Los siete detenidos por el asesinato del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra “sabían y querían” herir y matar “y emplearon los medios adecuados para ello”. Actuaron con un claro “acuerdo previo”, convocados y organizados por delegados de la Unión Ferroviaria (UF). Por lo menos tres de los matones estuvieron armados y cada uno tuvo un papel específico en el ataque a los trabajadores tercerizados de la ex línea Roca y los militantes de agrupaciones políticas que intentaban cortar las vías en reclamo de puestos de trabajo. A estas conclusiones llegó la jueza Wilma López al analizar las pruebas y testimonios recolectados hasta ahora en la investigación sobre los sucesos del 20 de octubre en Barracas y por eso resolvió procesarlos a todos con prisión preventiva como coautores de homicidio calificado en el crimen de Mariano, tentativa de homicido calificado por las heridas de bala sufridas por Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos y por la coacción agravada ejercida sobre camarógrafos y periodistas justo antes de la balacera. Del texto del procesamiento surgen los nombres de otros dirigentes ferroviarios que podrían quedar complicados y hasta directivos de la Unidad de Gestión Operativa de Emergencia (Ugofe), que explota la ex línea Roca. Además, la jueza ayer allanó el Departamento Central de la Policía Federal en busca del faltante de una hora crucial de las comunicaciones registradas por el Comando Radioeléctrico con los patrulleros que estaban en la zona, un material esencial para establecer el papel que tuvo esa fuerza en los hechos.

Según la resolución de la jueza, que tiene como base la investigación de la fiscal Cristina Caamaño, quienes dispararon fueron Cristian “Harry” Favale, barrabrava de Defensa y Justicia de 36 años, y Gabriel “Payaso” Sánchez, ex barra de Racing y guardatrén de la ex Roca, de 33; Guillermo Uño tuvo armas en su poder y se las entregó, junto con Favale y Sánchez, al portero del taller de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez. “Negro, negro, le dimos”, le habría dicho Uño a Pérez, quien reunía “las armas de fuego recién utilizadas seguramente con miras a su ocultamiento”, dice el fallo. “Vayan y háblenlo con Pablo”, fue la respuesta que escucharon testigos. “Pablo”, deduce la jueza, es el delegado ferroviario Pablo Díaz, de la Comisión de Reclamos del gremio, y el procesamiento advierte su “papel preponderante en la conformación y organización del grupo de personas que perpetró el ataque”. A Jorge González y Salvador Pipito los acusa de amenazar a los camarógrafos y una periodista de CN5 justo cuando se estaban por producir los disparos, para evitar que quedara registro. “Bajá la cámara, no filmés, te vamos a romper todo”, increparon.

La decisión de dictar prisión preventiva a los siete procesados responde a que el principal delito que les atribuyen prevé prisión perpetua. Además, dice la jueza, hay numerosas amenazas denunciadas no sólo durante los acontecimientos sino con posterioridad. Varios testigos manifestaron temor a declarar y cuatro pidieron entrar en el programa de testigos protegidos, dos con identidad reservada. Para todos, además, dispuso embargos de 500 mil pesos. Favale, recordó Wilma López, tiene un juicio en Quilmes por portación de arma de guerra sin autorización legal.

La reconstrucción del juzgado y la fiscalía da cuenta de un primer momento de tensión en la estación Avellaneda, donde los tercerizados querían hacer el corte de vías y la patota de la UF, impedirlo. Los primeros junto con las organizaciones políticas y sociales caminaron bordeando las vías, mientras los ferroviarios los seguían por el terraplén del ferrocarril. Tras cruzar el puente Bosch, se tiraron piedras y otros elementos mutualmente. Luego los tercerizados y militantes del PO hicieron una asamblea en Luján y Santa Elena. En cuanto intentaron desconcentrar, recibieron el ataque de los ferroviarios, que llegaron en tres grupos. El grupo de choque “sobrepasó a la policía allí instalada (había tres patrulleros de la seccional 30ª) y fue directamente a agredir a los manifestantes”, describe el fallo.

Todo indica que Favale, quien habría llevado a otros agresores que no son ferroviarios, estaba junto a Pablo Díaz en ese momento. “Acompañame a sacar a los zurdos”, le habría dicho el barrabrava –de barba candado y remera azul– al delegado, según testimonios. “Sacá los fierros”, habría sido la indicación de Díaz. Favale, Díaz, Sánchez, Uño y Pérez se habrían separado del grupo hacia la derecha. “Favale se ubicó en el medio de la calle Pedro de Luján, y tras agacharse, habría efectuado tres o cuatro disparos con arma de fuego hasta que se le trabó”, detalla la imputación. “No puede ser que estos hijos de puta nos corran, mirá todos los que somos, al de la gomera, a ese gil de mierda le agujereé la panza”, le habría dicho Favale a Díaz. A su vez, el Payaso Sánchez se ubicó, según la investigación, entre un Volkswagen Polo color verde y un árbol, sobre Luján, cerca del cruce con la calle Pedriel, sobre la vereda izquierda, “y se puso a disparar contra los manifestantes en un indeterminado número de veces”. Tenía una remera de Bob Marley, gorra negra y anteojos de sol. Luego, “a Pablo Díaz le sonó el handy anunciando que lo había llamado (Juan Carlos) “el Gallego Fernández –tercero en jerarquía de la UF–, quien le habría dicho que se vayan”. Entonces Pérez habría juntado las armas.

A Mariano lo habría matado una bala de la misma arma que perforó el cráneo de Elsa, quien sigue internada en el hospital Argerich. No se pudo determinar aún el calibre y origen de los proyectiles que hirieron en las piernas a Aguirre y Pintos. La jueza explica que no es necesario establecer quién disparó ni con cuál de las armas, ya que basta que está probado que el grupo de la UF estaba organizado, obró con “premeditación” y con un “acuerdo común”. Ninguno de ellos, agrega, intentó frenar “el accionar ilícito”.

Los llamados telefónicos, radios y mensajes de texto enviados ese 20 de octubre antes, durante y después de la gresca por los imputados son exhibidos como una importante prueba. Favale, por ejemplo, se comunicaba con un Nextel a nombre del presidente del directorio de Ugofe, Joaquín Acuña. También hablaba con un delegado ferroviario de nombre Gustavo, aún sin identificar. Este, a la vez, se contactaba con Pablo Díaz. Favale habló todo el día con Juan Carlos Pérez, quien a su vez mantenía contacto radial con tres aparatos a nombre de Ugofe. Díaz durante el ataque hablaba con Sánchez y con el Gallego Fernández.

La jueza deja en claro que la investigación sigue y que podría haber muchos más imputados. Los llamados revelan nuevos nombres y hay otros dos delegados bajo la lupa: Aldo Amuchástegui y Alberto Carnovale. La magistrada allanó ayer mismo el Comando Radioeléctrico (ver aparte), como parte de la investigación sobre el papel que tuvo la Policía Federal: si actuó con negligencia o dejó la zona liberada.