EL PAíS › MAñANA VENCEN LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL CONGRESO AL EJECUTIVO
Desde el oficialismo restaron importancia a la caída de las facultades delegadas, pero reconocieron que será una “complicación para la gestión”. Carrió presentará hoy un conjunto de leyes para reemplazar las delegaciones, incluyendo las retenciones.
Al cumplirse mañana un año de la última delegación de facultades, el Congreso dejará de prorrogar atribuciones al Poder Ejecutivo. Pero a pesar de la alegría opositora tras este acontecimiento, las delegaciones –incluidas las retenciones al sector agropecuario– no caerán automáticamente, sino que deberán ser modificadas por el Parlamento para alterar el orden normativo actual. Este análisis quedó instalado la semana pasada, cuando además del Frente para la Victoria, la UCR consideró, a través de su presidente Ernesto Sanz, que se produce la caducidad de las delegaciones legislativas otorgadas, “pero no la derogación de los reglamentos consecuentes de tal delegación”. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunció que presentará hoy un conjunto de leyes para reemplazar las delegaciones vigentes. Desde el oficialismo dejaron entrever que esperarán la reacción de la oposición y que no impulsarían ninguna medida que altere el esquema que rige actualmente.
El Grupo A, en cambio, se reunirá esta semana para analizar una serie de iniciativas con el objetivo de modificar algunos puntos nodales de las leyes que conforman las facultades delegadas. “De aquí en adelante, el Gobierno tendrá dos caminos: presentar lotes de leyes o enviar una por una para su estudio en particular. La garantía que da la UCR, de manera absoluta, es la de favorecer la gobernabilidad”, aseguró Sanz.
Aunque su gran mayoría ya quedaron obsoletas o fueron derogadas, hay más de 300 normas involucradas que atañen al funcionamiento del Estado en distintas áreas. Uno de los más importantes es el Código Aduanero, de donde deriva la potestad del Poder Ejecutivo de fijar las retenciones a la exportación de granos y carnes.
El jefe del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi, admitió ayer que el cese de las facultades delegadas significará una “complicación para la gestión” del Gobierno en materia arancelaria, ya que obligará al Poder Ejecutivo a enviar un proyecto al Congreso cuando pretenda modificar el valor de ese impuesto. De todas maneras, Rossi consideró que no se trata de “un escenario de catástrofe, ni mucho menos”. A partir de ahora, cada modificación en materia arancelaria deberá pasar por el Parlamento, donde los distintos sectores de la oposición pueden conformar mayoría.
“No me parece lo más conveniente desde lo que significa la actividad de una gestión, habida cuenta de que casi todas las posiciones arancelarias están ligadas a lo que pase en el Mercosur”, sostuvo Rossi, en alusión al dinamismo de la economía y de las relaciones comerciales regionales. El jefe del bloque K adelantó que el Ejecutivo no enviará ningún proyecto “en términos generales”, sino que evaluará “ante cada situación” si se le solicita al Parlamento “que una determinada facultad la sea delegada por una cantidad de tiempo, en la medida en que aparezca una necesidad de gestión”.
La caducidad de las facultades delegadas fue analizada por la comisión bicameral de Trámite Legislativo, donde se encontraron diferencias entre la Secretaria Legal y Técnica y la Dirección de Información Parlamentaria en torno de la cantidad de medidas afectadas. De las casi dos mil originales quedan más de 300, entre ellas, además del tema de las retenciones, las leyes de Abastecimiento, de Entidades Financieras, de Reforma del Estado y de Coparticipación Federal. También la emergencia económica y la distribución de aportes del Tesoro Nacional, entre otros.
El único punto que hasta ahora la oposición ha instalado como prioritario al finalizar las facultades delegadas son las retenciones agropecuarias. Sin embargo, los distintos espacios políticos del Grupo A no lograron consensuar una posición común respecto de las alícuotas, la segmentación y los granos a los que se le aplicarán los cambios. Incluso la facultad del Poder Ejecutivo para establecer estos aranceles generó discordia entre la máxima dirigencia opositora, al punto de provocar la ruptura del Acuerdo Cívico y Social, luego de que el gobernador socialista Hermes Binner defendiera esta atribución y Carrió la cuestionara, precipitando el distanciamiento.
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