Roberto Dromi.
Horacio Jaunarena.
Sonia Escudero.
Ernesto Sanz.
Adolfo Rodríguez Saá.
Hilda “Chiche” Duhalde.
Imagen: Télam, Sandra Cartasso y DyN.

El Ejército rechazó los proyectos de utilizar sus instalaciones y personal para un Servicio Cívico Voluntario destinado a jóvenes en situación de riesgo, por contradecir su rol constitucional y el marco legal vigente. Las iniciativas de los senadores Ernesto Sanz y Laura Montero (UCRMendoza), Adolfo Rodríguez Saá (peornismo opositor, San Luis) y José Pampuro (FpV, Buenos Aires), ya tienen dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y quedaron en condiciones de ingresar al recinto el próximo miércoles. El ministerio de Defensa ni siquiera fue consultado por la comisión y, de acuerdo con la opinión del Ejército, rechazó el dictamen, que enumera como objetivos del SCV “otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo” (que no describe en qué consiste), alentarlos a que terminen el ciclo educativo básico, capacitarlos en oficios, promover talleres culturales, artísticos y recreativos y fomentar “la cohesión social”. Su tratamiento en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, sin intervención de las de Defensa y Educación, revela una agenda oculta detrás de las bellas palabras. Las atribuciones de esa comisión, que preside la senadora Sonia Escudero (peornismo opositor, Salta) son dictaminar sobre todo lo que concierna al Poder Judicial, los códigos en lo penal, el régimen carcelario y “toda disposición de carácter punitivo o represivo que contenga cualquier rama del derecho”, incluyendo la penal juvenil. Es decir que, ni en forma tangencial, le corresponde opinar sobre cuestiones de Defensa y/o Educación. Estos proyectos forman parte de la histeria punitiva desatada al aproximarse las elecciones presidenciales y que también incluye la declaración de emergencia de seguridad propiciada por la senadora Hilda González de Duhalde (peornismo opositor, Buenos Aires), por la cual las Fuerzas Armadas volverían a intervenir en asuntos de seguridad interior; los planes inmobiliarios del gobierno bonaerense, que prevé la construcción de una veintena de cárceles y alcaidías con fondos del BID, y la proliferación de programas de “policía infantil” en la mitad de las provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe y Tierra del Fuego, en algunos casos con protección episcopal). Sólo en Misiones existen 27 de esos cuerpos. Tienen incluso una página en internet, www.policiainfantil.com.ar, creada por el comisario mayor retirado Ricardo Esteban Zarza, quien propone que los chicos de 6 a 14 años abracen “una vocación de servicio y solidaridad para proyectarse como buenos ciudadanos”. El 23 y 24 de octubre realizarán un encuentro en la localidad de Candelaria, organizada por la Policía Infantil Aeronáutica de Posadas, con el lema Mita Jory, que en guaraní significa “niños alegres”.

El no del Ejército

Como ya es costumbre en los proyectos de la oposición, no se contemplan las asignaciones presupuestarias que insumiría el extravagante servicio cívico en unidades militares. Menos brutal, o más disimulado que los proyectos de sus colegas, el de Sanz menciona como lugar de la capacitación “las dependencias disponibles del Estado Nacional, incluidas las correspondientes a las Fuerzas Armadas”, matiz que se perdió en el dictamen. Al conocerse los proyectos, la ministra de Defensa, Nilda Garré, solicitó la opinión del Ejército. Su Jefe de Estado Mayor, general Luis Alberto Pozzi remitió la cuestión al Departamento de Política Institucional de la Secretaría General del Ejército. El documento que recibió en respuesta dice que “no es posible identificar la conveniencia y oportunidad de llevar adelante la aplicación del Servicio Cívico Voluntario en dependencias de las Fuerzas Armadas y por personal de dichas fuerzas, teniendo en cuenta que ello implicaría la desnaturalización del instrumento militar, principalmente por las consecuencias sobre la organización, la utilización de los recursos humanos, materiales y presupuestarios de las Fuerzas Armadas y en especial a la luz de las tareas y responsabilidades propias y naturales del ámbito militar, que no incluye la enseñanza formal de adolescentes y jóvenes ni la capacitación en oficios”. También analiza un antecedente previo: el convenio firmado en 2005 por Pampuro, cuando era ministro de Defensa, con quienes ocupaban la jefatura del Ejército, Roberto Bendini, y la gobernación de Mendoza, Julio Cobos. Ese año ingresaron 254 alumnos y egresaron 111; en 2006 fueron 187 y 103; en 2007, 262 y 137 y en 2008 ingresaron 113 y egresaron 58. Este rendimiento declinante se debió “a la falta de adaptación a las normas de convivencia, al grado de inasistencias, a la no adecuación a los horarios a cumplir y a la disonancia con las expectativas generadas”. A despecho de esta realidad documentada por el Ejército, tanto Montero como Sanz mencionan la experiencia mendocina como exitosa. En consecuencia, Pozzi desaconsejó la participación del Ejército, alegando que no está capacitado ni tiene los recursos para hacerse cargo de una tarea ajena a su función como instrumento de la Defensa Nacional y contradictorio con su rol constitucional y con la legislación vigente. Las actividades de apoyo a la comunidad, asistencia y ayuda humanitaria “son subsidiarias y relacionadas con la protección civil y no contemplan la posibilidad de otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo, por no tener capacidad, ni aptitud, ni un marco legal que lo permita”, escribió. Según Pozzi los recursos, instalaciones y medios del Ejército fueron diseñados y organizados para la Defensa Nacional y no son aptos para colaborar con el sistema educativo. El personal idóneo para el dictado de los cursos que prevé el dictamen no alcanza ni siquiera para las necesidades del servicio. Tampoco hay instalaciones disponibles para el alojamiento ni capacidad de vestir y alimentar más personas que aquellas que cumplen con su Servicio Militar Voluntario. El Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, al que según el dictamen senatorial deberían someterse los niños y jóvenes que participen del SCV, excluye a “todo personal que no tenga estado militar”. Por lo tanto, sigue Pozzi, “la afectación del Ejército en el Servicio Cívico Voluntario podría condicionar el ejercicio de su rol”. Lo que sí podría hacer el Ejército para contribuir a la contención social es incorporar mayor cantidad de soldados voluntarios, dice. Pero el proyecto de los senadores se refiere a jóvenes de 14 a 24 años, y los soldados se reclutan entre los de 18 y 28. Luego de recibir este asesoramiento, Garré hizo público su rechazo al dictamen porque alejaría a las Fuerzas Armadas de su misión específica, “que es prepararse para la guerra y asistir a la comunidad en caso de catástrofes y emergencias”. Agregó que la finalización de los estudios secundarios y la capacitación en algún oficio para la reincorporación en el mercado laboral es uno de los objetivos del Servicio Militar Voluntario del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, cuyos reclutas tienen un sueldo de 3500 pesos, mientras el dictamen de opositores y confundidos contempla un ingreso equivalente a tres asignaciones familiares por hijo, lo cual en este momento ronda los 700 pesos.

Mayores tasas de delito

Antes de firmar el dictamen los miembros de la Comisión recibieron opiniones de diversos especialistas. Uno de ellos, el sociólogo Gabriel Kessler, especializado en cuestiones de pobreza, educación y violencia, recomendó fortalecer, extender y mejorar los programas y planes ya existentes que buscan la inserción educativa y/o laboral de jóvenes, como “Más y Mejor Trabajo” y “Jóvenes con Futuro”, en vez de aumentar “la fragmentación de las políticas sociales, que es una fuente de ineficacia, por implicar superposición y en muchos casos, incremento de costos”. El tratamiento de un programa de inclusión social en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales transmite el mensaje de que “la población objetivo podría estar potencialmente en conflicto con la ley, como si el SCV fuera una medida preventiva para evitar eventuales delitos”, agrega, lo cual “tiene un potencial estigmatizador”. Kessler detecta en los proyectos “cierta reminiscencia del Servicio Militar Obligatorio”, como si se diagnosticara “la necesidad de disciplina o mayor autoridad”. A la luz de la historia argentina y de la terrible situación de otros países de América Latina donde las Fuerzas Armadas están realizando tareas de seguridad interna, sigue, “no hay nada más desaconsejable que una medida que pueda erosionar el fuerte consenso existente en el país” para separar ambos cometidos. Al analizar los efectos del Servicio Militar Obligatorio, suprimido hace tres lustros, Kessler cita investigaciones según las cuales, a igualdad de otras variables, la población que había pasado por él exhibía “mayores tasas de delito”, lo cual se vincula con “un mayor conocimiento del manejo de armas” y con “ciertos contenidos de la formación militar que llevaba a una mayor cercanía con el uso de la fuerza para la resolución de conflictos y problemas”. Kessler dijo que era integrante del Acuerdo de Seguridad Democrática, que serían una fuente de ideas para fijar políticas racionales de seguridad.

El articulador

El articulador político de estos proyectos es el ex senador Eduardo Duhalde, quien en la Nochebuena de 2009 volvió a postular el empleo de las Fuerzas Armadas en los asuntos de seguridad interior. Propuso “declarar la emergencia nacional en materia de seguridad”, censar en 60 días a los que llamó “jóvenes en riesgo” para que “todos estos jóvenes que han cometido delitos, estén donde estaban antes los conscriptos”, donde se intentaría reeducarlos. Durante su breve interinato a cargo del Poder Ejecutivo, por la crisis que produjo cinco “presidentes” en una semana, Duhalde recibió un proyecto de su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y del jefe del Ejército, Roberto Brinzoni, de militarización de la seguridad interior e intervención castrense en el conflicto social, con la creación de un superministerio de Defensa y Seguridad que también se encargaría del control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones. Brinzoni lo describió como una pirámide verdeazul, en cuya base estaría la lucha contra el delito callejero, expuso estadísticas sobre el incremento de delitos en zonas urbanas, vaticinó que volverían a producirse saqueos y desórdenes en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires e identificó un área crítica, entre el sur de La Plata y el norte de Rosario, en la que viven 10 millones de pobres. El entonces secretario de Seguridad Juan José Alvarez, ofreció su renuncia y Duhalde no envió el proyecto al Congreso. Jaunarena y Brinzoni presentaron su propuesta para el retorno de la Doctrina de la Seguridad Nacional en la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina, EPOCA, propiedad del ex ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, instalada en un reciclado petit hotel de la calle Rodríguez Peña con el lujo ofensivo de las fortunas súbitas. Este año, Jaunarena y Dromi insistieron con su propuesta en el mismo lugar, pero esta vez patrocinados por el presidente de la Iglesia Católica argentina, Jorge Bergoglio, quien presentó un documento elaborado por ambos ex ministros. Ése denominado Contrato Social para el Desarrollo contempla “un sistema integral de seguridad pública y defensa común”. Incluye en el campo de la Defensa “el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el lavado de dinero, el terrorismo, etc.”, y crea un Consejo Federal de Civilidad y Convivencia Social, con el que deberán colaborar las Universidades estatales y privadas, las Fuerzas Armadas y las de Seguridad, las cámaras patronales, las organizaciones sindicales y los diferentes cultos.

La emergencia

El proyecto de emergencia de seguridad que Duhalde anunció hace menos de un año fue retomado por su esposa, quien ocupa la banca familiar en el Senado. El objetivo de su proyecto de ley es “dar una respuesta inmediata a los problemas más acuciantes relacionados con la vida y los bienes de las personas amenazados por el delito”. Reclama del Poder Ejecutivo que someta al Congreso un plan integral de radarización y control de las fronteras para “erradicar el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas y personas” y asigna el control del espacio aéreo a la Fuerza Aérea. Esto implicaría una enmienda de hecho a las leyes de Defensa y de Seguridad. En la actualidad, la Fuerza Aérea transmite la información obtenida por sus medios a las fuerzas de seguridad. La senadora Escudero, que preside la Comisión del Senado, fue coautora en 2008, junto con los diputados Francisco De Narváez y Eugenio Burzaco de un proyecto de ley que intentaba reformar el artículo 24 del Código Aduanero para permitir el derribo de aeronaves bajo autoridad de los jefes de la Fuerza Aérea. Esto implicaría introducir de lleno a la Argentina en la política de “Guerra a las drogas”, que Estados Unidos declaró en 1986, durante la presidencia de Ronald Reagan y cuya exportación ha tenido efectos catastróficos en países como Colombia y México. El proyecto González de Duhalde también encomienda al Poder Ejecutivo realizar en treinta días un “censo nacional de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social”, lo cual muestra un desconocimiento absoluto de la división de poderes y de la complejidad y lentitud de un proceso censal, cuando por otra parte es inminente el censo nacional 2010 de población y viviendas, en el que 600 mil censistas relevarán todo el país el miércoles 27 de octubre, antes de que la emergencia de González de Duhalde pueda convertirse en ley, si es que tal cosa alguna vez ocurre. El proyecto contempla además que el Poder Ejecutivo aplique “de inmediato”, como corresponde a esta concepción mágica, “programas de inserción de jóvenes de entre 14 y 25 años, que no estudien ni trabajen y se encuentren en situación de riesgo”; de becas para la reincorporación al sistema educativo y de reparación y mejoramiento de infraestructura para actividades deportivas, recreativas y de capacitación laboral en escuelas. También propone “utilizar establecimientos ociosos de las Fuerzas Armadas” para la rehabilitación de “niñas, niños, adolescentes con problemas de adicciones o penales”, y construir y reacondicionar cárceles “para alojar a todos los procesados y condenados por delitos”. La supervisión de este fantasmal plan de gobierno quedaría a cargo de una Comisión Bicameral de Seguridad Pública, a la que el Gobierno nacional debería informar todos los meses. En los fundamentos, se refiere a un “abrupto crecimiento de la delincuencia”. Los informes recibidos durante las audiencias de la comisión indican que pese al añadido de muchos metros cubiertos de nuevas cárceles, la sobrepoblación sigue adelantándose a la construcción, el 75 por ciento de los detenidos bonaerenses no tienen condena y la cantidad de personas privadas de su libertad no guarda relación con la cantidad de delitos que se cometen, lo cual incrementa los niveles de inseguridad. Esta constatación podría disuadir a la propia Escudero de apoyar el proyecto Duhalde.

El capitán Escarlata

El afán inmobiliario de la senadora Duhalde es compartido por el gobierno bonaerense y su ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor Ricardo Casal, cuyo plan tiene un costado risueño. En abril, Casal asistió al megaencuentro penitenciario y penal de las Naciones Unidas, que se realiza cada cuatro años. En plan de turismo, porque este año la sede fue Bahía, Brasil, la delegación argentina fue la más numerosa. Casal proyectó allí dos videos de animación, con muñequitos tipo Capitán Escarlata y música funcional, sobre su proyecto de construcción de cárceles, alcaidías y casas para alojamiento alternativo a la prisión. En el spot sobre las alcaidías los presos eran muñequitos gris oscuro y los guardiacárceles blancos. El fiscal caminaba como Robocop pero el defensor ostentaba una inmovilidad hiperrealista. No había juez y casi no se veían rejas. En el de las casas alternativas se mostraban jardines y patios de juegos para las mujeres detenidas, sin uniforme y acompañadas por sus hijitos, que hacían rondas, jugaban en toboganes y hamacas o a la pelota. En el punto culminante de su exposición, el alcaide mayor Casal llamó la atención sobre parrillas móviles con depósito para el carbón, para que los presos pudieran hacer asado, “la comida nacional, que une a los presos”. Los extranjeros no entendían y los argentinos luchaban por contener la risa. Con igual desdén por la inteligencia y predilección por los cuentos de hadas, Casal acaba de responder al crítico informe del Consejo de Defensores Generales sobre las condiciones inhumanas de vida en las superpobladas cárceles bonaerenses con su resolución 999, según la cual todas las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires serán inspeccionadas y cada mes se les asignará un puntaje, de 1 a 100, con el propósito de “profundizar el tratamiento resocializador”. Con una jerga de Management sobre herramientas de gestión, desempeño institucional y fases diferenciadas de diagnóstico, el nuevo reglamento crea una Comisión Evaluadora, que integrarán el propio alcaide mayor Casal y los altos jefes del Servicio Penitenciario Bonaerense, apoyados por un equipo de auxiliares. Durante sus visitas programadas o sorpresivas (a discreción) podrán tomar fotografías o filmaciones, fotocopiar documentación, entrevistar a internos, personal penitenciario o de Salud, requerir informes o pedir aclaraciones. Así evaluarán las condiciones de alojamiento, alimentación, provisión de ropa, actividad laboral, educativa y recreativa, mantenimiento, prevención de la violencia, gestión de la conflictividad e implementación de programas especiales. Es decir, aquello que se supone constituye la función del ministerio y el Servicio Penitenciario.