la Panamericana. “No nos oponemos al progreso, a que se hable con los vecinos sobre el destino de ese espacio verde. Allí se realizaban actividades colectivas para disfrutar en familia como ferias y la práctica de deportes con niños y jóvenes”, aclara la integrante de la Comisión por la Memoria de zona norte. El bloque de concejales peronistas del municipio elevó un proyecto para que el ejecutivo informe los motivos de la venta, el destino específico y utilización del capital obtenido por la misma, la documentación que acredite los datos de la compra-venta y la escrituración e inscripción en el registro municipal. En San Isidro cuesta cumplir la ley provincial 13.584. Mientras tanto, un grupo de alumnos espera por su demorado proyecto de pintar un mural alusivo sobre el terrorismo de Estado.