La Corte Suprema hizo lugar a un planteo del gobierno nacional y suspendió por 90 días las obras en la represa Ayuí Grande, un emprendimiento privado que prevé la inundación de ocho mil hectáreas para el cultivo de arroz en la provincia de Corrientes. El fallo del máximo tribunal ordena que se analice si la iniciativa provocará un daño ecológico irreversible o alguna violación al Estatuto del Río Uruguay. Referentes de organizaciones ambientalistas celebraron la resolución y la calificaron de “positiva, prudente y justa”.

En un escrito de diez páginas, la Corte consideró “insuficientes” los argumentos esgrimidos por la provincia de Corrientes para no enviar parte de la documentación pedida por el Ejecutivo nacional y pidió cancelar provisoriamente la construcción de la represa “a los efectos de que las áreas competentes del Estado nacional puedan expedirse acerca de su viabilidad”. El dictamen lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay.

El megaemprendimiento agrícola Ayuí Grande planea la creación de un lago artificial de una superficie equivalente a la mitad de la ciudad de Buenos Aires para establecer allí un campo de cultivo de arroz. La inversión del proyecto está a cargo, entre otras, de las empresas Copra SA (vinculada con el directivo del Grupo Clarín José Aranda) y Adeco Agro (propiedad del magnate húngaro George Soros), quienes cuentan con el aval del gobierno correntino.

En agosto, la Cancillería le había requerido al gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, informes acerca de la situación de las obras, pero la provincia se limitó a contestar que aún no habían comenzado y le dijo que tenía los documentos en el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) pero que no se los enviaba por su volumen. Para la Corte, “las excusas invocadas por el señor gobernador para no remitir a las autoridades nacionales la documentación que le fue requerida no constituyen razones suficientes para justificar esa negativa”. Por ello, los magistrados hicieron lugar al recurso presentado por el Estado y ordenaron suspender “las obras proyectadas” en Ayuí por noventa días, en tanto se valore si éstas están “alcanzadas por las previsiones” del Estatuto del Río Uruguay firmado en 1975.

“Este es un llamado de atención fuerte, es tiempo que tanto las empresas como el gobierno de Corrientes reconozcan la imposibilidad de avanzar con este emprendimiento ilegal”, expresó el biólogo Aníbal Parera, colaborador de la Fundación Iberá, quien estimó que “la resolución es predecible, prudente y justa”. El coordinador de la campaña Salvemos al Iberá, Emilio Spataro, sostuvo por su parte que el fallo “va en sintonía con lo que veníamos reclamando desde el ambientalismo”. “Estaremos atentos para que se cumpla la disposición de la Corte Suprema y seguiremos con nuestro accionar en defensa de los recursos naturales”, concluyó Spataro. La semana pasada, varias organizaciones participaron en la capital correntina de una marcha contra Colombi y le acercaron un petitorio a su ministro de Producción, Jorge Vara, quien semanas atrás había defendido la iniciativa como una señal “para las inversiones de capitales”.