Delegados de la Unión Ferroviaria identificados por las cámaras de C5N: Jorge Krasacoski, Roberto Prado, Daniel González y Ricardo Arias.

Aseguran que un testigo del asesinato de Mariano Ferreyra pudo identificar que quien lo mató fue “el encargado del taller de Remedios de Escalada”. Así lo dio a conocer ayer Diego Cardías, uno de los trabajadores tercerizados despedidos del Roca, que difundió el dato en nombre de su compañero. La denuncia fue ratificada por Gustavo Mendieta, abogado del Partido Obrero, quien agregó que el testigo es un militante de la organización. Por otra parte, el canal C5N identificó en sus grabaciones a varios integrantes de la patota como miembros de la Unión Ferroviaria que trabajan en los Talleres de Remedios de Escalada. De esta manera, las sospechas apuntan todas hacia el mismo lugar.

Las denuncias tomaron estado público a través de los medios, y generaron un choque con la fiscal a cargo de la pesquisa, Cristina Caamaño, que se quejó de falta de colaboración con la Justicia. La funcionaria empezó a interrogar por la mañana a los testigos de lo sucedido, pero a medida que avanzaba el día fue juntando bilis porque ninguno de los que pasaban por su fiscalía decía poder reconocer a los atacantes, mientras las denuncias concretas se hacían por la televisión. Así, finalmente ella también apeló a los micrófonos. “Necesito que los que están denunciando vengan y declaren en la fiscalía lo que están diciendo por los medios”, advirtió. Como un termómetro de hasta dónde había llegado su malestar, acusó a los denunciantes de estar “usando la muerte de Mariano” para negociar con el Gobierno la reincorporación de los despedidos.

Consultado por Página/12, Cardías aseguró que el testigo clave va a presentarse a declarar. Contó que tienen identificado a quien mató a Mariano Ferreyra “con nombre y apellido”. “Todos los datos ya los tienen nuestros abogados, ellos van a aportarlos, y yo voy a declarar en cuanto me citen.”

Mientras tanto, las primeras declaraciones asentadas en el expediente sirvieron para que la fiscalía considerara probado que quienes atacaron salieron de la patota de la Unión Ferroviaria, despejando cualquier otra hipótesis. “Sabemos qué grupo fue el que atacó, lo que ahora nos faltan son nombres”, definió Caamaño. En las imágenes grabadas por C5N, el único canal que estuvo en el lugar, los investigadores no pudieron detectar a ninguna persona armada. Todavía les falta revisar videos de las cámaras de seguridad de la zona, pero la impresión es que difícilmente haya quedado un registro que sirva como prueba del asesinato.

En cambio, sí se comenzaron a conocer los nombres de algunos presuntos integrantes de la patota. Los periodistas de C5N revisaron las imágenes tomadas por el canal e identificaron a siete integrantes de la Unión Ferroviaria como parte del grupo que se enfrentó a los tercerizados y las organizaciones de izquierda que los acompañaban. Son casi todos delegados de la UF, de los Talleres de Remedios de Escalada. Entre los identificados por el informe aparece Jorge Krasacoski, congresal suplente de la seccional Sur del Gran Buenos Aires de la Unión Ferroviaria. Hay dos delegados de los Talleres, Ricardo Arias y Gustavo Alcorce. Otro de los señalados es Aldo Amuchéstegui, quien habría formado parte de la barra brava de Banfield y en la actualidad ocuparía el cargo de encargado de coches de Talleres. Finalmente, aparecen en las imágenes dos operarios de la misma dependencia ubicada en Lanús, Roberto Prado y Cristian Turquía. En las imágenes no se los ve disparando ni llevando armas, pero sí como parte del grupo que se juntó en Avellaneda para impedir el corte de las vías.

El titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, debió mirar los mismos videos en la fiscalía. Dijo que no podía reconocer a nadie. “Las imágenes están borrosas”, argumentó.

Las armas

La autopsia del cuerpo de Mariano Ferreyra concluyó que no le dispararon apoyando el arma sobre su tórax, ni a quemarropa. Los peritos del Cuerpo Médico Forense extrajeron la bala, que fue enviada a la Gendarmería para realizar pericias que permitan determinar su calibre y la distancia a la que se efectuó el disparo.

Además, se determinó que el proyectil que hirió en la cabeza a Elsa Rodríguez es de una 38, un arma de guerra considerada de no fácil manejo.

Otro tema del expediente es el rol de la Policía Federal. La fiscalía ya la apartó de la investigación; la fiscal dijo que no trabajará con esa fuerza hasta que no esté claro cuál fue su rol, y sostuvo que investigará si hubo una zona liberada.

Casi todos los testigos que ayer declararon ante ella cuestionaron lo hecho por los federales. Lisandro Martínez, dirigente del PO, fue uno de los que se acercaron a dar su testimonio. “Vi a una persona tirando. Tenía unos 40 años, robusto, no gordo, de pelo cortito negro y tez blanca. Tenía una remera celeste con rombitos. Estaba cerca de los patrulleros y la policía no hizo nada”, contó al salir de la fiscalía.

También aseguró que podría reconocer al tirador si lo tuviera enfrente. En este sentido, ayer aparecieron varias personas que sostuvieron lo mismo y que, de ratificarlo en los tribunales, podrían dar impulso a la investigación.

Este es el caso de Nelson Aguirre, el herido que ayer fue dado de alta en el Hospital Argerich. “Vi a uno de ellos, que claramente salió de la columna de la patota y empezó a dispararnos”, relató ayer en la Plaza de Mayo, donde participó de la marcha. El militante aseguró que la patota se movió con la complicidad de la policía, aunque habrá que esperar para saber con cuánto detalle pudo ver al que le disparó y si puede servir en la causa judicial para identificarlo. Para empezar, la fiscal se quejó de que el miércoles, cuando lo fue a visitar al hospital, Aguirre le aseguró que no había podido ver quién le disparó.

El panorama de la investigación mostraba ayer estos dos carriles paralelos, el de la denuncia por los medios, con datos que generan la expectativa de llegar a identificar a los culpables, y el de una causa judicial que parece mucho más escasa de pruebas concretas. Se supone que estos cauces van a unirse y que la demora en presentarse a declarar de quienes pueden identificar a los que hicieron fuego será nada más que una demora. En la medida en que no aparezcan imágenes de los que dispararon contra Mariano Ferreyra, la declaración de estos testigos hará que pueda haber o no una condena.