Gran parte de los cables de la embajada de Estados Unidos en la Argentina liberados por Wikileaks y censurados por el Consejo de Seguridad de la Gran Prensa Occidental se basan en versiones de diarios y revistas de Buenos Aires y en datos de ex funcionarios que ahora trabajan para esos medios. Muchas de ellas fueron desmentidas por el paso del tiempo o por las investigaciones judiciales que se iniciaron en el momento de las respectivas denuncias. Sin embargo, los mismos medios que lanzaron la especie la reciclan ahora con títulos que en el caso de La Nación la propia embajada llamó “sensacionalistas”, como si se tratara de hechos nuevos y con indiferencia por los desarrollos posteriores. De este modo se cierra el círculo, de una lógica impermeable a cualquier contradicción, que por supuesto desdeña aquellos despachos críticos para los propios medios.

¿Cautiv@s?

La selección del material es una prerrogativa de cada editor y forma parte de la libertad de expresión que cada cual ejerce como le parece. Lo que nadie puede evitar es la opinión de los demás sobre la forma en que lo hace. A las siete de la tarde del viernes 14 de diciembre de 2007, el embajador de los Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, informó a su gobierno sobre la crisis producida por la información divulgada en Miami sobre los 800.000 dólares secuestrados al hombre de negocios turbios Guido Antonini Wilson. Wayne se jactó de haber capeado con éxito un día “negro para la imagen de los Estados Unidos”, por los ataques de la presidente CFK “sobre nuestras presuntas oscuras intenciones”. El borrador con orientaciones sobre el tema fue transmitido durante una recepción “a un grupo cautivo de periodistas argentinos”. Durante la recepción, Wayne mencionó “numerosos programas” de ayuda de la embajada. Entre ellos talleres de capacitación de FOPEA sobre periodismo asistido por computadora, cursos de inglés en ICANA y el envío de catorce periodistas “a filmar documentales de TV, asistir a cursos, y participar de seminarios y eventos internacionales, tanto en Estados Unidos como en América Latina”. Al día siguiente, Mariano Obarrio escribió en La Nación que Wayne “destacó que el gobierno de los Estados Unidos no tiene ninguna vinculación con la investigación de los fiscales” y marcó “la diferencia entre el poder político y el judicial”, que en los Estados Unidos son “totalmente independientes”. En Clarín, Fernando González contó que “mientras corrían los bocadillos y las copas, los funcionarios estadounidenses admitían que con estos gestos buscaban encarrilar la relación con el flamante gobierno de Cristina”. En el mismo diario, Natasha Niebieskikwiat afirmó que según Wayne “los fiscales federales (de su país) trabajan en forma independiente para hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos”. La lectura de esos textos no permite deducir en qué consistiría la supuesta cautividad de sus autores. Tal vez alguna filtración futura revele si alguno de ellos pidió explicaciones a la embajada por un calificativo tan pringoso.

Sin comentarios

El gobierno nacional decidió no hacer comentarios sobre las filtraciones, con una clara percepción de la escala planetaria del problema, en la que la Argentina no tiene un rol significativo, salvo para el insidioso diario español El País, que le asignó un espacio quince veces mayor que el que surge del total de los cables filtrados. El contraste entre la sobria redacción de la corresponsal Soledad Gallego Díaz y la escandalosa edición de tapas y títulos ayuda a entender por qué la directora adjunta del diario ha sido exiliada en Buenos Aires. El contenido de los despachos que se conocieron hasta ahora tampoco reclama respuestas urgentes. El único punto inquietante surge de las observaciones sobre la escasa voluntad oficial por aplicar con rigor la legislación sobre drogas y contra el lavado de dinero, no por la calidad de la información sino debido a las repercusiones sociales del tema. La presidente CFK tiene en carpeta desde hace meses una serie de proyectos elaborados por la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, que integran magistrados reconocidos como Horacio Cattani, Patricia Llerena, Martín Vázquez Acuña y Mónica Cuñarro, que depende de la Jefatura de Gabinete. El 23 de octubre de 2009 esa Comisión entregó al entonces encargado de negocios Thomas Kelly un análisis demoledor del informe del Departamento de Estado sobre la política argentina en la materia del año 2008, que incluía las mismas inexactitudes que ahora se leen en los wikileaks. La comunicación dirigida a la embajadora Vilma Martínez señalaba en un tono muy severo el “desconocimiento del sistema jurídico institucional y constitucional vigente”, incluía “aseveraciones sin fundamentación alguna” y omisiones de fácil verificación tanto en las páginas oficiales como en comunicaciones previas del gobierno a la embajada. El informe decía que la Argentina “se encuentra en la transición de un sistema escrito e inquisitorio hacia uno oral y acusatorio”, proceso que culminó ¡en 1992! Buena parte de las carencias señaladas en el informe habían sido descubiertas, y emprendida su corrección, por el propio gobierno nacional. La falta de bases empíricas o documentales es “técnica e institucionalmente grave, por lo que deseamos hacerlo saber a la señora embajadora a fin de que se tomen los recaudos que correspondan para su corrección”. La Comisión incluso señaló contradicciones entre dos páginas sucesivas del informe estadounidense: en una se afirma que el tráfico de heroína tiene la misma magnitud que el de cocaína; en la siguiente que es menor. Esta contradicción “demuestra la falta de seriedad del informe y la falta de respeto a los organismos que colaboraron brindando información con documentación cruzada y respaldatoria”. En la Argentina no se conoce un solo caso de adicción a la heroína. Kelly reconoció los groseros errores que contenía, explicó que lo había confeccionado un funcionario de segundo rango con material de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, Sedronar, y de algunos jueces cautivos, habitués del narcoturismo promovido por la DEA para cooptarlos. En tácita admisión de sus errores, el Departamento de Estado suprimió ese informe de su página web. Además, la embajadora Martínez excluyó de cualquier responsabilidad sobre el tema a quienes habían intervenido, y encargó el informe de este año al primer secretario Kenneth Forder, a quien instruyó para que no incluyera ningún dato sin fuente o sin el respaldo de algún organismo responsable.

Dolor de muelas

Hace diez meses, en esta página se describió la operación contra Aníbal Fernández impulsada por el jefe del Sedronar, el odontólogo patagónico José Granero, quien no sólo abasteció de datos tendenciosos a la embajada, sino también a Elisa Carrió, de la CCL, y a Graciela Camaño, del Peornismo opositor. Las cámaras federales de la Capital y de San Martín ordenaron que se investigara al jefe de la Sedronar. La primera le atribuyó “fallas notorias en los procedimientos de control” de precursores químicos. Un procesado en la causa Ascona obtuvo su inscripción presentando una fotocopia de su DNI, y la Secretaría ni siquiera constató si sus domicilios declarados eran reales. También se otorgaron los certificados de importación sin averiguar “cuáles eran las empresas que adquirirían la efedrina”. La de San Martín fue aún más directa: Granero “no habría cumplido con el ejercicio del poder de policía”, por lo cual ordenó que se lo indagara como partícipe en los delitos con estupefacientes investigados en la causa Poggi. También compromete a Granero la causa que lleva el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a raíz del hallazgo de más de siete kilos de cocaína en la puerta de una camioneta del Sedronar. Granero dijo que provenía de un procedimiento realizado en Santa Fe, pero ni el tipo de producto ni su envase coincidían. Ya han sido procesados dos de sus colaboradores y Granero ha logrado postergar ese destino mediante una serie interminable de chicanas, primero en la Cámara de Casación, que retuvo el expediente más de un año, y ahora en la justicia federal de Quilmes, ante la que apeló la citación a indagatoria, una anomalía jurídica. El informe del Departamento de Estado encomia la tarea del Sedronar y lamenta que carezca de recursos suficientes para cumplirla, de lo cual culpa a la débil coordinación con el Ministerio de Justicia. En la investigación de Elisa Carrió sobre presuntas vinculaciones gubernamentales, políticas y comerciales con el “Narcotráfico y el crimen organizado”, se mencionan “maniobras de Aníbal Fernández para limitar el accionar de la Sedronar en el combate del consumo de drogas y narcotráfico, limitando y obstruyendo el normal ejercicio de sus competencias”. Como fuente, Carrió sólo menciona una visita de Granero al Congreso. La respuesta de la Comisión a la embajada recuerda que las competencias de la Sedronar fueron fijadas por decreto, “de rango inferior a las leyes, lo que el informe desconoce”, y que las responsabilidades competen en realidad a los ministerios de Salud, de Justicia y a la jefatura de gabinete. Agrega que “la Sedronar carece de competencias para intervenir en procedimientos judiciales, si interviene las causas judiciales son nulas; tampoco puede dar órdenes a las fuerzas de seguridad ni tiene competencia para relacionarse con los magistrados y menos puede ordenar a los ministros”. Ése órgano de jerarquía inferior fue colocado en la órbita de la presidencia durante el gobierno de Néstor Kirchner, según un diseño del especialista en lavado de dinero Juan Félix Marteau, asesor en la materia del FMI. La embajada lo menciona como una de sus fuentes. Luego de ser relevado de su cargo por CFK pasó a colaborar con el Grupo Clarín, al que asesora en las causas que se le abrieron por lavado de dinero. En su estudio trabaja María Celeste Plee, la hija del fiscal antilavado Raúl Plee. El gobierno contraatacó, relevando a la titular de la UIF, Rosa Falduto, pero ahora debe enfrentar los embates contra su sucesor, José Sbatella, quien no es un especialista en la materia pero de quien nadie puede sospechar que trabaje en contra de los intereses del país, en colusión con enemigos internos y potencias externas.

El cronograma y los proyectos

A fines de 2009, la Comisión Nacional Coordinadora entregó al Poder Ejecutivo un cronograma de aplicación de un estudiado Plan Nacional de Drogas, que incluía varios proyectos penales: sobre bienes decomisados, lavado de activos, financiación del terrorismo, funcionamiento de los organismos de la representación del GAFI, fiscalización y control del financiamiento de los denominados delitos complejos que afectan el orden socioeconómico, entre otros. Los anteproyectos respectivos ya han pasado las instancias formales del ministerio de Justicia, incluyendo los fundamentos y el mensaje de elevación. El principal es el anteproyecto de ley de Registro y Realización de Bienes Incautados durante el Proceso Penal (expediente 4967/2009 de la jefatura de gabinete). El hiperactivismo de Granero en el Congreso y la favorable recepción que encontró en las principales fuerzas del Grupo Ahhh... impidieron que el gobierno nacional enviara este proyecto, que con la actual relación de fuerzas legislativas no tiene chances de ser aprobado y sólo daría lugar al tipo de escándalos que propician Carrió y Camaño. En cambio, el gobierno avanzó en otros puntos del cronograma que no requerían de la sanción de leyes. Por ejemplo, la fijación por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, de las condiciones que deberían cumplir los laboratorios y droguerías que importaran efedrina y/o pseudoefedrina como filtro previo al inexistente control de la Sedronar. Bastó esa medida para que el ingreso de esas sustancias que eran desviadas al mercado prohibido, se redujera de 20 toneladas a 13 kilos, para uso legal local certificado. Es posible que estos episodios hayan estado en la mente de CFK cuando inauguró el monumento en homenaje a La Vuelta de Obligado. “En esos buques de guerra y mercantes no venían solamente ciudadanos ingleses o franceses, venían también ciudadanos de la Confederación Argentina, identificados como unitarios, que habían emigrado a Montevideo y venían en las mismas naves que iban a invadir su tierra, su patria. Esos cañonazos de la Vuelta de Obligado se vienen sucediendo a lo largo de la historia, en esta división de los que amamos y queremos a nuestro país y de los que muchas veces, sin darse cuenta o dándose cuenta, se convierten en serviles y funcionales a los intereses foráneos”, dijo.

La Comisión sobre Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes que integra Mónica Cuñarro entregó un análisis demoledor del informe del Departamento de Estado sobre la política argentina, que incluía las mismas inexactitudes que ahora se leen en los wikileaks.