Paradigma del sindicalismo empresario, José Pedraza fue el principal cómplice del desmantelamiento de la red ferroviaria durante la década menemista y del achicamiento a su mínima expresión del que fuera el gremio más numeroso del país. Medio siglo después de pisar la cárcel durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, entonces como dirigente combativo, el titular de la Unión Ferroviaria, ahora gordo y millonario, vuelve a estar en la mira de la Justicia. Esta vez en la causa que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra.

Hijo de un ferroviario, Pedraza nació en Deán Funes en 1944 y con 16 años ingresó como obrero al Ferrocarril Belgrano. Comenzó su militancia desde abajo, como delegado de los ferroportuarios. Se vinculó con sectores de izquierda, pero se integró al peronismo. En 1968 se sumó a la resistencia contra Onganía. Cuando el dictador desconoció el congreso normalizador de la CGT con el argumento de que habían participado gremios sin cuota al día, en un contexto de intervención estatal y alto número de despidos, surgieron la CGT Azopardo, liderada en las sombras por Augusto Vandor, y la CGT de los Argentinos, con Raimundo Ongaro y Agustín Tosco. Pedraza formó parte de la CGTA rebelde, donde se encargó de organizar las manifestaciones callejeras. Conoció por aquella época a Rodolfo Walsh, que desde el Semanario de la CGT radiografió la situación de la clase obrera y la conversión de los gremios en aparatos, volcados de lleno contra los intereses de los trabajadores. A fines de la década del ’70 formó parte del Grupo de los 25 y se enfrentó a la ortodoxia peronista.

Tras el ascenso de Alfonsín se consolidó en el sindicato ferroviario, se acercó a Saúl Ubaldini, y en 1985 se convirtió en secretario general de la Unión Ferroviaria. Tres años después tomó distancia de Antonio Cafiero, su antiguo aliado, y respaldó a Menem en la interna peronista. Cuando el riojano asumió como presidente, sus hombres de confianza fueron designados en cargos estratégicos de las empresas ferroviarias, que fueron saqueadas como paso previo a la privatización. De relación fluida con Roberto Dromi, ideólogo de las privatizaciones, Pedraza creó una mutual fantasma de viviendas que le sirvió para lucrar con espacios y locales en decenas de estaciones. En los primeros meses de 1989, cuando decidió apoyar el plan racionalizador y privatizador del Banco Mundial que el entonces presidente resumió con la consigna “Ramal que para, ramal que cierra”, se mudó a una casa de un millón y medio de dólares en Villa Devoto. “Sin su colaboración no hubiéramos logrado muchas de las cosas que logramos”, elogió a Domingo Cavallo. Durante la gestión del ministro de Economía recibió los 11 mil kilómetros del Belgrano Cargas.

Al margen de su gestión empresaria, contó como dirigente con el visto bueno de la mayoría automática menemista en la Corte Suprema de Justicia para controlar el gremio con mandato vencido desde 1991 y sin elecciones. Mediante un ardid estatutario logró excluir a la opositora Lista Celeste. Comunicó las condiciones de la elección en la página de finanzas de La Nación, que ningún obrero lee. En 1996 su jefe de custodios citó a uno de los líderes de la Celeste y le advirtió que eligiera entre aceptar plata y guardar silencio o enfrentar a “los pesados”. Luego los propios pesados, ex carapintadas que trabajaban en la SIDE, le reiteraron el mensaje en persona y le dejaron un pan de trotyl en la casa que ocupaba. Un allanamiento en la Unión Ferroviaria dio con los mismos panes de trotyl, mechas y detonadores que se habían usado para el fallido atentado.

Cuando el senador Eduardo Duhalde ocupó transitoriamente la presidencia, Pedraza negoció un nuevo convenio que redujo los derechos de los trabajadores que habían sobrevivido a las privatizaciones. En 2003 concedió a las empresas América Latina Logística Central SA y América Latina Logística Mesopotámica SA todos sus pedidos: ampliación del período de prueba a seis meses, asignación de vacaciones cuando al empleador le plazca y aceptación del transporte ferroviario como un servicio público esencial, que en caso de huelga debe acatar la intimación del Ministerio de Trabajo a mantenerlo en funcionamiento, criterio que no admiten los gremios del transporte ni la Organización Internacional del Trabajo.

En 2006 fue procesado por administración fraudulenta del fondo de sepelio de los obreros ferroviarios y embargado por 50 millones de pesos. Como las privatizaciones redujeron el número de afiliados, incrementó el valor de las cuotas y extendió los descuentos compulsivos a las viudas de los ferroviarios. La fiscal Graciela Gils Carbó dictaminó que el contrato entre la Unión Ferroviaria y la mutual de Pedraza era “una fachada para cubrir el fabuloso desvío de fondos sindicales en provecho propio de los enjuiciados”. La recusación de un juez derivó en trámite de competencias infinito, hasta que la Cámara Nacional de Casación Penal dispuso la prescripción.