La Corte Suprema denunció ante la Justicia penal al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, por no haber acatado una sentencia que lo obligaba a restituir al ex procurador general de la provincia Eduardo Sosa, separado de ese cargo hace quince años. El alto tribunal le había dado un ultimátum en octubre del año pasado y lo reiteró al mes siguiente. La resolución firmada ayer fue notificada al Congreso “para que adopte las medidas que considere pertinentes” y que, según explicaron en la Corte, podrían abarcar desde una citación al mandatario hasta la intervención de la provincia (ver aparte). Peralta, por su parte, ya anunció que no planea cambiar de postura.

“El incumplimiento de Santa Cruz de una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye un desconocimiento del principio de división de poderes” y “afecta la relación de subordinación propia del federalismo al que deben sujetarse todas las provincias argentinas cuando reciben un mandato del poder federal”, dice el fallo supremo. Explica, además, que le da participación al Congreso para “garantizar la forma republicana de gobierno” que pierde “su base misma” cuando se “ignoran” las disposiciones de la Corte. El Parlamento, explicó un alto funcionario del tribunal, es el que se debe ocupar de hacer cumplir la sentencia por los medios que le parezcan adecuados.

La denuncia penal contra Peralta, por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público, fue girada a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para que en esa jurisdicción se abra una investigación. En el fallo del 20 de octubre del año pasado, la Corte Suprema ya cuestionaba la “persistente y reiterada reticencia por parte de las autoridades provinciales” a devolverle el cargo a Sosa y le ordenaba a Peralta a hacerlo sin más demoras bajo apercibimiento de denunciarlo.

Tanto el gobernador y su fiscal de Estado como el fiscal que ocupa el lugar que le correspondería a Sosa intentaron frenar la decisión de los jueces supremos, pero la Corte reiteró su posición el 10 de noviembre. A esa altura, ya eran seis los fallos firmados por el tribunal, desde 1998 en adelante, todos en el mismo sentido. En el ínterin, la provincia llegó a ofrecerle 1,2 millón de pesos como indemnización, algo que el procurador destronado rechazó en una audiencia realizada en 2005.

Peralta, al conocer la nueva resolución, dijo que no tiene pensado cambiar de postura. “No conozco a ningún gobernador que haya sido sancionado por la Corte”, se quejó. También regañó porque dijo que se entera de las medidas judiciales por los medios, y que en este caso advirtió “intencionalidad política”. “Las medidas que he tomado son las medidas que la ley me permite tomar”, señaló, sin dar mayores explicaciones.

Sosa, de 58 años, había sido nombrado en 1990. Fue separado del cargo de procurador provincial –jefe de los fiscales y defensores– en 1995, cuando los legisladores santacruceños aprobaron una reforma que desdoblaba sus funciones en un puesto de agente fiscal y otro de defensor de pobres. Pero a él no le asignaron ninguno. En esa época, Néstor Kirchner gobernaba la provincia de Santa Cruz. Sosa atribuía su desplazamiento a que “no resultaba funcional” al poder político.

En diciembre del año pasado, el gobernador Peralta le pidió a la Legislatura provincial que desdoblara nuevamente el cargo de agente fiscal en dos cargos similares: uno con competencia civil, comercial y laboral, y otro electoral, contencioso-administrativo, correccional, de menores y minería. Sostuvo que el primero de esos cargos estaba destinado a Sosa y que con eso daba por acatada la orden de la Corte. Sin embargo, para el tribunal, que había dispuesto que se le asignara el cargo de fiscal general, “la situación de incumplimiento se mantiene, por lo que la omisión en que han incurrido las autoridades provinciales configura un desconocimiento inadmisible de sentencias de esta Corte”.

El fallo de ayer lleva seis firmas: las de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt. Enrique Petracchi no vota porque en las primeras intervenciones de la Corte, en su vieja composición, había opinado que era un problema local.

Para el Congreso, que ahora debe resolver cómo sigue esta historia, es una situación inédita.