Esta es una de esas notas que no es gustoso escribir. No porque uno no sepa qué decir, sino por el hecho de que cualquier cosa que diga, aun convencido, le dejará un gusto amargo.

Por empezar, la media sanción del 82 por ciento móvil para los jubilados es, en términos técnicos, de realidad política, un tema que acaba siendo abstracto. Lo que se conoce en círculos muy reducidos como Grupo A (la derecha peronista, los radicales, el macrismo y etcéteras fluctuantes) había fracasado en la Cámara alta en su intento de imponer el proyecto. En consecuencia insistió por Diputados, y le fue mejor gracias a circunstancias que se analizan más adelante. Ahora debe volver al Senado, siempre afecto a ser caja de sorpresas porque nunca falta algún representante provincial de moral reubicable, digamos. Sin embargo, aun cuando ocurriese que la sede de los barones de la Nación ratificara la decisión de Diputados, el Ejecutivo ejercerá su poder de veto bien que, como no es la ley de los glaciares o símil alejado de lo cotidiano, le es presumible algún costo político. Presunción relativa porque los precios electorales puntuales se pagan si hay un embuste muy grande en forma inmediatamente previa a los comicios, como le ocurrió a Aznar a unas pocas horas de inventar que el atentado en Atocha era obra de la ETA. Si hay mucha separación temporal entre la afectación y el voto... el voto puede tener memoria frágil, muy frágil: sobre todo si los eventuales beneficiarios del desaguisado de una figura, o colectivo político, resultan más desconfiables que los metedores de pata. ¿Alguien está en condiciones de firmar que un veto de Cristina al 82 por ciento podría correr en masa votos de jubilados, u otros sectores, hacia Macri, Duhalde, Solá o ejemplares de esa naturaleza, así las elecciones fueran mañana? Uno calcularía como tan banal la demagogia del proyecto que supone, incluso, la probabilidad de efecto contrario para sus impulsores. Pero volvamos a la realidad de lo abstracto. Porque no pasa en el Senado o porque el Ejecutivo lo veta, no habrá 82 por ciento para los jubilados. La obviedad es interesante, para constatar el tiempo que se pierde en algo sin destino efectivo salvo por sus vetas pedagógicas.

El crescendo de la necesidad opositora por fijar agenda, aunque más no fuere parlamentaria, renació al cabo del impacto producido por los festejos bicentenarios. Tomaron nota de que la realidad no es lo que (les) cuenta Clarín. Salieron a promover iniciativas. Con algunas les fue bien, calculado en manos levantadas. Pero ninguna movió el medidor. La patria mediática celebró, cual significativos avances anti K, cosas tales como los cambios en el Consejo de la Magistratura, de cuyo tenor una mayoría absoluta de la sociedad no tiene la más remota idea ni le importa. Incluso podría aseverarse que la reforma del Indek tampoco atrae multitudes. Y no porque no esté claro que el manejo de ese organismo es de los más oprobiosos bochornos kirchneristas, sino porque la vida de todos los días sigue a pesar de eso, gracias a que los arreglos de la economía real, en torno de la inflación, no se salen de madre. El Indek maneja cifras de fábula, pero los números de consumo y crecimiento general de la economía las contrastan. Hacía falta, por lo tanto, un show que probara afectar órganos sensibles. En estas horas es el caso Fibertel, con toda la oposición colgada de las faldas de Clarín. Pero justo antes de eso apareció la idea del 82 por ciento como golpe de furca, aunque tampoco sea un clamor popular como sí lo es “la inseguridad”. Lo revela la propia constatación de que no logran ganar la calle con esos disparadores. ¿Qué pasó que no hubo siquiera algún grupo ínfimo de manifestantes, rodeando al Congreso, mientras se debatía en el recinto la “reparación a los jubilados”, nada menos? ¿Por qué no convocaron al apoyo callejero? ¿Acaso tuvieron temor de que no fuera nadie? Es muy probable que la propia bancada opositora sea consciente de que no hay forma de creerle, a partir de que ellos mismos saben que su credibilidad no resiste. Y es inevitable caer en reiteraciones que fueron apuntadas por medios de comunicación de la propia derecha. ¿Cómo es posible que esta neo-Alianza, en la que se cuentan varios de quienes avalaron recortar los haberes jubilatorios en un 13 por ciento, vengan ahora a exigir el pase al 82 por ciento móvil con una propuesta que, para potenciar la vergüenza ajena, plantea como suficientes los fondos de la Anses? En ese sentido, y fue igualmente dicho, resultó más responsable la proposición de Proyecto Sur. Quitemos la discusión numérica, que es un galimatías asombroso porque se brindan cifras capaces de variar en miles de millones de dólares en torno de lo que se necesitaría para afrontar el gasto. Pero, aunque sea, los Sur bosquejaron restituir los aportes patronales reducidos por el menemato en 1993, cuando, también, muchos de estos repentinos combativos se cuadraron tras la rata y Cavallo. Lástima que después, a sabiendas totales de que ese dictamen de minoría sería derrotado, las huestes de Solanas se prestaron a que el número favoreciera al proyecto pro-patronal de la derecha. Una ignominia consolidada al pasarse a la votación en particular, porque el voto a favor de los socialistas y la abstención del GEN fue lo que permitió la sanción.

Lo más grave ni siquiera es eso, sin embargo. El concepto que debería sobresalir es lo elemental de que los fondos previsionales no son intangibles. La “plata de los jubilados” no existe, sino en función de que el aporte de los trabajadores en actividad debe servir a que los fondos sean movilizados, hacia el dinamismo de la economía, como única forma de garantizar que en el futuro haya el dinero para bancar el sistema. Solamente un salame inconmensurable puede suponer que debe congelarse lo que erogan todos los meses el trabajador y la empresa; y que la plata vaya a una cuenta individual e intocable, a salvo de los avatares económicos. Justamente eso fue el núcleo de los peces de colores marketineados por las AFJP, que terminaron estallando porque no se previó –o sí, pero a quién le importaba– que para zafar de esas alternativas era necesario una economía fortalecida. El kirchnerismo tiene en el debe la reducción del trabajo en negro. Y hay otros aspectos que además son una problemática mundial, como el aumento en la expectativa de vida o los cambios inéditos que abre la revolución tecnológica en el mundo del trabajo y, por tanto, en los regímenes jubilatorios. Sin empleo efectivo, sin energía económica, sin distribución más pareja de la riqueza, hablar de justicia para los jubilados es una hijaputez objetiva. Y eso es exactamente aquello en lo que incurrieron quienes promovieron, aprobaron o permitieron homologar este proyecto, porque su lógica estructural acaba por ser la misma que erigió la estafa del sistema previsional privado. Eso, tratándose de dirigencia política y no de gente sometida a la demagogia lacrimosa de los medios cuando le dicen que están robándoles a los jubilados, no es de oposición. Es de oposicionismo. No es de ignorantes. Es de miserables.

Lo único bueno de este falso debate sería que, en caso de profundizarse, permitiría avanzar en una discusión a fondo sobre cómo sustentar la vejez, desde el Estado y los actores económicos privados. No sucederá, porque no hay honestidad ideológica.