Iniciados en la militancia bebiendo en las fuentes del yrigoyenismo, ya desde 2003 reconocíamos públicamente que Kirchner corría velos detrás de los cuales siempre se ocultan los poderes reales. Los iba identificando “con nombre y apellido”, esclareciendo maniobras y lenguajes crípticos, y explicitando sin ambigüedades las contradicciones de intereses en pugna. Lo hizo desde una perspectiva nacional –pero no de patria chica– y de mayorías o minorías postergadas. En ese trajín, puso en evidencia a los voceros de aquellos poderes en el sistema político institucional, que carecía de representatividad en la medida que no expresaba los intereses sociales, sino casi todo lo contrario y cuya reconfiguración intentó pero no logró, lo que explica que esos voceros estén todavía formalmente identificados con distintas siglas partidarias –tanto opositoras como oficialistas– cuando en realidad pertenecen a una derecha sin matices relevantes. También fueron quedando al descubierto amanuenses de variado pelaje que operan desde el sistema mediático. Asimismo, el devenir político fue mostrando una y otra vez la sempiterna incapacidad para conectarse con la realidad nacional de una izquierda que termina siendo funcional a la reacción.

Pero todo esto, que no es poco en un país dependiente cuyas amplias capas medias han sido histórica y sistemáticamente colonizadas, no hubiera trascendido los efectos meramente testimoniales si, además, Kirchner no hubiese conducido un proceso que modificó en proporciones nada despreciables la relación de fuerzas entre los sectores dominantes y el conjunto social. Esa dinámica y su correlato político permitieron concretar progresos fundamentales, profusamente explicitados en estos días, que podrían sintetizarse en un alto y sostenido crecimiento económico basado sobre todo en el ahorro interno y en una mayor participación del sector industrial; mejoras en las condiciones de vida particularmente de los sectores populares; defensa de los derechos humanos y ausencia total de represión de la protesta social; fortalecimiento de la democratización en el plano político-cultural con iniciativas como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Canal Encuentro; una mayor autonomía en las decisiones nacionales, proyectada en fuertes alianzas con el bloque de naciones suramericanas y en una efectiva solidaridad con toda América latina, retomando así las mejores tradiciones de los movimientos populares que ha conocido nuestra historia.

Sin embargo, las transformaciones realizadas son insuficientes. Deberían ser complementadas, por ejemplo, con una reforma tributaria que contemple reducciones de los impuestos al consumo, aumente la progresividad de los que pesan sobre las ganancias y contemple algún tipo de gravamen a las rentas financieras, y una reforma de la legislación que regula al sector financiero, entre otras. Si además se tiene presente la experiencia reciente, posterior a las elecciones de 2009, indicativa de que ante la adversidad hay que fortalecer el rumbo general y no cambiarlo, se comprende que hay continuar, y que para continuar hay que profundizar.

Ahora bien, como no podía ser de otra manera, se han afectado y se seguirán afectando importantes intereses y privilegios, por lo que la realización del proyecto iniciada hace siete años fue y seguirá siendo acechada y agredida con ataques más o menos encubiertos como los cínicos pedidos de “diálogo” y “consenso” relanzados ahora o las críticas a la autenticidad presidencial por parte de oportunistas del saludo fácil, lobos que pretendieron disfrazarse de cordero pero fracasaron en su intento por tener una foto piadosa en los funerales del ex presidente. Son intentos de alterar el rumbo y, por lo tanto, desnaturalizar el proceso transformador. La Presidenta ha sido contundente al señalar que no lo permitirá; con la firmeza genuina de los antiguos compromisos y de los sentimientos en estado puro, Cristina aseguró que no habrá marcha atrás, nosotros la seguiremos acompañando.

* Presidente del ENRE.