La jueza Elena Liberatori suspendió una licitación del gobierno de Mauricio Macri para contratar la cobertura de ART de los empleados municipales y señaló sugestivas irregularidades en el procedimiento. La gestión PRO apeló el fallo. Por esa licitación, Marcelo Parrilli denunció penalmente al jefe de Gobierno por “posible cohecho y violación de los deberes de funcionario público”. Como informó Página/12, el legislador del MST sostiene que direccionaba a la empresa ganadora. La compulsa casi duplica el costo del seguro de riesgo de trabajo.

La licitación cubre a los 116 mil empleados del gobierno porteño. El pliego sube la alícuota a pagar a la aseguradora del 0,594 por ciento de los salarios al 1,150 por ciento. Es decir que lo que en 2009 costaba 24 millones, en 2010 pasa a requerir 47 millones de pesos. Parrilli señaló que, con esta decisión, Mapfre va a ganar unos 400 millones de pesos durante tres años. El legislador dijo que la contratación había sido renovada sin licitación en 2008 por un plazo de 18 meses.

Parrilli denunció que los requisitos de la compulsa son un traje a medida: en 2010 la gestión PRO exigió que la adjudicataria tuviera 300 mil asegurados a junio de 2009, algo con lo que sólo podía cumplir la ganadora, Mapfre. Si hubieran pedido la misma condición al mes previo a la licitación, habrían podido competir otras dos empresas.

El Ejecutivo también requirió que tuviera un software on line de administración de siniestros, una condición con la que también sólo cumplía Mapfre, ya que le ofrecía otro servicio similar al gobierno porteño y ya tenía el programa. Además, se modificó un requisito que impedía que se presentaran “quienes se desempeñen como directores o administradores agentes de la administración pública nacional”. En caso contrario, habría dejado afuera al director de Mapfre, Daniel Bescois, quien sería funcionario del Ministerio de Educación nacional.

Un abogado presentó un amparo ante el fuero contencioso, que recayó en el juzgado de Liberatori. Su Señoría dictó una medida cautelar en un fallo en el que diseccionó el sistema de puntaje que utilizó el gobierno porteño y encontró diversas irregularidades e inconsistencias. Indicó, entre otras cosas, que el precio que ofertaban tenía muy baja incidencia en el puntaje final, lo que le permitía a la ganadora elevar el costo sin riesgo de perder, dado que la mayoría de los datos eran públicos.

“La exigencia de contar con 300 mil asegurados es un requisito que no guarda relación con la cantidad de trabajadores a cubrir: 116 mil. Se exige que triplique la necesidad del gobierno”, apuntó la magistrada, que también cuestionó el plazo: “¿Cuál es la razonabilidad de exigir que se cumpla un requisito un año antes? Resultaba fácil de ese modo eliminar a una empresa de la convocatoria”, estimó en el fallo, en el que señaló que las condiciones del software no estaban especificadas, sino que el pliego simplemente consignaba: “A determinar”. “Ya no queda duda alguna en cuanto a que esta licitación es un procedimiento meramente formal, que deja en evidencia un proceder del Gobierno de la Ciudad que se puede encuadrar en desviación de poder”, concluyó.

La magistrada también anuló un dictamen de la Procuración porteña porque fue emitido sin que contaran con las ofertas. Liberatori destacó que en ese informe la Procuración advertía que no debían volver a enviar una licitación sin sus correspondientes ofertas. “O sea, a futuro haremos las cosas como debe ser. Por ahora, esa orfandad dejémosla porque resulta útil. Cabe preguntarse ¿a quién? ¿Para qué?”, escribió la jueza. El procurador porteño Ramiro Monner Sans apeló “por los serios defectos técnicos que le encontramos a la resolución”.

Esta semana, Parrilli denunció ante la Justicia penal a Macri por “posible comisión de cohecho y violación de los deberes de funcionario público” y exigió que lo citen a indagatoria a él, al ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y al director de Compras y Contrataciones por la licitación de las ART. “Diseñaron el pliego licitatorio para que resulte ganador como único oferente casualmente el mismo que hoy presta el servicio de cobertura de riesgos”, sostuvo el legislador. “En cuatro años la adjudicataria ganará casi 400 millones de pesos, lo que significa un evidente perjuicio al erario”, remarcó. La denuncia está en manos de la jueza María Fontbona de Pombo, que ahora podrá sumar a su expediente el fallo del fuero contencioso administrativo.