La escena parece de película. Los ejecutivos de una importante multinacional se encuentran en el Hotel Sheraton Park Tower. Ocupan un coqueto salón, porque quieren conversar en estricta reserva con sus asesores legales sobre un millonario juicio laboral que afrontan y aspiran a revertir. Hablan en inglés, aunque algunos son porteños. Uno de ellos apura la discusión sobre “el asunto más importante”. “Los nuevos jueces que ahora están en la causa –se entusiasma– estarían aceptando ofertas para definir el caso a quien les pague la retribución.” Ahí le da la palabra a quien describe como el hombre clave, “el coordinador”, quien dice: “Cuando se decidan es un solo llamado para proceder”, “discutamos, digamos, qué clase de compensación final está incluida”. “Alguien”, agrega, “tendría que hacer un depósito en una escribanía”. “Nunca vuelvan a hablar del tema, ni siquiera vuelvan a mencionarlo”, recomienda. En el salón de al lado, un cartel pide silencio para un curso de meditación. Lo que los señores de negocios no saben es que desde allí, en realidad, los están escuchando y grabando.

El audio está desde hace dos meses en manos de la Justicia y, según los denunciantes, sus protagonistas no serían meros actores de reparto. De acuerdo con la presentación judicial, que pide investigar si hubo o se intentó un soborno, la persona que anuncia que los jueces estarían dispuestos a recibir dinero sería Eric Van Meel, director de la filial argentina de la multinacional Atlas Copco. El hombre al que presenta como el “más importante” de la reunión, “el coordinador”, es supuestamente Juan Curutchet, el actual vicepresidente del Banco Ciudad, nombrado durante la gestión de Mauricio Macri. La entidad que dirige tiene, entre sus funciones, la de custodiar las cuentas judiciales. El caso todavía no tiene juez definitivo: hay una pelea de competencia entre el juez federal Norberto Oyarbide y la titular del juzgado de instrucción 40, Inés Cantisani. En rigor, ninguno de los dos lo quiere. Pronto la Cámara Federal va a definir quién se lo queda.

Oyarbide fue el primer juez que recibió la grabación, a mitad de septiembre. La presentó Daniel Yoan, un ingeniero ex empleado de Atlas Copco que fue despedido en 2007. Era viajante de comercio y cuenta que trabajó 17 años en la compañía, una poderosa fabricante de maquinaria industrial, compresores, equipos de construcción y minería. También entregó una transcripción de la supuesta conversación y una traducción –que firman dos traductores públicos–, ya que la mayor parte habría sido en inglés. El escrito, que está a su vez en poder de la fiscalía de Eduardo Taiano, dice que el cónclave fue en el Salón Polo del Sheraton Park Tower, el 7 de septiembre último al mediodía. Como para que los investigadores confirmen la veracidad de la denuncia, Yoan incluyó fotogramas que muestran la ubicación de las cámaras de seguridad visibles en el recorrido que debieron hacer los asistentes.

En la conversación, de acuerdo con la documentación aportada, los ejecutivos buscaban una “solución” a la causa laboral, en la que Atlas Copco carga con una sentencia de primera instancia que ordena pagarle a Yoan 6 millones de pesos, dinero que está embargado, depositado en el Banco Ciudad.

Entretelones

Yoan tenía una razón para presentarse en un primer momento en el juzgado de Oyarbide: allí había denunciado, junto con su abogado laboralista Marcelo Domínguez, que Atlas Copco habría alterado sus actas de constitución de domicilio en la Inspección General de Justicia (IGJ) para eludir o dilatar la demanda por su despido. La jueza laboral le mandaba las notificaciones a la empresa a avenida Santa Fe 1193 piso 3º, pero allí las rechazaban. El fallo indemnizatorio fue dictado en rebeldía. Con la excusa de que había sido mal notificada, la compañía planteó la nulidad de la sentencia. Alegó que su dirección era en el mismo edificio, pero dos pisos más abajo. Como por arte de magia los datos habían cambiado en el sistema y los papeles.

La pesquisa de Oyarbide trascendió el caso de la empresa sueca. Yoan y Domínguez habían filmado con cámara oculta a personal de la IGJ ofreciendo y confesando la alteración de registros societarios. El organismo se autodenunció y el juez comenzó a desentrañar una increíble organización integrada por empleados que actuaban en combinación con una escribanía que ofrecía toda clase de servicios para facilitar estafas, lavado de dinero y evasión. Hay cinco procesados por asociación ilícita, entre ellos un directivo de la IGJ (ver aparte).

En el caso de Atlas Copco, una pericia de Gendarmería reveló en julio que, por lo menos, diez firmas de la abogada autorizada para hacer el cambio de domicilio en la IGJ –Milagros Arrizabalaga– estaban falsificadas y faltaba el sello requerido del Colegio de Abogados, señalaron fuentes judiciales. El director local Van Meel y Carlos de la Fuente, gerente financiero, están citados a indagatoria (aún sin fecha) y tienen prohibida la salida del país, según confirmaron funcionarios judiciales. Nada de esto, es evidente, les ayuda en la causa laboral.

Apenas recibió la grabación que habla de un posible soborno, Oyarbide puso el expediente bajo secreto de sumario. La causa laboral, con pedido de nulidad de los suecos, está a estudio de la Sala III de la Cámara del Trabajo. Esa sala tiene sus tres cargos vacantes desde mitad de año y actúan jueces subrogantes. Uno de ellos, Luis Alberto Catardo, fue recusado por Yoan y Domínguez la semana pasada, porque –advierten en un escrito– “se encuentra afectada” su “debida imparcialidad en razón de haber mantenido audiencias privadas con los doctores Jorge Anzorreguy (abogado de Atlas Copco) y Juan Curutchet” sin haber “procurado la presencia de la contraparte o de su letrado en la causa”. La recusación también alcanza al secretario Leonardo Bloise. En el juzgado de Oyarbide los querellantes ofrecieron tres testigos que darían cuenta de los contactos.

Momento de meditación

Enterados de la reunión de septiembre en el Park Tower, Yoan y Domínguez alquilaron el salón contiguo para monitorear lo que se iba grabando. Simularon un curso de meditación como para pedir silencio y lograr buena calidad de audio. Sabían, le dijeron a Página/12, que allí estarían por lo menos los directivos Van Meel y De la Fuente, y tenían algún indicio de que podría presentarse Curutchet, un conocido ex dirigente de UPAU –la agrupación estudiantil de la Ucedé–, luego menemista y ahora macrista. El material que aportaron al expediente dice que también estaban Oscar Duprix, director regional de Atlas Copco, Michell o Mikael Onumatecha, gerente internacional de créditos, y los abogados que actúan en la causa penal (Anzorreguy y Juan José Sforza). Los tres últimos habrían hablado poco y nada.

Según la traducción que está en tribunales –y a la que accedió este diario–, la conversación tuvo dos ejes: la posibilidad de pagar una “retribución” a camaristas laborales a cambio de una resolución favorable y el análisis de cómo la filial argentina obtendría y usaría el dinero para concretar el pago sin perjudicar a la compañía. Todo partía del diagnóstico de que sería difícil remontar la causa laboral debido a las pruebas comprometedoras surgidas en la causa penal.

Van Meel, siempre según la misma desgrabación, presenta a Curutchet ante los demás y dice que viene recomendado porque “trabajó para Scania” (sueca, igual que Atlas Copco). Su presunta presencia en esta trama también podría explicarse por sus lazos con la Fundación Atlas (que estaría vinculada con Atlas Copco), una entidad que aglutina y expresa el pensamiento de la ultraderecha económica (ver aparte). “Sabe muy bien lo que está pasando en la Justicia laboral en general (...) y como hecho destacable –habría dicho Ven Meel– es el vicepresidente del Banco Ciudad.” Comenta que habían estado reunidos el día anterior y anuncia: “Hay una clara indicación que viene, digamos, de la gente a cargo del tribunal, cómo lo llaman ¿la cámara?”.

Curutchet les habría explicado que la Cámara está actualmente integrada por jueces suplentes, pero no da sus nombres. Según la grabación sólo aclara que el tribunal tiene un plazo para expedirse y que el escenario es complicado porque “los nuevos elementos de la causa penal son malos”. “La otra parte aparentemente tuvo éxito en producir prueba sustancial sobre cómo el trámite era realizado mostrando que había un círculo de corrupción, y cuando esto le pasa especialmente a Atlas Copco o cualquier otra compañía como Coca-Cola es lo mismo, pierde la credibilidad”, se explayó, según se lee en el texto transcripto. Y ahí es cuando Van Meel supuestamente insiste en el camino de una posible coima. Curutchet habría afirmado entonces que a través de un tercero “el mensaje fue enviado” al tribunal “y la reacción superó mis expectativas”.

Duprix aparece como quien toma la palabra y explica que una década atrás Atlas Copco tenía unas cuentas especiales en Bélgica con dinero disponible para “extras”. “Ahora no utilizamos esto así, ya que nosotros y también los suecos se oponen fuertemente porque el presidente de Ericsson estuvo preso por comisiones en negro” y alude a otra “historia de Altas Copco”, sancionada por negociados petroleros con Saddam Hussein. “Queremos hacer algo, lo tenemos que hacer en forma encubierta”, añade. Se deduce que la presencia de Onumatecha en el encuentro (quien habría viajado especialmente) está destinada a resolver ese meollo y producir el puente con la casa central, pero todo indicaría que no hizo propuestas ni emitió opinión. Van Meel dice que no puede hablar con los suecos porque está muy comprometido en la investigación.

Pero es el propio Van Meel quien parece intentar apurar definiciones: “Hoy hemos llegado a un punto donde si no actuamos tenemos la derrota asegurada”. Aclara, en la traducción, que “si sale bien lo de la Cámara se paga la retribución, pero si la cosa no sale bien no habrá pago alguno”. Curutchet le habría dicho que “no”, que había que ofrecer alguna “garantía” previa. “Alguien puede hacer un depósito en una escribanía” a modo de “garantía”, habría planteado (ver diálogo completo aparte). También se hablaría de montos que rondan el millón de pesos.

Final abierto

Del diálogo registrado no surgirían conclusiones, al menos explícitas. Yoan tuvo que declarar ante Oyarbide sobre cómo se enteraron de la reunión en el Sheraton y lograron grabarla. El juez se mostró preocupado porque en un tramo, uno de los gerentes habla de “deshacerse de Yoan”. El dijo que lo tomaba como “algo metafórico”. Igual, lo pusieron en el programa de testigos protegidos del Ministerio de Justicia.

En Tribunales nadie parece poner en duda la veracidad del encuentro y la conversación grabada, lo que no implica que sea aceptada como una prueba válida automáticamente. Hasta ahora, las filmaciones y otro audio que constan en la causa de la IJG se usaron sólo como puntapié para investigar y buena parte de su contenido fue corroborado a través de la documentación adulterada y algunas declaraciones testimoniales. En el paradigmático caso Skanska la Sala I de la Cámara Federal anuló la grabación de un gerente confesando coimas, que había sido obtenida a hurtadillas por un auditor, porque la consideró un “ardid” de la empresa. Este caso podría ser distinto, o no, y la Sala que interviene no es la misma. La investigación está en plena evolución. Los querellantes pidieron que se investigue una presunta vinculación de Curutchet con un funcionario de la IGJ. Y parece apenas el comienzo de un capítulo.