Por Horacio Cecchi y
Raúl Kollmann

“Actuaciones poco comprensibles.” Así consideró el juez Diego Barroetaveña, en su resolución, la intervención del fiscal Diego Molina Pico y la Bonaerense en el caso García Belsunce. El término constituye una acusación muy grave, de la que se desprende que fiscal y policías deberían ser investigados. El 30 de octubre del año pasado, tres días después de la muerte de María Marta, la policía realizó una visita al chalet del Carmel donde asesinaron a la mujer. Curiosamente, ese procedimiento es el primero que consta en la causa, en su primera página. Nada se dice hasta ese momento de la visita de Molina Pico y el comisario Aníbal Degastaldi al chalet, el 28 de octubre. La presencia del fiscal en el velorio es revelada en el expediente, más adelante, cuando un testigo declaró al propio fiscal: “Ese día la estaban velando y ahí lo vi a usted”. Nadie explica por qué Molina Pico inició la causa ni cómo se enteró para tomar intervención. A las nueve de la noche del 30, una comisión de la DDI de Pilar se presentó en la vivienda. En el expediente no figura ninguna citación a la familia. Pero en la casa, como si hubieran estado esperando esa visita se encontraban Carlos Carrascosa, Guillermo Bártoli, y Horacio García Belsunce (h). Pero lo que confirmó las sospechas es que allí también estaba la masajista Beatriz Michelini. Barroetaveña sugiere en su resolución que la visita fue avisada de antemano a la familia, sin que existan constancias en el expediente.
El primer folio del expediente del caso García Belsunce, elaborado por el fiscal Diego Molina Pico es una cédula fechada el día 30 de octubre del año pasado. En esa cédula, el fiscal ordenaba a la Departamental de Investigaciones de Pilar que inicie averiguaciones sobre la muerte de María Marta. Hasta ese momento del expediente, el fiscal no volcó su propia intervención, acompañado por el titular de la DDI de San Isidro, Aníbal Degastaldi, dos días antes, cuando a instancias del fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica –también amigo de la familia–, se presentaron en el chalet donde se realizaba el velorio.
Lo cierto es que el 30, a las nueve de la noche según consta en el expediente, se presentaron los hombres de la DDI de Pilar para realizar las primeras averiguaciones constatadas en el escenario. Allí figura que se encontraban cuatro personas: Carlos Carrascosa era una de ellas. “Es el dueño de casa. Tiene sentido”, confió una fuente judicial. Guillermo Bártoli también se encontraba. “Es el cuñado, también vive en el country. También tiene sentido”, prosiguió el especialista. La tercera mencionada es Horacio García Belsunce (h). “Vive en Boulogne. ¿Es raro que esté ahí? Es raro. Pero concedámosle que es el hermano de la víctima, que está dolido.” Es la cuarta persona la que termina por desatar las sospechas: Beatriz Michelini, masajista personal de María Marta. “¿Qué hacía ahí esa mujer, tres días después de la muerte? –pregunta la fuente judicial– ¿Qué relación tiene con el entorno íntimo de la mujer? ¿Y por qué estaban todos juntos a esa hora, como si estuvieran esperando la llegada de la policía, cuando nadie los había citado? Al menos, la citación no consta en la causa.” Todas dudas que el juez de Garantías de San Isidro, Diego Barroetaveña, consideró que deben profundizarse en la investigación.
El mismo juez definió como “vitales” las primeras 48 horas del caso, ya que en esas horas es muy probable que se hayan organizado coartadas, tapado pruebas y demás. Barroetaveña se preguntó en su resolución:
- Por qué las actuaciones fueron iniciadas el 30.
- Sugirió que la visita policial aquel día fue realizada en coordinación con la familia, ya que no existen citaciones.
- Por qué no se mencionó nada de la intervención de Molina Pico y Degastaldi el día del velorio.
- El juez agregó que, aunque en el expediente no haya sido citado, “existen elementos objetivos” de esa intervención previa. “Nora Taylor y Sergio Binello están imputados de encubrimiento por eso mismo, porque se los acusa de intervenir en la retirada del patrullero –sostuvo la fuente judicial–. Además de la llamada de Horacio García Belsunce a Casafús. Pero hay más, hay testimonios que indican la preocupación de Carrascosa por evitar que llegue la policía, que se las hace llegar a la señora Taylor.”
Cantidad de testimonios, incluso las declaraciones de Romero Victorica, dan la pauta de que las intervenciones tuvieron lugar, como mínimo, el 28. Concediendo que lo que figura en el expediente es lo único que es real, el juez se preguntó qué fue lo que llevó al fiscal a dar intervención policial el 30. “En cualquier causa, siempre hay un llamado anónimo, hay alguna denuncia, algo que hace que intervenga la autoridad –explicó la misma fuente–. Pero en este caso, de buenas a primeras, el 30, tres días después de la muerte, se toma intervención. ¿Quién llamó, cómo se enteró, qué sabía para decidir el envío policial? Nada de eso figura en el expediente, hasta más tarde.”
De la resolución del juez también se desprende otro interrogante: si la policía vio el cuerpo el 28 de octubre, ¿no debió haber sospechado de que no ocurrió un accidente doméstico? “La experiencia policial indica que de ningún modo hubiera pasado desapercibido el crimen o que, por lo menos, pasaba algo raro”, aseguró la fuente judicial. Si la instrucción policial, estimó Barroetaveña, se hubiera producido inmediatamente después del crimen “se hubiera contado con más elementos”.
También, de testimonios en el expediente surge que la intervención del fiscal tuvo lugar el día 28, aunque la causa no haya sido iniciada ese día. “Ese día la estaban velando y ahí lo vi a usted”, aseguró el testigo al mismo fiscal, quien así lo expuso en el expediente.
Sobre la participación del comisario Angel Casafús, titular de la Brigada Antisecuestro, el juez también se formuló interrogantes. Aquél “sacáme a la policía de encima” no figura en ninguna parte –el propio Casafús mencionó esas palabras a Página/12 durante una entrevista en diciembre pasado–. Según declaró Casafús ante el fiscal, Horacio García Belsunce (h) lo llamó acongojado por la muerte de su hermana pidiéndole que tuviera en cuenta el hecho, “vos sabrás”, aseguró Casafús que le recomendó HGB.
Casafús, incialmente juró y perjuró que la llamada se había realizado el día 28. “Me acuerdo que estaba con uniforme, y yo el uniforme lo llevo los días de semana, o sea que debía estar en mi oficina”, aseguró el comisario a este diario en diciembre pasado. Ese llamado, según consideró Barroetaveña, se acreditó que fue realizado el 27 a las diez de la noche. Casafús declaró en la causa que, ante ese llamado, inmediatamente llamó a Degastaldi y le dio las directivas de intervenir según las normas legales. “Pero esa orden tampoco figura en el expediente –reveló la fuente judicial–. Recién lo que consta en el expediente es la apertura de la causa el día 30.”
El juez incluso sugiere dudas respecto del horario en que ocurrió la muerte de María Marta. “De dónde se saca que todo ocurrió a esa hora –explicó la misma fuente–. Toda la investigación parte de la base de la hora de reunión para ver el partido. ¿Quién da esa hora? Los que participaron de ella: Carrascosa, Bártoli. Los dos están imputados por encubrimiento.”
Además, como señaló ayer este diario, Barroetaveña consideró al menos dudosa la participación de Carrascosa. Según la resolución:
- Fue el primero en llegar a la escena del crimen.
- Por la forma en que estaba la víctima, vestida y como agachada de afuera hacia adentro de la bañadera, no parece razonable que haya deducido que murió por un accidente.
- Estuvo en la reunión en la que se decidió tirar al inodoro el proyectil, bautizado por Horacio García Belsunce (h) como pituto. El fiscal sostieneque Carrascosa tuvo instrucción militar, por lo que no es creíble que haya confundido el proyectil con un pituto.
- Hay una testigo que sugiere que Carrascosa se opuso firmemente a que se realice la autopsia.
Esas evidencias ya figuraban en el expediente hace más de 45 días, aunque los pedidos de detención recién fueron formulados el jueves pasado.
En su resolución, Barroetaveña considera las actuaciones del fiscal y la Bonaerense, textualmente, como “poco comprensibles”. En un escrito judicial, semejante término tiene el sentido de una acusación de envergadura que instala de hecho la idea de que los investigadores deben ser investigados.
–¿El mismo fiscal se debería investigar a sí mismo?
–Lo que correspondería –explicó la fuente judicial– es que el fiscal eleve al fiscal general o éste intervenga por sí mismo y abra un expediente paralelo, en el que se investiguen todas las irregularidades que saltan a la vista.