Favorecido por un fallo de la Cámara Federal, Fernando de la Rúa está más cerca de quedar libre de culpa en forma definitiva por la masacre de diciembre de 2001. La sala II de ese tribunal, con la disidencia del camarista Horacio Cattani, confirmó el sobreseimiento del ex presidente por cinco homicidios y 234 lesiones producidas en la represión de la rebelión popular del 19 y 20. Los querellantes apelarán ante la Cámara de Casación y, eventualmente, ante la Corte Suprema.

La resolución buscó establecer la responsabilidad de De la Rúa por haber decretado el estado de sitio la noche del 19 de diciembre, como un intento de frenar las protestas alrededor de la Casa Rosada. Aquella decisión desató los “cacerolazos” y aumentó la protesta en el centro porteño, hasta que al día siguiente efectivos de la Policía Federal reprimieron a balazos y cinco manifestantes fueron asesinados. Para los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, el haber decretado el estado de sitio no coloca a De la Rúa en “posición de garante” de la vida e integridad física de los ciudadanos en un contexto de conmoción interior, y él podía confiar en sus subalternos y delegar el control de la policia y la información de los acontecimientos.

Sin embargo, para el juez Cattani, el ex presidente tenía la obligación de tomar recaudos para preservar la seguridad de las personas, ante la evidencia de que podían producirse desbordes de las fuerzas de seguridad, más aún cuando el Ejecutivo ordenó a la policía impedir la llegada de los manifestantes a la Plaza de Mayo. Descartó que De la Rúa pudiera invocar en su favor la aplicación del principio de confianza para desligarse de responsabilidad.

Rodrigo Borda, del querellante Centro de Estudios Legales y Sociales, opinó que el fallo es “grave porque establece que De la Rúa actuó en forma diligente al dictar el estado de sitio, lo cual plantea que la protesta de la gente frente a esa actitud habría sido ilegítima”. El abogado del CELS sostuvo que la gravedad es “no sólo jurídica sino política e histórica porque sienta un mal precedente”. En tanto, María del Carmen Verdú (Correpi) destacó que la Cámara tomó los argumentos de la defensa del ex presidente y sostuvo que él no sabía lo que pasaba en la calle. “De la Rúa no ordenó que disparen, pero tenía obligación de evitar la masacre, podía decir que paren, le era exigible por su rol de garante de la seguridad de todo el país. Por fallos como éste es que a un policía de gatillo fácil, como Segovia, al que ahora están juzgando, pretenden darle una probation”, apuntó Verdú. A Rodolfo Yanzón (Fladh) le sorprendió gratamente el voto de Cattani porque sostuvo que De la Rúa “sí se encontraba en posición de garante y debió haber tomado medidas para evitar lo que sucedió”.