Tras seis meses de detención en el penal de Marcos Paz, Roberto Martino, titular del Movimiento Teresa Rodríguez, inició una huelga de hambre en reclamo de ser excarcelado. El dirigente fue arrestado en el marco de una causa abierta por los incidentes que se produjeron frente a la Embajada de Israel, cuando se realizó un acto por el aniversario de la creación de ese Estado y militantes de su organización hicieron una contramarcha en repudio al bombardeo que acababa de realizar la aviación israelí contra poblaciones palestinas. Ese día hubo una gresca entre los manifestantes que celebraban el aniversario de Israel y los de la contramarcha. La policía detuvo a cinco personas, todas integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez. El caso quedó a cargo del juez Claudio Bonadío, quien días más tarde ordenó el allanamiento del local del MTR en Florencio Varela y detuvo a las diez personas que se encontraban en el lugar. En una habitación, que se supone era el dormitorio de Martino, la policía encontró dos armas y botellas con armas. Bonadío procesó a los 15 integrantes del MTR por prepotencia ideológica, violación a la ley antidiscriminación, lesiones y resistencia a la autoridad. Los 15 pasaron dos meses en prisión hasta que su caso llegó a la Cámara de Apelaciones, que revocó la mayoría de los procesamientos y dejó sólo a cinco encausados, pero con cargos excarcelables. Sobre Martino, quien no había participado de la contramarcha, quedó un pedido de captura. El dirigente fue detenido a mediados de este año y no ha conseguido todavía recuperar la libertad. El cargo más grave que le formulan es el de tenencia de armas, y también fue procesado por violación a la ley antidiscriminatoria. Su abogado, Martín Alderete, señaló como un absurdo que el juez Bonadío haya acusado a su defendido de dirigir una organización militarizada, de carácter político-militar. “Martino es un dirigente social conocido, su trayectoria ha sido pública, y a lo largo de los años jamás ha hecho una sola protesta con armas. Cientos de cortes de ruta y de movilizaciones lo demuestran. También es desmesurado que por una pelea callejera haya ordenado allanamientos a los locales del MTR. El criterio del juez fue el de criminalizar la protesta social, al punto de que en una marcha que realizaron los compañeros de Martino a los tribunales para pedir su libertad, Bonadío intentó que se identificara a todos los manifestantes.” El 23 de este mes está prevista una audiencia en la Cámara de Casación en la que se tratará su pedido de excarcelación. Organizaciones sociales montarán desde este lunes una carpa frente al Congreso por la libertad del dirigente.