La investigación judicial sobre el asesinato del militante de Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra tendría más detenidos en breve y entre los sospechosos buscados podría haber no sólo matones sino algún dirigente de la Unión Ferroviaria (UF). Esa es una de las principales razones por las que la jueza Wilma López resolvió ayer prolongar el secreto de sumario en el expediente por lo menos diez días más, según informaron allegados a la causa. La decisión también se debe al pedido del principal acusado como autor material del crimen, Cristian “Harry” Favale, de ampliar su indagatoria. A su vez, por orden del juzgado, comenzó una pericia que apunta a establecer qué papel cumplió la Policía Federal en el ataque de la patota ferroviaria a los trabajadores tercerizados, a través del análisis de las modulaciones y otras comunicaciones desde los patrulleros que estaban en la zona cuando mataron a Mariano.

Esta semana la fiscal Cristina Caamaño impulsó una batería de nuevas medidas en el expediente, que incluyeron pedidos de detención que apuntarían tanto a ferroviarios que participaron de la emboscada en Barracas en la que fue asesinado Ferreyra, como a dirigentes sindicales vinculados con la organización y el reclutamiento del grupo de choque enviado para “evitar” la protesta en las vías, que se presume que tuvo su base en los Talleres de Remedios de Escalada. Hasta ayer a la noche todo indicaba que la jueza ya había dispuesto por lo menos una captura: la de un empleado ferroviario de Quilmes que participó de la gresca, búsqueda que le encomendó a la Gendarmería.

La decisión de la jueza de prorrogar el secreto de sumario tomó por sorpresa a algunos de los abogados defensores: la medida les impide acceder a las pruebas recolectadas tanto a ellos como a los querellantes. El secreto suele durar diez días, a menos que “la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación” lo requieran. Favale, barrabrava de Defensa y Justicia, volverá a declarar en cuanto la jueza lo convoque. En su indagatoria inicial declaró unos pocos minutos y luego tuvo un ataque de nervios. En ese lapso, de todos modos, alcanzó a culpar del crimen a otro barrabrava –pero de Racing– conocido como Gabriel “Payaso” Sánchez. “Harry” Favale quiere volver a declarar: según su abogado es porque quiere decir, entre otras cosas, dónde están las armas usadas en el crimen. Entre los otros abogados defensores hay también expectativas por que brinde más detalles sobre cómo se organizó el ataque a los tercerizados de la ex Roca. Favale ya fue acusado por cinco testigos, dos de ellos de identidad reservada.

Aunque en algún momento trascendió que se aplicaría la figura de asociación ilícita a los imputados, en la fiscalía se inclinarían por atribuir homicidio agravado por la participación de dos o más persona. Si se define la responsabilidad de dirigentes ferroviarios, podrían quedar implicados como cómplices. Pablo Díaz, quien habría sido el reclutador, está detenido. Pero hay otros –como Juan Carlos “Gallego” Fernández y Humberto Martínez– señalados por testigos e imputados, en especial Juan Carlos Pérez, el portero de los talleres de Remedios de Escalada. Los elementos obtenidos en una serie de allanamientos pedidos por los abogados del PO en las oficinas de la Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) también podrían echar luz sobre este aspecto, ya que los trabajadores que fueron reclutados para romper la protesta de los tercerizados habrían recibido una especie de licencia para justificar su ausencia al trabajo. Podría haber e-mails que den constancia de esto.

Esta semana se pusieron en marcha las pericias ordenadas sobre los celulares de los seis detenidos, para ver con quiénes se comunicaban antes y durante los hechos del 20 de octubre y desde qué lugar lo hacían. El juzgado también ordenó el análisis de las modulaciones de los patrulleros que estaban en la zona y con quién se comunicaban. El perito de oficio designado es Ariel Garbarz.