La denuncia penal de la Corte Suprema de Justicia contra el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, por no acatar un fallo para reponer después de quince años al ex procurador Eduardo Sosa, llegó ayer a la Justicia santacruceña. El caso tuvo su segundo round. El gobierno calificó la iniciativa de la oposición de pedir la “intervención federal” como una “burrada”, porque era “una sentencia de imposible cumplimiento y no resiste ningún análisis”. “Es un golpe de Estado”, dijo a través del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Los diputados opositores insisten en que se debe cumplir con el fallo de la Corte y calificaron la posición oficial de “dislate institucional”.

“Nadie en sus cabales puede pretender intervenir una provincia por una sentencia de imposible cumplimiento”, afirmó ayer el jefe de Gabinete, sosteniendo la postura que había mantenido en la Cámara de Diputados el miércoles. El ex procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, había sido removido de su cargo en 1994 ante lo que inició acciones legales para ser repuesto. La Corte falló a su favor e inició una demanda penal contra el gobernador Peralta por no acatar el fallo. Pero en el medio se reformó la Constitución santacruceña, se eliminó el cargo que reclamaba Sosa y se creó la Fiscalía General en la que se desempeña Claudio Espinosa desde hace doce años, con acuerdo de la Legislatura local. Por eso, Fernández alegó además que “no hay forma de cumplir” la orden del máximo tribunal, porque para restituir a Sosa hay que remover a Espinosa, quien también desempeña el cargo que goza de “intangibilidad”. Por eso, Fernández aseguró que “hablar de una burrada semejante, como intervenir una provincia, por una sentencia de imposible cumplimiento, la verdad, no resiste ningún análisis. Es un golpe de Estado”.

El radicalismo, el GEN de Margarita Stolbizer y el Peronismo Federal son los tres espacios políticos que presentaron ante el Congreso proyectos de intervención, aunque con algunas diferencias. El diputado radical Ricardo Gil Lavedra –uno de los autores del proyecto presentado por su bloque– aseveró que “no se puede predicar la integridad del sistema constitucional” si la Corte Suprema “dicta sentencias que no se ejecutan” y explicó que la única manera en la que se puede intervenir en el conflicto era “dictando una ley”. Además calificó de “dislate institucional” la postura del Frente para la Victoria, que anunció a través de sus jefes de bloque en ambas cámaras que no iban a permitir el “avance de cualquier proyecto de intervención federal” a la provincia patagónica. En la misma línea, la diputada macrista y ex titular de la ONG Poder Ciudadano, Laura Alonso, cuestionó al jefe de Gabinete al asegurar que “cómo se le ocurre equiparar un fallo de la Corte Suprema con un golpe de Estado”, y advirtió que “la situación ya era grave y va empeorando cada vez que dice barbaridades nuevas”.

Mientras la denuncia llegaba ayer a manos de la jueza subrogante de Río Gallegos, Ana Cecilia Alvarez, después de pasar por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, el diputado del Peronismo Federal que responde al empresario Francisco de Narváez, Gustavo Ferrari, planteó como un “riesgo institucional muy grave” la decisión de Peralta, y coincidió con el rechazo opositor a que el kirchnerismo haya definido el pedido de intervención federal como un “golpe de Estado”. Por su parte, la jefa del bloque de diputados del Partido Socialista, Mónica Fein, convocó al gobernador santacruceño para que “se haga presente en el Congreso, donde le daremos los instrumentos jurídicos para hacer efectivo el fallo de la Corte Suprema, ya que no hay ninguna duda de que se debe y se puede cumplir la decisión de la Justicia”. A su vez, defendió la disposición del máximo tribunal de que sea el Congreso “el que deba interceder para efectivizar el fallo”, pero también aclaró que no estaban de acuerdo en que “la intervención a la provincia de Santa Cruz sea el primer paso que se deba dar”.