El ex director de Compras porteño Edgardo Cenzón admitió que las cámaras ocultas que aparecen en un catálogo de compras de la gestión PRO fueron incluidas a pedido de la Policía Metropolitana. Ante las preguntas de los legisladores Diego Kravetz y Raúl Fernández en la comisión investigadora de las escuchas ilegales (CIE), contó que los catalogaron para la misma época en que compraron una serie de aparatos de contrainteligencia para la fuerza. Luego dijo que las cámaras no alcanzaron a adquirirlas. El ibarrista Eduardo Epszteyn le preguntó por qué el 63 por ciento de los actuales agentes tienen cargos jerárquicos y el 92 por ciento cobra por “riesgo profesional”, sobre lo que no dio una respuesta convincente. En su línea de investigación, los macristas interrogaron a ex funcionarios sobre la tenencia precaria de un locutorio que le otorgaron a Ciro James en 2002 en el Parque de la Ciudad. Los macristas mostraron gráficos de las antenas que supuestamente tiene la SIDE allí. Sin embargo, la Justicia les dio dos malas noticias ayer. En primer lugar, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo falló a favor de la CIE y determinó que podrá citar testigos por la fuerza pública, con la asistencia del Poder Judicial. Así, Sus Señorías rechazaron un planteo de los legisladores macristas. “Se va agotando el tiempo de la impunidad. Los testigos que el PRO viene ocultado tendrán que venir a declarar”, indicó el presidente de la CIE, Martín Hourest, sobre el final del encuentro de ayer. En segundo lugar, el Consejo de la Magistratura porteño archivó una denuncia contra el juez Roberto Andrés Gallardo por la asistencia judicial que le brindó a la CIE. La denuncia fue impulsada por el presidente del Consejo, Mauricio Devoto, un íntimo amigo del procesado jefe de Gobierno, Mauricio Macri.