“Yo, Christian Federico von Wernich, suspendo temporalmente mi actitud de no ingerir alimentos que iniciara 18 días atrás, dejo constancia de que la suspensión temporal la realizo a pedido de mi abogada defensora oficial para que pueda seguir ejerciendo mi defensa ante la Justicia sin condicionamientos de mi parte.” El ex capellán de la Policía Bonaerense condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad les anunció así a sus seguidores el levantamiento de la huelga de hambre. Los otros diecinueve reclusos que acompañaban la medida, entre ellos el ex comisario Miguel Etchecolatz, siguieron el mismo camino. Despotricaron contra la prolongación de las prisiones preventivas y empezaron a comer en el pabellón de lesa humanidad del penal de Marcos Paz.

Von Wernich agradeció a Abogados por la Justicia y la Concordia “su constante preocupación por denunciar los actos de prevaricato que los jueces están ejerciendo en las causas en que soy juzgado”. La asociación civil se formó en 2009 para defender a los definidos como “presos políticos”. El abogado Alberto Solanet es uno de los adláteres de la agrupación que suele despuntar el vicio pidiendo amnistías en sendas columnas de opinión publicadas en La Nación. “Pido a Dios que envíe el Espíritu Santo con sus dones para tener una Justicia ‘libre’, sin los aprietes políticos que tenemos en este momento”, se entusiasmó el cura condenado por participar en sesiones de torturas ordenadas por el general Ramón Camps y ejecutadas por los subordinados de Etchecolatz.

Von Wernich y Etchecolatz eran los dos represores más conocidos que se sumaron a la huelga de hambre que habían iniciado dieciocho procesados por torturas, asesinatos y desapariciones en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata. En Marcos Paz conviven 89 reclusos en el pabellón de lesa humanidad. A través de Facebook, Cecilia Pando había anticipado la medida por “todas las violaciones que se les hacen a los que están ilegalmente detenidos por haber combatido al terrorismo, que generan un precedente para que el día de mañana le suceda a cualquier argentino”. La medida no despertó solidaridades y los presos optaron por volver a ingerir alimentos, argumentando que no quieren obstruir el trabajo de la Justicia.

El último informe de la Unidad Fiscal, que encabeza Jorge Auat y coordina Pablo Parenti, data de junio pasado y precisa que “hay 464 detenidos en todo el país. El 55 por ciento en unidades penitenciarias, el 39 por ciento con prisión domiciliaria, el 4 por ciento en dependencias de fuerzas de seguridad y el 3 por ciento en hospitales y en el extranjero” y destaca que ya no hay represores presos en unidades militares a partir de sendas resoluciones tomadas en 2008 por la ministra de Defensa, Nilda Garré, avaladas por la cartera de Justicia. El relevamiento señala que “se han juzgado 123 personas, de las cuales 110 fueron condenadas y 13 absueltas” y “hay 654 procesados, de los cuales 325 están imputados al menos en una causa en etapa de juicio y 140 que serán procesados”.