La presentación del Gobierno recopila testimonios clave, como los de Lidia Papaleo e Isidoro Graiver, en 1985, ante el entonces fiscal Ricardo Molinas. Ahí ya contaban que en octubre de 1976 el abogado de la familia, Miguel de Anchorena, le dijo a ella que según Francisco Manrique –el ex ministro de Bienestar Social– “el gobierno nacional vería con agrado la desaparición del conjunto empresario Graiver para lo cual sería necesaria la venta de los paquetes accionarios del Banco Comercial del Plata, del Banco de Hurlingham” y del “control accionario de PPSA (Papel Prensa) estimando que los compradores lógicos de este último paquete eran los diarios La Nación, Clarín y La Razón”. Este año Isidoro dijo otra cosa: que se vendió al mejor oferente. En plena dictadura y ante el Consejo de Guerra que juzgó a los Graiver, agrega la querella, Manrique y Anchorena coincidían con la descripción de una venta forzada. Según Manrique, el secretario de Industria, Podestá, le dijo “que el gobierno entendía que debía liquidarse al grupo Graiver” y que Papel Prensa se debía vender a los diarios.