Guillermo Armando Uño, un empleado ferroviario, se convirtió en el séptimo detenido en la investigación del asesinato del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra. Algunos testigos habían dicho que lo vieron armado y al menos uno habría señalado que repartió armas entre la patota de la Unión Ferroviaria (UF) que atacó a los trabajadores tercerizados de la ex línea Roca. Uño fue indagado ayer por la jueza Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño y admitió haber participado en la gresca –algo que muestran las imágenes recopiladas en la causa–, aunque negó las acusaciones. Su declaración no fue muy convincente: dijo que nadie lo había convocado para ir a impedir el corte de vías, sino que había ido en forma “espontánea”. Su teoría es que todo lo que ocurrió fue así, “espontáneo”.

Uño, de 54 años y aspecto fornido, trabaja en los talleres de Ferrobaires en “Kilo 4” y es afiliado al gremio, según informaron allegados a la causa. Las imágenes tomadas por C5N y las que fueron captadas por algunos teléfonos celulares y constan en el expediente lo muestran participando activamente junto a la patota ferroviaria el 20 de octubre, cuando mataron a Mariano y fueron baleados Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Fue detenido en la noche del martes en la zona de Florencio Varela y seguirá preso. Por lo pronto, hoy sería sometido a una rueda de reconocimiento. Esto se debe a que algunos testigos que declararon en la investigación se refirieron a él y dijeron que estaba armado, o incluso que habría distribuido armas.

La declaración de Uño duró cerca de tres horas, en las que dijo que no llevó armas ni vio a nadie disparar. Tampoco nadie lo había reclutado, alegó, para ir a romper la protesta de los tercerizados y las agrupaciones de izquierda, sino que al enterarse del corte de vías había ido en forma voluntaria, “espontánea”, habría declarado. De este modo, intentó dejar a salvo al delegado ferroviario Pablo Díaz, quien también está detenido y fue señalado por testigos y por uno de los imputados (el portero de los talleres de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez) como el reclutador del grupo de choque, que incluyó barrabravas como Cristian Favale (de Defensa y Justicia), hasta ahora principal acusado del homicidio, y Gabriel “Payaso” Sánchez (de Racing). A esta altura, sin embargo, para los investigadores es casi indudable que hubo un ataque organizado desde la Unión Ferroviaria, pero aún están en proceso de ser individualizados los dirigentes que tuvieron un papel gravitante en el armado.

Ciertas versiones que vinculan los hechos con el duhaldismo relacionan también a Uño con dos hombres de Ferrobaires, Héctor Carruega y Norberto Saldaña. El primero tiene fama de integrar la trama de negocios alrededor de la venta ambulante. Uño, antes de ser contratado como ferroviario en 2005, era vendedor ambulante. Ayer lo asistió como abogado defensor Octavio Aráoz de Lamadrid, un ex secretario federal que subrogó casi cinco años el juzgado del destituido Juan José Galeano y se hizo famoso por varios razones: se sacó uno en un controvertido concurso para juez (en rigor, casi nadie llegó a cuatro), instruyó varias causas contra kirchneristas y renunció el año pasado cuando el Consejo de la Magistratura lo citó por no investigar una golpiza durante un allanamiento ordenado por él.

La jueza López aceptó el pedido de la defensa de “Harry” Favale de ampliar su indagatoria una vez que se levante el secreto de sumario –algo que podría ocurrir en diez días– porque de esa manera sabrá qué pruebas lo incriminan. Se sabe, hasta el momento, que por lo menos cinco testigos dicen que lo vieron armado y lo relacionan con los disparos que mataron a Mariano. Las pericias que se realizaron hasta ahora detectaron balas de una sola arma. También es evidente que quien tiró apuntó a los cuerpos. Pero esos análisis están aún incompletos. A Nelson Aguirre, por ejemplo, todavía no le pudieron extraer un proyectil. Y por las declaraciones de los testigos recopiladas hasta el momento se presume que por lo menos cuatro personas habrían estado armadas. Aunque eso no equivale a que hayan disparado, revela una intención.

Hay otras dos vertientes de la pesquisa judicial en pleno desarrollo. Una es la que apunta a las responsabilidades de dirigentes de la Unión Ferroviaria. La jueza ya analiza medidas y más pedidos de detención que habría sugerido la fiscalía. Hay declaraciones que hablan de reuniones previas en los talleres de Remedios de Escalada y filmaciones de los momentos previos a la emboscada en que los matones llegan al lugar y se juntan, entre otros, con Díaz. Un testigo de identidad reservada, además, habría apuntado al segundo del gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández, y al dirigente Humberto Martínez. La otra arista es la que apunta a la responsabilidad policial: mientras se analizan las comunicaciones de los policías (federales y bonaerenses) que estaban en la zona, a través de las imágenes ya se habría identificado a algunos de los uniformados que, cuanto menos, no actuaron para impedir la embestida de los ferroviarios y los balazos.