La Policía Metropolitana adquirió, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, utilizando la modalidad de compra directa y secreta, material destinado a tareas de inteligencia y de contrainteligencia. Este hecho fue denunciado por los legisladores opositores Diego Kravetz y Raúl Fernández, que reunieron la documentación que prueba que la fuerza compró un software para realizar inteligencia criminal –algo que no está contemplado entre sus funciones– y otros dispositivos para detectar pinchaduras, interferencias y micrófonos ocultos. La causa que investiga el escándalo de las escuchas ilegales podría dar un nuevo giro que comprometería aún más la situación del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. El juzgado de Norberto Oyarbide pediría a la comisión investigadora que le remitiera la prueba documental para anexarla a la causa. En el macrismo reconocieron las compras secretas, pero rechazaron que hayan tenido como fin tareas de inteligencia. De todas formas, evitaron dar una respuesta formal a la denuncia.

A través del expediente Nº 1.311.125 de 2009, Eduardo Martino, a cargo de la Superintendencia de Comunicaciones de la Metropolitana, solicitó a su superior en ese entonces, Osvaldo Chamorro –sucesor de Jorge “Fino” Palacios–, la compra de un software de Inteligencia Criminal a la empresa Global Tech SRL. Ese pliego fue aprobado el 2 de noviembre de ese mismo año por el entonces ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro, que dispuso la contratación directa de la compañía, amparándose en una ley vigente a nivel nacional para compras reservadas.

Mediante un artilugio con un apartado de la ley de Contabilidad, la administración de Macri dispuso la compra bajo “circunstancias que exigen que operaciones del gobierno se mantengan secretas” del software por un monto de 560.472 pesos. Cualquier operatoria bajo esta modalidad está prohibida por la ley de compras de la Ciudad y vulnera la legislación para las adquisiciones de la fuerza. El 19 de noviembre se llamó a contratación directa y, finalmente, mediante la resolución 7 que lleva la firma de Montenegro, el 11 de enero de este año se le adjudicó a Global Tech la provisión del software, recientemente utilizado por el área de Telemática de la Metropolitana para identificar a un pedófilo.

El programa denominado “Sentinel Visualizar” es un sofisticado sistema de entrecruzamiento de información que permite importar datos personales, rastreados desde sitios públicos de Internet, mails y redes sociales, para determinar “parámetros de relación y predecir acciones”. La página web de la compañía incluye un demo del producto y deja en claro que es un programa que puede ser utilizado por gobiernos con fines de inteligencia. La existencia de este expediente fue reconocida por la Metropolitana en el pedido de informes de compras formulado por los legisladores, en el marco de la comisión investigadora. La Ley de Seguridad pública no permite que la PM lleve adelante tareas de inteligencia criminal, a pesar del intento del macrismo, en 2008, de crear un área para tal fin. “Esto es una muestra clara de que se está violentando la ley que creó la Metropolitana. No es una policía de proximidad, sino que es una policía que hace inteligencia”, subrayó Fernández, que criticó además el carácter secreto de las compras.

El otro expediente para la adquisición de cinco instrumentos de alta complejidad para contrainteligencia nunca fue incluido entre el material que fue provisto a los legisladores. “No está reconocida como existente”, fue la respuesta que obtuvo Fernández el lunes de la semana pasada, en dependencias de la cartera de Seguridad. La única referencia al expediente Nº 1.173.765 de 2009, cuya compra también fue solicitada por Martino, se desprende de una resolución del Ministerio de Justicia por la cual se efectuó una “compensación de créditos” del presupuesto de la Ciudad. Allí consta que el 1º de febrero de 2010 se reasignaron 660 mil pesos “a fin de llevar a cabo la adquisición de instrumental para el desarrollo de tareas inherentes a la División de Operaciones Técnicas de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios de la PM”. Los aparatos fueron comprados a dos compañías: Precisión Electrónica SRL y CIK Consultora Internacional.

Ambas importadoras fueron contratadas para suministrar: un analizador de espectro, cuyo fin es detectar “dispositivos de transmisión de vigilancia electrónica”; un detector de junturas, que advierte la pérdida de potencia en las líneas telefónicas “pinchadas”; un sistema analizador de redes y aparatos telefónicos, que “detecta la extracción oculta de información”; una videocámara con termografía, que identifica el calor humano y obtiene imágenes en entornos oscuros y, por último, un receptor portátil “diseñado específicamente para los usos de radio monitoreo de campo”. El dispositivo según la descripción “funciona en una gama de frecuencia ancha”. El receptor y la antena direccional forman un sistema de recepción compacto”. Todas las especificaciones técnicas adjuntas al expediente de compra describen aparatos creados para evitar operaciones de inteligencia, es decir, hacer contrainteligencia.

Desde el PRO negaron que esos instrumentos sirvan para hacer escuchas y dieron varias versiones sobre su posible uso, aunque aún no contestaron oficialmente. “El macrismo montó con absoluta conciencia un aparato de inteligencia, que queda demostrado con el personal que contrataron y con los instrumentos que compraron”, concluyó Kravetz, en lo que se anticipa como el comienzo de otro escándalo para el gobierno porteño.

Facsímil de la resolución para la reasignación de fondos.

Informe: Gabriel Morini.