El Tribunal Oral Federal de Tucumán ofreció ayer los fundamentos de la condena a prisión perpetua del represor Luciano Benjamín Menéndez y consideró que durante la dictadura militar fueron cometidos “los delitos más aberrantes de la historia argentina contra la naturaleza humana”.

Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi concluyeron que el decreto 261/75, dictado un año antes del golpe, el 5 de febrero de 1975, por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, no aludía a la “eliminación física del enemigo, sino a la anulación de su accionar”. Para los magistrados, los militares no recibieron ninguna orden de aniquilar físicamente a los grupos guerrilleros que actuaban en Tucumán, sino sólo la de neutralizarlos dentro de la legalidad. Las Fuerzas Armadas tergiversaron el mandato para llevar adelante un “plan sistemático” de secuestros, torturas y asesinatos.

“Las pruebas colectadas dan cuenta de la combinación que existió entre el mundo formal, con apariencia de legalidad, y el secreto, clandestino, oculto, a cuyo amparo se han cometido las mayores atrocidades que la historia argentina reconoce en violación a la naturaleza humana”, sostuvieron los jueces. En la audiencia fueron leídos los fundamentos de la sentencia dictada el 8 de julio, también contra el ex policía Roberto “El Tuerto” Albornoz por crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 22 personas. Allí los magistrados insistieron en que la estructura de poder instaurada por los militares se caracterizó por “una escalada represiva sin precedentes”, donde se excluyó “toda instancia de intervención de la Justicia”.