Después de varias advertencias de la Cámara Federal y reclamos de la fiscalía, el juez Norberto Oyarbide se decidió a avanzar en la posible vinculación entre la política y las estafas con subsidios y medicamentos truchos. En una nueva resolución, le puso fecha de indagatoria al ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Héctor Capaccioli, que deberá presentarse el 5 de octubre. Pero la lista de citaciones se extendió a otros ex funcionarios que deberán declarar como sospechosos. Uno de ellos, Juan Rinaldi, también fue superintendente y gerente de la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo que distribuye entre las obras sociales los reintegros para tratamientos complejos. Deberán presentarse, además, el director de Lotería Nacional, Hernán Diez; Sebastián Gramajo, que es directivo en la Anses, y el ex ministro de Salud bonaerense Claudio Zin.

Por su estrecha relación con Alberto Fernández, Capaccioli fue recaudador de la campaña del Frente para la Victoria en 2007, mientras estaba al frente de la SSS. Diez y Gramajo colaboraron en esa función, como apoderados políticos y financieros. Un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de mediados de abril decía que al ex superintendente había que indagarlo y a los otros dos funcionarios, investigarlos. Capaccioli y Gramajo, mostraba el tribunal en base a las escuchas del expediente, hablaban con Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, preso como uno de los jefes de una organización destinada a adulterar remedios y defraudar al Estado con el desvío de fondos del APE. Algunos diálogos parecían aludir a un vínculo entre el comercio de medicamentos y la campaña electoral, incluso mencionaban qué lugares ocuparían en las listas o qué cargos podrían obtener. Diez era nombrado en forma reiterada.

La investigación de Oyarbide abordó primero la comercialización de medicamentos adulterados, vencidos y robados de programas de distribución gratuita, aunque después se fueron sumando otras maniobras con fondos públicos. Entre las droguerías involucradas, la de Lorenzo tenía un papel central, junto con la Obra Social Bancaria, cuyo titular, Juan José Zanola, también sigue preso. Los investigadores encontraron en la casa de Lorenzo una carpeta con recibos de aportes a la campaña del FpV hechos por sociedades farmacéuticas, como Multipharma –que él integraba–, y cheques de su socio Carlos Torres y de Global Pharmacy, de Gabriel Brito, quien estuvo detenido hasta la semana pasada.

Oyarbide citó a Capaccioli en julio, pero no le había puesto fecha. En ese momento lo señaló como posible responsable del pago de subsidios y reintegros millonarios del APE entregados para costosos tratamientos que, en algunos casos, ni siquiera existieron. Aparecían respaldados con troqueles falsos, historias clínicas armadas, facturas truchas y comprobantes duplicados. El juez le atribuyó al ex funcionario una “llamativa falta de control” en el reparto del dinero. Había mandado a hacer un informe a la Policía Federal en base a una muestra de casos, que arrojó un “real perjuicio al Estado” por pagos irregulares a la Bancaria y la Droguería San Javier, aunque habrían sido muchas más las obras sociales y droguerías beneficiadas. La resolución citaba escuchas con diálogos de Capaccioli y Lorenzo que evidenciaban una relación muy estrecha y revelaban que el ex superintendente seguía de cerca las tratativas del empresario con Brito. Hablaban de cómo le cubrirían unos cheques. Ante la Justicia, Brito dijo que le había prestado cheques a Lorenzo sin saber que eran para la campaña y que le reclamaba ese dinero.

Juan Rinaldi fue gerente general de la APE desde principios de 2006; llegó con la bendición de Hugo Moyano y luego se distanciaron. La ex ministra de Salud Graciela Ocaña impulsó su nombramiento como sucesor de Capaccioli en la SSS en 2008. Su citación estaría vinculada con el manejo de los fondos del APE, que en los últimos años oscilaron entre 700 y 1000 millones anuales. Rinaldi fue indagado en otra causa, a cargo del juez Ariel Lijo, donde se investiga el mismo tipo de maniobra con el APE: entrega de subsidios a la Obra Social del Ministerio de Economía por tratamientos carísimos para afiliados que no tenían ninguna de las enfermedades invocadas para cobrarlos. Ante el juez, el ex titular de la APE dijo que él había sido quien ordenó revocar todos los subsidios que no correspondían. Ocaña lo respalda. Este año le dictaron falta de mérito.

La citación de Zin, ex ministro bonaerense, está vinculada con alusiones que hace Alberto Costa, su ex subsecretario de Salud, en conversaciones con Lorenzo incluidas entre las escuchas. Costa quedó acusado de negociar con Lorenzo la “comercialización indebida de prestaciones médicas y medicamentos”. También será indagado Diego Tarruela, de la cooperativa de Crédito Vernet –una financiera que se le atribuye a su vez a Lorenzo– en la que se cambiaban cheques vinculados con el circuito de remedios truchos y fondos del APE. Oyarbide planteó en algunas ocasiones la hipótesis de que se habría utilizado un mecanismo de lavado de dinero. Meses atrás, cuando procesó a Brito, deslizó que los aportes de campaña pudieron haber sido uno de los métodos usados.

Rinaldi será indagado el 12 de octubre, Diez el 19, Gramajo el 21 y Zin el 26.