Para el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) las políticas regresivas del gobierno porteño se profundizaron en 2010 en relación con el año pasado. En su informe anual señala el elevado costo que pagaron áreas sensibles como educación, salud y vivienda. “La gestión macrista se ha caracterizado por acciones u omisiones que concluyen en la misma dirección: la exclusión”, apunta en sus conclusiones la organización que presentará su trabajo hoy a las 19. Del racconto de hechos que describe a lo largo de 68 páginas, queda en evidencia la coherencia del discurso de Mauricio Macri en materia de discriminación hacia los inmigrantes. Un tema que el candidato presidencial del PRO reactualizó en la agenda mediática con su último exabrupto sobre “la inmigración descontrolada”. El ODH recuerda que durante una entrevista televisiva el jefe de Gobierno dijo que los extranjeros no se podían atender en los hospitales públicos “sin pagar”. Para la misma fecha, el 22 de marzo, la ONG también lo denunciaba ante el Inadi por discriminar a trabajadores del Estado porteño. “Los de la Guardia Urbana no hacían nada, eran unos gorditos vestidos de verde que no pasaba nada”, acusó el funcionario en un reportaje que le hizo el periodista Matías Martin y que tuvo amplia repercusión.

El Observatorio señala los alcances de las leyes porteñas 153 y 664 y que, en el último caso, determina que el acceso a los servicios públicos de salud, educación, justicia, promoción y acción social “es de carácter irrestricto”, y agrega que “ninguna limitación a su ejercicio podrá fundarse en razones de origen, nacionalidad, raza, idioma, religión, condición migratoria o social”. El informe marca de modo sistemático las contradicciones entre la política de Macri y la legislación de la ciudad que gobierna. Y advierte que mediante distintos canales de recepción de denuncias se comprobó “una situación de discriminación por parte de funcionarios de los registros civiles que deniegan a los migrantes la certificación de pobreza (información sumaria) cuando aquellos la requieren en más de una oportunidad, en el marco de la regularización migratoria”. El ODH avala esta denuncia con la resolución 2472/10 de la Defensoría del Pueblo que puso en evidencia cómo funcionarios del registro civil “impedían arbitrariamente a las personas migrantes el ejercicio de los derechos, en razón de su nacionalidad”.

En otro tramo del informe, el referido al ambiente y espacio público (regulado por el artículo 27 de la Constitución porteña) se recuerda un episodio más de discriminación ocurrido durante el Mundial de Sudáfrica: “Personal de una empresa de seguridad privada contratada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires palpó de armas y revisó las mochilas y carteras de las personas que pretendieron acceder al sector de la plaza San Martín en el que se había instalado una pantalla para ver el campeonato mundial de fútbol, así como se impidió el ingreso de personas indigentes a este y otros sectores de ese parque público...”.

La política discriminatoria hacia los inmigrantes que lleva adelante la administración macrista es uno más entre los tantos aspectos de gobierno que analiza el informe del Observatorio. Cada uno está ordenado temáticamente, de acuerdo con cómo se enumeran en la Constitución porteña. Cuando toma en cuenta el artículo 13 remarca que se violan las libertades individuales, como ocurría con la UCEP, cuerpo que según el Observatorio “continuó funcionando durante 2010, convirtiendo en basura las pocas pertenencias de aquellas personas, quienes, desamparadas por el gobierno de la ciudad en su derecho de acceso a una vivienda digna (...), se vieron obligados a vivir en las calles”. La organización interpreta que los operativos de la UCEP tienen la misma matriz ideológica que otras decisiones del gobierno porteño, como la designación de Jorge “Fino” Palacios al frente de la Policía Metropolitana, el nombramiento de Abel Posse como ministro de Educación y las escuchas telefónicas.

El ODH señala que “al concluir el primer trimestre del 2010 el Ministerio de Salud había ejecutado un 17 por ciento de la totalidad. Es decir, dos puntos menos que en el mismo período de 2009. En el primer semestre de 2010, en infraestructura y equipamiento en salud ejecutó sólo el 4,2 por ciento, lo que equivale a 6,3 millones sobre 150 millones aprobados por ley”. Más adelante remarca que “para el presupuesto 2011 se planean eliminar 95 millones de la partida que corresponde al Garrahan”. Y aunque las cifras no están actualizadas a 2010, el Observatorio recuerda que “la tasa de mortalidad infantil subió en la Ciudad un punto por mil en el 2009, ya que pasó de 7,3 a 8,3 por mil, según las cifras oficiales de la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad”.

La educación es otra de las áreas que trata el informe. Los integrantes de la ONG denuncian que “la inversión en el sector es la más baja de los últimos diez años”. Y puntualizan que “los fondos para infraestructura de escuelas se contrajeron a menos de la mitad, ya que esa partida sufrió, en el período que se trata, un recorte de 172 millones de pesos”. El artículo 25 de la Constitución dedicado a la educación pública le permite interpretar al Observatorio que hubo un “incremento de los fondos asignados por el Estado para la educación privada, así como las prebendas hacia sectores educativos de la Iglesia”. El aumento en el porcentaje de recursos para estos sectores llegó al 167 por ciento, según las cifras que maneja el ODH.

Otras decisiones políticas del gobierno que son cuestionadas en el informe se refieren a la infraestructura y falta de control edilicio (se mencionan los derrumbes del gimnasio Orion de Villa Urquiza y el boliche Beara), el veto de Macri a la creación del Comité de Prevención de la Tortura, la subejecución del presupuesto en derechos humanos, con la consiguiente falta de mantenimiento de los ex centros clandestinos de detención y, por último, desnuda el vacuo discurso macrista en materia de seguridad. El ODH informa que constató durante 2010 “que no se presentó institucionalmente ni un proyecto ni plan de seguridad real. El gobierno únicamente publicó en su página web un plan que nunca fue presentado en la Legislatura, tal como obliga la Ley de Seguridad Nº 2894”.

En la presentación del informe hablarán la jueza Andrea Danas, del Tribunal Nº 9 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario; Tomás Lerner, el presidente del centro de estudiantes del Colegio Mariano Acosta, y Susana Reyes, la directora del Instituto Educativo Isauro Arancibia.