Lo que emergió con la toma de Villa Soldati fue la evidencia de cómo vive “el eslabón más débil de la cadena”. Su cotidianidad se ve atravesada por “el problema del valor inflacionario de la tierra: son personas que ni siquiera pueden pagar el alquiler en uno de los lugares más despojados para ir a vivir. No pueden ni afrontar una vida en la villa, donde se manejan valores de 800, 1000 pesos por una casilla precaria”. Esas son algunas de las observaciones que comparte la investigadora Shila Vilker y que se desprenden de un trabajo etnográfico que realizó junto con Javier Auyero durante dos años. Había comenzado como un estudio que se preguntaba por “el tiempo específico vinculado a la pobreza, el tiempo de la espera que siempre está asociado a los sectores pobres en su relación con Estado”, pero el propio recorrido llevó a poner el foco sobre otro eje. La investigación se desarrolló entre 2008 y 2009, y una de las primeras cosas que notó Auyero, explica Vilker, es que “una de las cosas vinculadas a la espera pasa por la vivienda y los servicios del área de Desarrollo Social”. Lo plantea, también, tras haber terminado el recorrido último e impensado a que la empujó la etnografía: el destino de los habitantes de Villa Cartón, aquel asentamiento bajo la autopista incendiado en febrero de 2007.

–¿Por qué?

–Las personas que están en situación de vulnerabilidad tienen una fuerte relación con las instituciones del welfare, del desarrollo social, y a la vez tienen una relación muy particular con el deseo por la vivienda. Lamborghini hablaba de “solicitantes descolocados”, y son precisamente eso. Que solicitan está claro, y se podría decir que son descolocados porque no encuentran lugar. Esta situación de ir a pedir, que es hacer valer un derecho, implica atravesar situaciones en que son despreciados, maltratados, tal vez no en todos los casos, pero sí en muchos. Y por otro lado, está también claramente la potestad del Estado para hacer esperar: en todo momento surgen cuestiones como “hoy se cayó el sistema, venga mañana”, “se reprogramaron los pagos para otro día”, “falta una gestión más”, “siéntese y espere”, “vaya y lo llamamos”, o “vaya y espere hasta que estén los listados”. Quiero decir: hay una dimensión de la espera que es articuladora de la vida de estas personas.

–En esa espera se incluyen los subsidios habitacionales.

–Sí, muchas veces otros subsidios salen antes que la vivienda, que prácticamente no sale, o que tiene bajísimos niveles de ejecución. Todo esto, de todas maneras, hay que ponerlo en un marco más amplio, que es el de la crisis habitacional vinculada con los sectores menos favorecidos. No es algo que se pueda resolver de hoy para mañana; no es algo que afecte sólo a la Ciudad. Una de las cosas que se puede pensar ante esta situación es que tal vez sea una oportunidad histórica para darse una política de relocalización vinculada al desarrollo de zonas, áreas, productivas. Eso es clave para ver la concentración urbana.

–¿Por qué?

–Desde una perspectiva, la decisión de llegar a estos asentamientos es lógica y racional: ser pobre en Ciudad es mejor que ser pobre en la provincia. Hay servicios y accesibilidad a los lugares donde está la plata y hay trabajo. Ante casos como el de Villa Cartón y Villa Soldati, hay que son el eslabón más débil de la cadena. Su situación está vinculada al problema del valor inflacionario de la tierra: son personas que ni siquiera pueden pagar el alquiler en uno de los lugares más despojados para ir a vivir. No pueden ni afrontar una vida en la villa, donde se manejan valores de 800, 1000 pesos por una casilla precaria. Mientras hacíamos la etnografía, el valor del subsidio habitacional había pasado de 400 a 750 pesos. Si estás en emergencia habitacional, como el Estado no puede proveerte vivienda, lo que hace es darte un subsidio por tres o seis meses. En algunos casos, algunos actores presentan amparos con apoyo de la Defensoría del Pueblo y logran la renovación del subsidio. Ahora, fue interesante cómo cuando pasó de 400 a 750 pesos, se dispararon los precios de las vivienda. De alguna manera, es el mismo monto que se pone desde las instituciones de asistencia lo que fija el precio de la vivienda. En hoteles y villas, el precio siempre está un poco por arriba del subsidio. Cuando era 400, una pieza valía entre 500 y 650. Cuando se fijó en 750, llegó a costar entre 800 y 1000.

–Y se encarecen en zonas céntricas esas viviendas.

–Desde ya, especialmente en zonas céntricas. Se podría pensar que una de las cosas que pasa con Soldati es que explota la pobreza. Es como una explicación marxista básica: es un valor inaccesible. Es la zona más desesperada y extrema de la pobreza. Se habló de “pobres contra pobres”, pero es incorrecto: se trata más de pobres contra paupérrimos. O pobres contra menos pobres.

–Entre la situación de Villa Cartón y la actual, ¿se podrían trazar relaciones concretas?

–Yo contacté a quienes habían habitado la Villa en Capital Federal o en barrios del conurbano. Pero algunos entrevistados en las oficinas de Desarrollo Social (el ministerio porteño) sí planteaban que, hasta que saliera el subsidio, estaban parando en el Parque Indoamericano. No es que esto sucede en un lugar que estaba inhabitado. De todos modos, también podría pensarse que eso tiene categoría de rumor. El caso es que lo decían. Hay que pensar lo siguiente: ¿cómo se arma una villa?

–¿Cómo?

–En el caso de Villa Cartón, los primeros llegaron a principios, mediados de los ’90. Primero fue una familia grande; después otros cinco; durante muchos años fueron quince. La Villa, en lo demográfico, explota después de 2001. Es como el efecto cartoneril: los que se instalan masivamente, cartoneaban. Muchos tenían vivienda en provincia de Buenos Aires, pero volvían solamente el fin de semana. Se quedaban en la Villa para poder cartonear. Por otra parte, a estos lugares, por ejemplo el bajo autopista donde estaba Villa Cartón, nadie llega porque sí: compran la parcela. El que llega primero, de alguna manera, administra, regentea. No hay lugares gratuitos. Hablamos antes de la inflación del valor de la vivienda, de la tierra, pero también es cierto que la especulación no es sólo una prerrogativa de los grandes capitalistas. La especulación y el lucro son también atributos de los sectores menos favorecidos. Pero claro, el hecho de que uno pueda plantear eso sobre ciertos sectores no quiere decir que el Estado no tenga que intervenir para resguardar derechos. El derecho a la vivienda es un derecho superior, elemental y básico. Si lo tenés vulnerado, accedés a una serie de acciones para paliarlo. Comprar terreno de forma ilegal, tomar un parque son algunas, pero hacer eso no es un derecho. Por resguardar un derecho superior, se genera una violación.

–Pero no es una opción en realidad.

–No, quien hace eso no tiene opción. Mínimamente eso habría que comprenderlo, pero en estos días se han visto y escuchado otras cosas. Tal vez haya que volver a pensar acerca de los muros, como aquel que había generado conflicto en San Isidro o el que generaba malestar en Soldati y Lugano hace sólo unas semanas. La villa todavía no existe, pero ya está la segregación. Los muros los tenemos en la cabeza: anteceden a Soldati, la toma y el cerco policial. Muchos de los antiguos habitantes de Villa Cartón, por ejemplo, contaban cómo eran amenazados y cómo les disparaban los vecinos establecidos en las viviendas sociales, en los monoblocks. Ahí hay un problema de segregación y valoración del prójimo tan profundo que resolver la situación de Soldati no cambia: se trata de una dimensión de la cultura. Por otro lado, también se puso en evidencia que el Estado democrático debería preguntarse cómo es posible intervenir sin generar víctimas. ¿Cómo se generan fuerzas de seguridad democráticas?