“Necesitamos que los jueces sean elegidos por sistemas que sean transparentes, desplazando las influencias políticas indebidas”, señalaron jueces de todo el país reunidas en su IV Conferencia Nacional al sacar conclusiones del encuentro.

Con ésa y otras advertencias, se sacaron las ganas de cuestionar un poco al poder político. El día anterior, el ministro de Economía, Amado Boudou, había denunciado la docilidad ante el poder empresario de algunos magistrados al señalarlos como protagonistas de una “justicia express”.

“Nosotros estamos trabajando para brindar un buen servicio de justicia, ni express ni no express”, replicó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y pidió “políticas públicas” para evitar la judicialización de los “problemas concretos de los ciudadanos”, en alusión a cuestiones como las jubilaciones, la inseguridad, las prestaciones de salud y el trabajo.

La independencia judicial fue, casualmente, uno de los grandes temas de la conferencia, cuyo lema de este año fue “Justicia para todos”. El documento consensuado por los más de 500 jueces congregados señala como condiciones para trabajar con esa preciada independencia algunos factores como: el “manejo autónomo” de su presupuesto, sin tener que pedir aprobación al Poder Ejecutivo; “la intangibilidad de las remuneraciones” (o sea, los jueces piden seguir exceptuados del Impuesto a las Ganancias y algunos claman por ajustes según la inflación); y la “garantía de estabilidad” en sus cargos (que en algunas provincias denuncian que se ve amenazada según el humor de los gobernantes). “La intangibilidad y la inamovilidad”, dijo Lorenzetti, no son “un beneficio personal, sino para el ciudadano común”.

“Me preocupa que los jueces trabajen bien. El Poder Judicial es independiente”, aseveró Lorenzetti, asediado por un grupo de periodistas al final de la última jornada. Estaba en una posición poco confortable, dado que uno de los grandes anuncios fue el pedido de presupuesto y autonomía financiera para el Poder Judicial a través incluso de la presentación de dos proyectos de ley elaborados en la Corte. Boudou no se la hizo fácil: había hablado de una “justicia express”, que actúa bajo “presión”, en alusión a la decisión de la Cámara Comercial de levantar la intervención de Papel Prensa y remover a sus tres directores por parte del Estado. “Cada uno hace las afirmaciones que cree más convenientes –dijo Lorenzetti–. Nosotros trabajamos para que los jueces puedan hacer las cosas cada vez mejor.”

En el cierre de la convocatoria, después de los últimos bocaditos, Lorenzetti leyó en voz alta las conclusiones del intercambio. “La independencia del Poder Judicial es una garantía del ciudadano para que sus derechos sean respetados y se pongan límites a los poderes para un adecuado equilibrio republicano”, dice el texto. “El Poder Judicial es la primera garantía” para “vivir en libertad”, agrega. En la lógica de que la justicia debe ser un servicio para todo el mundo, el documento brega porque “se cubran las vacantes de todos los juzgados de modo rápido” para “evitar los atrasos en la tramitación de las causas” y que, además, se “aumente la cantidad de jueces en todas las jurisdicciones”. En el discurso de apertura, Lorenzetti señaló 183 juzgados vacantes sobre 900.

Otro reclamo señalado es que cuando se elige un juez “el mérito prevalezca como criterio central, desplazando a las influencias políticas indebidas”. La discusión sobre cómo actúan el Consejo de la Magistratura nacional y los consejos provinciales sobrevoló los paneles. La corporación judicial en general quiere recuperar poder en el órgano nacional. Las provincias –al menos algunas– en cada año vuelven a presentar denuncias vinculadas con injerencias de los poderes políticos locales en la elección y remoción.

La jueza Elena Highton de Nolasco destacó la “horizontalidad” del debate y dijo que “la Corte vive en Buenos Aires pero atiende en todo el país”. La ovacionaron. Además del proyecto de autonomía presupuestaria, se presentó otro para “crear un fondo estructural para el desarrollo de las Justicias provinciales”. “En el Poder Judicial hay problemas de larga data”, se quejó Lorenzetti y reiteró, como el primer día, su llamado a que los tres poderes del Estado converjan en políticas comunes. El ministro de Justicia, Julio Alak, evaluó que el discurso del titular de la Corte muestra que ese tribunal “no forma parte del espacio opositor”. “El doctor Lorenzetti de ningún modo dice que las libertades están coartadas”, señaló. El ministro admitió fallas en el sistema de selección y dijo aceptar el convite a trabajar en equipo. Lorenzetti insistió con el concepto de que “con discursos abstractos no se solucionan los problemas de la gente”.