El gobierno nacional denunció ante el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza el “desapoderamiento ilegítimo de Papel Prensa SA a quienes eran sus propietarios”, los integrantes del grupo Graiver, y atribuyó ese “despojo” a una “voluntad mancomunada de las autoridades de la dictadura cívico-militar y de los propietarios de los diarios” Clarín, La Nación y La Razón, que participaron de la operación de compra-venta en la noche del 2 de noviembre de 1976. En la presentación, que realizaron el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el subsecretario, Luis Alén, piden ser querellantes y sostienen que la “apropiación ilegal” de la proveedora de papel se debe interpretar en el contexto de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, que tuvieron a los Graiver y personas de su entorno como víctimas. El documento reclama la indagatoria del dictador Jorge Rafael Videla, el ex almirante Emilio Massera, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el ex secretario de Desarrollo industrial Raymundo Podestá, a quienes acusa de asociación ilícita, extorsión, privación ilegal de la libertad, tormentos y la muerte a causa de las torturas en el caso de Jorge Rubinstein (abogado, mano derecha de David Graiver). Y como partícipes necesarios pide que sean interrogados los directivos de los diarios y de la firma que conformaron para el traspaso (Fapel): Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y los Peralta Ramos.

“El Poder Ejecutivo nacional entiende que los hechos objeto de esta querella constituyen graves delitos previstos por el derecho penal internacional que configuran violaciones a los derechos humanos”, dice la querella de casi 200 páginas presentada ayer, que tiene a su vez el patrocinio del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha. También asegura que, según los pactos internacionales, el criterio de imprescriptibilidad se debe aplicar tanto a “la autoridad del Estado” como “a los particulares que participen como autores o cómplices”.

Corazza es el juez a cargo de la investigación sobre los crímenes dictatoriales cometidos en los centros clandestinos del “Circuito Camps”, entre ellos Puesto Vasco, donde estuvieron detenidos la mayoría de los integrantes del Grupo Graiver. En abril último abrió un expediente aparte para analizar el traspaso accionario de Papel Prensa a raíz de una denuncia inicial de la Secretaría de Derechos Humanos, que había recibido el testimonio de Rafael Ianover, quien participó de la operación como testaferro de David Graiver, fallecido en un extraño accidente aéreo en México el 7 de agosto de 1976. Ianover relató que en plenas tratativas le dijo al dueño de La Razón Patricio Peralta Ramos (recientemente fallecido) que “temía por su libertad” y el empresario le aseguró que no le pasaría nada. Antes de concretar la venta, agregó en el juzgado, un grupo de tareas entró a su casa, revolvió armarios y se llevó de todo. El 12 de abril de 1977 lo detuvieron. Hoy volverá a declarar ante los fiscales Marcelo Molinas, Hernán Schapiro y Carlos Dalau Dum.

La Secretaría de Derechos Humanos plantea que “los delitos de lesa humanidad cometidos contra las víctimas del llamado grupo Graiver no comienzan con el secuestro, tortura y vejámenes de todos ellos” y el homicidio de Rubinstein, ocurridos desde marzo y abril de 1977, sino antes, “con la etapa extorsiva que lo antecede” y que incluyó “una cuidadosa preparación mediática” muy anterior a la cesión de acciones. En esa tónica, tras la muerte de David Graiver –socio mayoritario en Papel Prensa– sostienen que los diarios instalaban lo que llamaban el “caso Graiver” y la supuesta “necesidad de investigar al grupo” económico al que ligaban con maniobras ilegales y con Montoneros.

En ese contexto, dice la denuncia, “la dictadura terrorista” les hacía llegar “claros mensajes” a la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, a Isidoro Graiver, a Ianover y otros miembros de su círculo. Tenían que disolver el núcleo empresario y “Papel Prensa SA debía ser transferida a Clarín, La Nación y La Razón. Cualquier otra negociación no sería aprobada por el Estado”, socio en la papelera. “Estos mensajes eran directamente extorsivos (...) Sin las presiones, intimidaciones y amenazas efectuadas sobre los integrantes del grupo Graiver, la operación de venta de las acciones de Papel Prensa no se hubiera llevado adelante”, postula la querella.

Como respaldo, cita varios testimonios, algunos de los cuales ya en 1985 formaban parte de la pesquisa del ex fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas. Por entonces, por ejemplo, Lidia Papaleo de Graiver y su cuñado Isidoro Graiver relataban casi con idénticas palabras cómo fueron empujados a entregar Papel Prensa a los diarios (ver aparte). Tanto ella como Ianover ratificaron y ampliaron este año aquel viejo testimonio ante la Secretaría de Comercio y en tribunales. Precisaron que al momento del traspaso no pudieron leer lo que estaban firmando ni opinar sobre el precio, que quedó establecido en 946.600 dólares, con un adelanto de 7 mil.

Al analizar la operatoria, la denuncia enumera irregularidades, como la falta de precisión sobre cuántas acciones se traspasaban y un informe del Banco de Desarrollo que aseguraba que el precio pagado era “inferior al real” (ver aparte). “En ese marco absolutamente irregular, pero contando con la convalidación de sus asociados de la Junta Militar –dice el texto–, Clarín, La Razón y La Nación impusieron su criterio por encima de la legislación vigente, y la cesión de las acciones Clase A que habían sido arrancadas mediante extorsión a los integrantes del Grupo Graiver, quedaba aprobada” en la asamblea de accionistas del 18 de enero de 1977.

Los propios diarios publicaban, el 19 de mayo de aquel año, una solicitada que decía que habían “adquirido las acciones Clase A de Papel Prensa previa consulta y posterior conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe”, recuerda el escrito del Gobierno. Pero los Graiver y su entorno fueron detenidos. Lidia, su hermano Osvaldo Papaleo, Isidoro Graiver, su esposa Lidia Brodsky, Rubinstein, Ianover, Juan Graiver y Eva Gitnacht (padres de David), Silvia Fanjunl (empleada de los Graiver), Lidia Gesualdi (secretaria). La mayoría sufrió torturas durante su detención y luego fueron “blanqueados”, a disposición del Poder Ejecutivo.

Para investigar al grupo económico la junta nombró a un oficial preventor militar, que fue Oscar Gallino –ya fallecido–, señalado como interrogador también dentro de los centros clandestinos. Las constancias que dejaba Gallino de sus actividades forman parte de la prueba que la Secretaría entregó. El 7 de abril de 1977 a las 16.30 escribió que había recibido a “los directores y asesores letrados de La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo Fundador de Papel Prensa”. Esa visita, sostiene el Gobierno, “mostraba el grado de vinculación entre la dictadura y sus asociados” en Papel Prensa. Dos días después vuelve anotar que Podestá y (otra vez) “a los presidentes de los directorios de los diarios con sus letrados” concurrieron a “producir sendos informes”. También asienta la visita de las autoridades del Banco Central y del Banco Nación para considerar los casos del Banco Comercial de La Plata y el de Hurlingham. “Ese mismo día, Gallino preparaba los interrogatorios a tomar el día siguiente”, sostiene la presentación.

Diez días después la Junta Militar decidió la “interdicción de los bienes de los Graiver y la prohibición” de que pudieran disponer de ellos o administrarlos. Papel Prensa no estaba en el paquete, porque ya había sido “entregada como botín de guerra a sus socios Clarín, La Nación y La Razón”, denuncia el Gobierno. Los Graiver fueron condenados por asociación ilícita con Montoneros, pero en 1982 la Justicia federal revirtió esa decisión.

La Secretaría de Derechos Humanos señala que el gobierno de Raúl Alfonsín “reconoció la ilegitimidad del despojo de los bienes de los Graiver, entre ellos las acciones de Papel Prensa”, y que ya durante el juicio al ex capellán Christian Von Wernich, fueron juzgadas las detenciones ilegales y torturas de algunos de los Graiver como delitos de lesa humanidad. Remarcan que esos hechos no se pueden disociar de la venta de Papel Prensa y concluyen que la dictadura apostó “al control de la prensa escrita a través del control del papel”.