Los diputados del Grupo A no lograron acordar ayer un proyecto común para rechazar la resolución de la Secretaría de Comunicaciones que establece la caducidad de la licencia de la empresa Fibertel, por lo que presentaron dos propuestas que iniciarán esta semana su trámite legislativo. Luego de un encuentro en la tarde de ayer, los legisladores de la UCR, la Coalición Cívica, el PRO, el PJ disidente y el GEN se reunieron para arribar a una postura unificada respecto de la medida del Gobierno, pero ante la falta de consenso decidieron avanzar simultáneamente. Por un lado, con la del jefe del bloque de PRO, Federico Pinedo, que busca su derogación y, por el otro, con la del GEN de Margarita Stolbizer, que declara su nulidad. Proyecto Sur, que lidera Fernando “Pino” Solanas, debatía anoche qué posición tomar, aunque descartaban el acompañamiento a la postura del Grupo A.

En el despacho radical se reunieron los diputados Pinedo y Paula Bertol (PRO), Silvana Giudici (UCR), Patricia Bullrich (CC), Margarita Stolbizer y Gerardo Millman (GEN), Eduardo Amadeo, Alfredo Olmedo y Felipe Solá (PJ Federal), mientras que la socialista Mónica Fein se mantuvo en comunicación vía telefónica. “La reunión fue muy buena, y como no hay muchas diferencias entre los proyectos vamos a acompañar el que avance más rápido”, relataron fuentes que participaron del encuentro. Sin embargo, hubo una pequeña sorpresa cuando Solá decidió acompañar la propuesta de Stolbizer. Según supo Página/12, el ex gobernador bonaerense se enojó con el PRO porque trascendió que Pinedo estaba a cargo de la redacción del proyecto y por eso decidió darle su firma a la líder del GEN.

A las 16, antes de ingresar a la reunión opositora, el GEN decidió presentar formalmente su proyecto de resolución, que declara “nula” la resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones. “Esa resolución debe ser declarada inválida por el Congreso, y ese es el proyecto que presentamos para que le quite efectos jurídicos a una resolución que, además de ser arbitraria, es ilegal”, dijo el diputado Gerardo Milman. Según el GEN, el secretario de Comunicaciones no tiene atribuciones para firmar una resolución de estas características, que en todo caso debería ser firmada por la presidenta Cristina Fernández y/o el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El bloque presentó, además, un pedido de interpelación al ministro de Planificación, Julio De Vido, para que explique sobre “el desempeño y toma de decisiones de funcionarios” como el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y el de Comunicaciones, Carlos Salas.

Si bien en la parte resolutiva ambas iniciativas no tienen diferencias concretas, el conflicto se produjo por los argumentos y por una cuestión de posicionamiento. “Que Clarín contrate a sus abogados. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista de los usuarios”, sostuvieron desde la fuerza de Stolbizer.

En el texto presentado por Pinedo se considera que “no sólo se ha permitido vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa de personas argentinas, sino que pretende generar un daño irreparable a su propiedad, limita la facultad de más de un millón de usuarios a la libre elección del prestador de sus servicios y vulnera expresamente la ley que le otorga las facultades decisorias que ejerce mediante ese acto administrativo, acto que no tiene ninguna adecuación ni proporcionalidad respecto de ningún interés público”. Al igual que Clarín, el proyecto de PRO cuestiona al Gobierno por no haberse expedido sobre la absorción de Fibertel por parte de Cablevisión en el plazo de 60 días.

Los bloques parlamentarios radicales sostuvieron que la acción del Gobierno es “ilegal, arbitraria, afecta la competencia y conculca los derechos de los usuarios”. Los radicales adelantaron que adoptarán “todas las medidas legislativas y judiciales” necesarias para “poner freno al abuso de poder y al persistente intento para degradar la democracia y la República, limitar las libertades públicas y quebrantar la seguridad jurídica”. Ahora deberá iniciarse el trabajo en comisión a la espera de obtener dictamen y luego su tratamiento en el recinto de Diputados.