En la Justicia criminal de Capital Federal hay 49 juzgados. Son muchos, pero por esas cosas del azar, la causa sobre el derrumbe del entrepiso del boliche de Palermo en el que murieron dos jóvenes le tocó al juzgado de Alicia Iermini. El nombre de esta jueza quizá no sea de los más conocidos para el común de la gente, pero lo es para los familiares de Walter Bulacio y para los integrantes del Consejo de la Magistratura, donde se encuentra en estado avanzado una investigación que podría costarle el cargo. A Iermini se la acusa de haber dejado prescribir el histórico expediente sobre la detención de Bulacio y su muerte tras recibir una golpiza en la Comisaría 35ª, donde lo habían llevado detenido cuando intentaba entrar a un recital de Los Redonditos de Ricota, en abril de 1991. Aunque su citación como sospechosa no había trascendido, la magistrada ya tuvo que dar explicaciones este año ante la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo que elige y sanciona a los jueces, que ahora evalúa si impulsa su remoción.

Iermini tuvo el caso Bulacio “durante más de nueve años en los que no se concretó siquiera el traslado de la acusación” que había hecho de entrada la fiscal Mónica Cuñarro contra el único imputado, el ex comisario Miguel Angel Espósito, donde pedía 15 años de prisión. Ese fue el argumento central del texto, firmado a fines del año pasado, que resolvió la citación de la jueza para que diera explicaciones ante los consejeros. Se le cuestionaba, en esencia, haber hecho lugar sin filtro a toda clase de recursos dilatorios y chicanas de la defensa del policía. Decenas de pedidos de prórroga, nulidades y excepciones. Asuntos que debían resolverse en cuestión de días y duraron años.

La intervención de Iermini en la causa comenzó el 8 de abril de 1996. Era “jueza de sentencia”, un cargo propio de la época en que no había juicios orales. Su misión, como el nombre del cargo lo indica, era sentenciar, o sea, absolver o condenar. El de Bulacio era, todavía, un juicio escrito. Un caso “residual”, previo a la reforma procesal de 1992. Pero la eventual pena no comenzó ni a discutirse, ya que la magistrada decretó la prescripción en septiembre de 2002, una decisión que fue confirmada por la Sala VI de la Cámara de Apelaciones dos meses después.

La historia no terminó ahí. En cierto aspecto volvió a empezar con la condena que dictó en septiembre de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino por dejar impune lo que entendió como un caso de “violación a los derechos humanos” que tiene obligación de esclarecer, sancionar a “los autores” y a los encubridores. El fallo aludía puntualmente a la dilación judicial: “Esta manera de ejercer los medios que la ley pone al servicio de la defensa ha sido tolerada y permitida por los órganos judiciales intervinientes, con olvido de que su función no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar en tiempo razonable el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y que se sancione a los eventuales responsables”.

En diciembre de 2004, la Corte Suprema argentina ordenó reabrir la causa y pidió que el Consejo de la Magistratura determinase “las responsabilidades de los jueces” que tuvieron participación en el trámite. Como forma de acatar el fallo del tribunal internacional, en nombre del Estado, el ex ministro de Justicia –actual jefe de Gabinete– Aníbal Fernández presentó en 2008, una denuncia ante el cuerpo de consejeros para que tomara cartas en el asunto. Recordó que incluso el propio Estado, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, reconoció la responsabilidad internacional por el papel policial en la “violación del derecho a la vida y la integridad física” y en la “detención ilegal” de Bulacio, frente a la cual no hubo “medidas de protección que la condición de menor requería”.

El asunto es tan sensible y las actuaciones judiciales tan voluminosas, que en el Consejo de la Magistratura tres consejeros instruyen la investigación en forma conjunta: el senador radical Ernesto Sanz, el senador kirchnerista Nicolás Fernández y el académico Mariano Candiotti. Cuando citaron a Iermini por lo que el reglamento del cuerpo llama “ar- tículo 20”, comparable a una indagatoria, detallaron todos los planteos de la defensa que, admitidos por la jueza, llegaron a congelar la causa íntegra por períodos de dos años pese a que la fiscalía y la querella advertían sobre la prescripción y que el Estado incurriría en responsabilidad internacional. También le cuestionaron su reticencia a facilitar copias del expediente a la Cancillería cuando lo requería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Resulta evidente que, durante toda su intervención, la magistrada perdió de vista que (...) no fueron el derogado Código de Procedimiento en Materia Penal sino sus propias resoluciones las que, durante más de nueve años, hicieron posible que la defensa del imputado Espósito lograra eludir el deber procesal de contestar las acusaciones”, decía la citación a Iermini, a la que accedió este diario, que le adjudicaba un “criterio vacilante y permisivo”. La jueza no fue personalmente a declarar. Mandó un escrito en febrero último en el que culpaba al abogado defensor Pablo Argibay Molina de haber tenido un “ánimo obstructivo” y a la ley de ser “excesivamente permisiva”. Desde hace alrededor de una semana, entre los consejeros circula un borrador que propone abrir el juicio político a Iermini. Si el tratamiento avanza, primero tendrá que votar la propuesta la Comisión de Disciplina y Acusación. Luego pasa al plenario del organismo.

La abogada de la querella, María del Carmen Verdú, recordó en diálogo con Página/12 que en el caso Bulacio “intervinieron 33 jueces” de distintas instancias. “Iermini tuvo un desempeño cuestionable, pero no es la única responsable. La Cámara, por ejemplo, también tuvo un papel importante en la dilación. No hay incluso ni gobierno, ni juez ni ministro de Justicia de los últimos casi veinte años que no tenga un pedazo de responsabilidad”, advirtió. En el Consejo dicen que van por partes y que empezaron por la magistrada que “más años tuvo la causa”.

Espósito no habría sido el único policía beneficiado por decisiones de Iermini. También le había tocado intervenir en una megapresentación de un grupo de fiscales (coordinado casualmente por la fiscal Cuñarro) que pedían investigar, en base al análisis de 20 expedientes, el encubrimiento y la connivencia de cuatro comisarías con una gran cantidad de hechos criminales de gran violencia (homicidios, lesiones, robos, aparición de cuerpos eviscerados, uso de armas de grueso calibre) vinculados con peleas territoriales en comercialización de droga. La jueza archivó en pocas horas la denuncia, que fue investigada en otros aspectos en el fuero federal.

A Walter Bulacio, que tenía 17 años, lo detuvieron el 19 de abril de 1991, junto con otros 72 chicos, que no tenían entradas e intentaban entrar al recital de Los Redonditos en el estadio Obras. Según declaró el policía Fabián Sliwa, el chico fue golpeado en la comisaría por el ex comisario Espósito –exonerado dos años atrás–. Murió el 26 de abril, por un derrame cerebral. La jueza que elevó a Iermini la causa, María Maiza, desechó la carátula de “torturas seguidas de muerte”, como pedía la querella. Quedaba en pie la acusación por “privación ilegal de la libertad, reiterada en 73 oportunidades, agravada una de ellas”.

Iermini tenía que dictar sentencia, pero eso nunca ocurrió. Ahora actúa un tribunal oral por pedido del ex policía que decidió que no quiere seguir con el viejo procedimiento escrito. El juicio sería el año próximo. La jueza Iermini investiga ahora el derrumbe en el boliche Beara y la muerte de Ariana Lizarraga, de 21 años, y Leticia Provedo, de 20.