“Yo apoyo a este gobierno –asegura León Arslanian, ex ministro de Seguridad bonaerense y un referente argentino en la materia–. Siempre lo apoyé. Y desde ya que apoyo la experiencia que se inicia con Nilda Garré como ministra de Seguridad. Tengo una actitud de colaboración total. Voy a trabajar intensamente en la búsqueda de coincidencias con todas las fuerzas políticas para que, justamente, el trabajo de Garré no sea el centro de una batalla política. Junto con Gastón Chillier, del CELS, pusimos en marcha el Acuerdo para una Seguridad Democrática (ASD) con ese objetivo: sacar la seguridad de la pelea política”. El ASD se plantea como “una alternativa al fracaso de las estrategias de mano dura” y fue firmado por justicialistas, radicales, socialistas, peronistas federales, integrantes de la Coalición Cívica, de Proyecto Sur, de otras fuerzas políticas y las organizaciones de derechos humanos.

–¿Qué desafíos enfrenta la ministra Garré?–le preguntó Página/12 a Arslanian.

–En primer lugar, tiene frente a sí una cuestión coyuntural, una brasa encendida, que son las ocupaciones de predios. Es un tema difícil y nosotros tenemos que trabajar en un tema doctrinario importantísimo: ¿cómo usar la fuerza pública? En mi opinión, tenemos un déficit en materia de doctrina en ese tema. Yo estoy absolutamente de acuerdo en el principio general: no criminalizar la protesta. O sea que apoyo todas las estrategias de diálogo, de conversaciones y de búsqueda de soluciones de tipo social a los conflictos. Pero esto no debe jamás interpretarse como una renuncia al uso de la fuerza.

–¿Eso qué significa?

–Si el Estado renunciara al uso de la fuerza, se erosiona su papel. Es uno de los fundamentos del Estado y el Estado tiene que saber cómo afrontar una hipótesis en la que se plantea el uso de la fuerza pública. Por ejemplo, no se le puede pedir a un juez que no dé una orden de desalojo. Esto altera el funcionamiento del Estado. Y entonces, cuando un problema no se puede resolver de otra manera y, es más, el problema tiende a agravarse, el Estado no debe renunciar al uso de la fuerza. Eso no significa matar ni usar armas de fuego.

–¿Cómo se afronta esa situación?

–Le doy un ejemplo. Yo tuve un corte en la Ruta 2 un 15 de enero, en pleno recambio turístico. Desde ya que me basé en la doctrina de no criminalizar la protesta, pero busqué el diálogo y la forma de destrabar el conflicto porque había miles de personas perjudicadas que no podían llegar a sus destinos. Intentamos la negociación y finalmente enfrentamos la situación. No se mató a nadie, usamos la fuerza adecuada, sin armas y corrimos la gente a un costado de la ruta. Yo tenía que recuperar la normalidad. Por supuesto que esto hay que trabajarlo mucho, pulirlo mucho, pero es fundamental que no se renuncie al uso de la fuerza y que tengamos un protocolo sobre su uso.

–Usted se refirió a la cuestión de coyuntura. Me imagino que plantea otras transformaciones no coyunturales.

–Por supuesto. Apoyo completamente la decisión de modificar y reformar todo lo que tiene que ver con la seguridad. Ese fue el objetivo de la constitución del ASD. Ahora hay que ver el mejor modo que tiene un gobierno democrático de afrontar los temas que se plantean. Por ejemplo, debe haber un control estratégico de las fuerzas de seguridad, la Federal, la Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria. Es el ministerio el que debe redactar las órdenes de servicio. Qué operativos se hacen, cuándo, si son para enfrentar a contrabandistas o a ladrones de autos. Hay que conducir la operatividad. ¿Con qué tipo de acciones vamos a enfrentar tal o cual delito, con qué jefes, con qué recursos, qué características tendrá la operación? Me reservo el horario, me reservo el lugar hasta el último momento. Pero es el ministerio el que debe determinar el operativo tal, con el objetivo tal, el juez interviniente será fulano, los efectivos saldrán de tal lugar, se usarán tales áreas y se le pedirá colaboración a tales otras áreas. La ejecución sí se reserva a los jefes policiales, pero toda la estrategia deberá ser enunciada por el ministerio.

–¿Qué sucede con la estructura de las fuerzas?

–Nosotros venimos con las estructuras propias del siglo XVIII, con una conducción policial macrocefálica. Todo se reporta a un solo jefe. Yo creo en la descentralización, con un peso específico de diversas jefaturas. Me reservo para el poder político la coordinación. Hoy en día veo una debilidad en las delegaciones del interior de la Policía Federal. ¿Qué pasa? No los veo asistiendo a las investigaciones de narcotráfico o de trata de blancas, dos delitos federales importantísimos. Hay que exigir una rendición de cuentas. Y eso me lleva a otro tema fundamental: las fuerzas tienen que tener una auditoría externa. Los excesos de poder nunca se sancionan porque hay una defensa corporativa. Esos excesos, para los propios jefes de las fuerzas, son como un accidente de trabajo. El otro aspecto en el que hay que trabajar fuerte es en el de la academia, en el de la formación. Eso requiere de transformaciones muy grandes.

–Hay quienes opinan que no tiene sentido que la Policía Federal sea una policía de la Capital Federal.

–Por ahora, la combinación entre una policía local y la Policía Federal está mal resuelta. Lo de la Policía Metropolitana está mal encarado. La lógica es que la Policía Federal se vaya replegando de su tarea en el distrito porteño, pero hoy nada garantiza que la Metropolitana pueda cumplir con las cuestiones esenciales en la Capital Federal. Por un tiempo deberá haber una superposición, pero el objetivo es que la Federal tenga una participación más limitada en el distrito porteño y que se vaya convirtiendo en una agencia federal de investigaciones, contando al mismo tiempo con un cuerpo que ejerza la custodia y la seguridad del gobierno nacional. El problema de la Metropolitana es que no nació como una policía nueva. Son desflecamientos de las otras fuerzas, con elementos que provienen de ellas y de la vieja policía. Eso no tiene mucho sentido. Hay que ver cómo se termina de armar todo ese proyecto antes de confiar en la Metropolitana. Ya se vio en la ocupación de Soldati su ineficiencia. Insisto aquí nuevamente en que, sosteniendo la doctrina de la no criminalización de la protesta, hay que trabajar en un protocolo sobre el uso de la fuerza.

–Todo indica que se desplegarán seis mil integrantes de la Gendarmería en el Gran Buenos Aires. ¿Le parece bien?

–Sí, me parece bien. Es una solución ante un cuadro que es de excepción. Es un recurso para ayudar a mejorar la seguridad. El despliegue no debe ser simbólico, o sea que hay que ponerle mucha atención a la efectividad. Sirve mucho que haya más vehículos, más efectivos patrullando en ciertos puntos. A nosotros nos dio resultados importantes cuando lo hicimos en Fuerte Apache. La gente de allí estaba muy satisfecha. De todas maneras, hay que trabajar en las estrategias a más largo plazo. Por ejemplo, la coordinación con el 911, la existencia de algunos corredores por los que transiten los camiones blindados, es decir que utilicen tales rutas y calles y no tales otras, dotando a esos corredores de buenas cámaras de vigilancia.

–¿Le parecen útiles las cámaras?

–Más allá de que pueden ser un negocio de algunos, yo creo que son de utilidad en lugares estratégicos. Sobre todo si se usan en combinación con una central de operaciones y un grupo que reaccione rápido frente a algún delito. Incluyo en eso el uso de helicópteros. También me parece que las cámaras juegan un papel de importancia en áreas comerciales y en las autopistas. Lo que no se puede permitir es que se pongan para vigilar a la gente hasta en las alcantarillas y los inodoros.