Mientras que ayer se conmemoró un nuevo aniversario de la Masacre de Margarita Belén, el Tribunal Oral Federal de Resistencia dio a conocer las penas de 15 y 25 años de prisión a diez policías y dos militares por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Chaco. La pena recayó sobre los integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Policía provincial por 80 crímenes cometidos entre 1975 y 1979. “Estamos muy conformes porque se condenó a todos los imputados por todos los hechos denunciados, con las penas máximas según la escala penal vigente”, señaló el abogado de la querella Mario Bosch, apenas conocida la sentencia, que fue recibida con aplausos por una multitud que se convocó frente al Tribunal.

Con enorme expectativa dentro y fuera de la sala acusadora, donde se congregaron familiares de las víctimas, funcionarios y miembros de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, el presidente del tribunal, Víctor Alonso, leyó la parte resolutiva de la sentencia contra los doce represores imputados.

El TOF condenó a 25 años de prisión a los ex policías Gabino Manader, José Rodríguez Valiente, Lucio Caballero, José Marín, Ramón Meza, Oscar Galarza, Francisco Alvarez y Rubén Roldán. La misma condena recibieron los militares José Tadeo Luis Bettolli y Luis Patetta, mientras que Enzo Breard y Ramón Gandola fueron condenados a 15 años de cárcel. Todos fueron hallados culpables de “tormentos agravados por la situación de perseguidos políticos de las víctimas” y se dispuso su traslado inmediato a la Unidad Penitenciaria 7 de la capital chaqueña.

“Estamos muy conformes porque se condenó a todos los imputados por todos los hechos denunciados, con las penas máximas según la escala penal vigente”, dijo Bosch, aunque aclaró que “si se pusiera la escala según el sistema de concurso real, a algunos les correspondería hasta 375 años”. Cada una de las condenas fue festejada con aplausos y abrazos por quienes se congregaron frente a la sede del TOF, en Resistencia.

“El camino de la impunidad fue muy largo porque hubo muchos sectores del Poder Judicial y del económico que fueron cómplices de estos delitos”, denunció el diputado por Libres del Sur Carlos Martínez, para quien “en este juicio sólo se condenó al brazo ejecutor del plan de exterminio que había elucidado la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura provincial allá por 1984”.

En sintonía, Bosch lamentó que “por tantos años de impunidad muchos imputados fallecieron” y subrayó que “acá debería haber más de treinta enjuiciados, entre ellos el ex fiscal federal (Carlos) Flores Leyes, quien era cómplice y asistía y participaba en las torturas, pero se murió sin ser juzgado”, a 12 días del inicio del juicio por la Causa Caballero.

“La Brigada de Investigaciones del Chaco fue el principal centro de detención clandestino de todo el Nordeste y epicentro de la planificación genocida en la zona”, aseveró Bosch sobre la importancia de este juicio. A su vez, dijo que este proceso abrirá la puerta a nuevas causas, ya que por el funcionamiento de este centro clandestino se sospecha la desaparición de al menos 12 militantes más durante los ’70, mientras que organizaciones de derechos humanos cuentan con un listado de unos 60 supuestos represores no imputados hasta ahora.

En febrero de 2008, el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó excavaciones en la ex sede de la Brigada, que actualmente alberga al Museo de la Memoria del Chaco, y confirmó la existencia de dos sótanos de torturas, restos de picanas y armas de fuego enterradas en el lugar.