El ministro del Interior, Florencio Randazzo, está convencido de que detrás de los hechos que se desencadenaron a partir de la ocupación del Parque Indoamericano está la mano de dirigentes y grupos económicos para generar una situación de inestabilidad a la Presidenta. Aún tiene sobre su escritorio una carpeta con un informe que en algún momento del conflicto le alcanzó a Cristina Kirchner dando cuenta de los intentos de toma de terrenos que se habían producido en diferentes puntos del país –datos no conocidos de los movimientos de grupos registrados en lugares como Escobar, Merlo, Moreno, Pilar o Monte Grande– que a su entender hablan de una búsqueda organizada de replicar el caos en todo el país, lo mismo que entiende sucede ahora en el club Albariño de Villa Lugano. Sentado en la misma mesa donde se produjeron las reuniones con Mauricio Macri, Randazzo insiste en que las fuerzas de seguridad no deben participar en la represión de un conflicto social como reclama el gobierno porteño, y que las soluciones sólo llegan con “paciencia, responsabilidad y serenidad”.

–¿El Gobierno cedió para llegar al acuerdo con la Ciudad que permitió desocupar el Parque Indoamericano?

–No hubo ninguna “marcha atrás” del Gobierno. La Presidenta había planteado que este conflicto se resolvía con paciencia, con responsabilidad y con serenidad. Nosotros teníamos una posición diferente del gobierno porteño, no creemos que el conflicto social se resuelva con violencia y con la actuación de las fuerzas de seguridad. Los resultados son inversamente proporcionales cuando se actúa reprimiendo. Planteábamos que había que establecer un espacio de diálogo con los que habían tomado el Parque Indoamericano y los hechos nos dieron la razón. Hemos abierto el diálogo, entendiendo que estábamos en desacuerdo con cualquier usurpación del espacio público o privado, hemos hecho un censo –encontramos ahí que el 95 por ciento tenía domicilio constituido en la Capital– y habilitamos un camino de solución. Ahí nos sentamos con la Ciudad de Buenos Aires y dijimos “presenten un plan de viviendas y por cada peso que pongan ustedes, ponemos un peso nosotros”. Por supuesto, ellos deciden qué tipo de viviendas, cómo las licitan y cómo las ejecutan. Nosotros lo que hacemos es auditar, porque son recursos del Estado nacional. Por otra parte, establecimos que quienes usurpan el espacio público o privado no van a ser de sujetos de ningún derecho de parte del Estado nacional.

–¿El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, declaró que en el caso de la ocupación no había delito?

–La usurpación es un delito, Aníbal Fernández no dijo que no lo fuera. Lo que explicó es que en ese momento no estaba tipificado como delito por el juez que estaba actuando. Estamos frente a un conflicto de características sociales y creo que hemos sido suficientemente inteligentes para poder resolverlo en forma amigable, como corresponde.

–¿Por qué se demoró tanto la solución, con el costo que implicó?

–Porque había posiciones diferentes. Nosotros no estábamos de acuerdo con la participación de las fuerzas de seguridad. De hecho, la actuación de la Policía Metropolitana y de la Policía Federal significó la pérdida de dos vidas que no se recuperan nunca más. Más allá de la ansiedad por resolver el tema hay que tener paciencia, serenidad y responsabilidad sabiendo el objetivo que nos proponíamos, que era descomprimir el conflicto en paz.

–¿Cómo era el clima en las reuniones con las autoridades de la Ciudad? Afuera se acusaban mutuamente de ser los responsables del conflicto.

–No hay dudas de que el conflicto era del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No hubiéramos modificado la Constitución y hubiéramos puesto un delegado del Poder Ejecutivo Nacional si cada vez que hay un problema en la Capital Federal la responsabilidad la tiene el gobierno nacional. Acudimos en ayuda cuando el Gobierno de la Ciudad no encontraba respuesta al tema, y finalmente encontramos la solución.

–Hablamos de la resolución, ¿cuál le parece que fue el origen del conflicto?

–Más allá de algunos buenos vecinos que reclamaban por un justo derecho como es el derecho a la vivienda, hubo algunos delincuentes, algunos infiltrados, que responden a una estrategia de quienes pretenden constituirse en los candidatos de la derecha, como es el caso del doctor Duhalde. Pretenden generar una situación de caos e inestabilidad para aparecer ellos como los garantes de la paz y el orden social acompañados, por supuesto, por los grupos económicos concentrados y mediáticos que gobernaron durante muchos años sin rostro y sin voto y ahora ven que este modelo se consolida y que ellos son los grandes perdedores.

–¿Y ahora, en los enfrentamientos que se dieron el viernes en Villa Lugano?

–Creo que es más de lo mismo, de nuevo se ven sectores que buscan generar caos.

–Duhalde advirtió que quien está acostumbrado a gobernar sabe que en diciembre siempre hay conflictos. ¿Imaginan que se pueden producir otros hechos en los próximos días?

–Lo que no entiende Duhalde es que estamos en una Argentina distinta. Es un país que ha cambiado absolutamente su fisonomía a partir de un proyecto político nacional que tiene un modelo económico, social, cultural, que días atrás fue rescatado incluso por la Cepal, que es un organismo de la ONU, que destacó la baja de la pobreza, de la indigencia y la recuperación del trabajo. Algunos no comprenden que el país cambió, no hay más ese sustrato social que existía antes en una Argentina injusta.

–Habló de delincuentes y de infiltrados, ¿el Gobierno está haciendo alguna investigación o planea presentar alguna denuncia por las ocupaciones?

–Hay una investigación que ha iniciado el fiscal Carlos Stornelli. Nosotros queremos que se siga hasta las últimas consecuencias y que se investigue quiénes han sido los instigadores de generar este proceso de inestabilidad que –oh casualidad– ocurre justo en la celebración del tercer año de gestión del gobierno de Cristina Kirchner y de la conmemoración de un día trascendente, como lo es para nosotros la política de derechos humanos.

–Probablemente por la aparición en escena del dirigente Pitu Salvatierra, Mauricio Macri habló de la participación de punteros kirchneristas en la ocupación. ¿Ustedes lo conocían a Salvatierra?

–No lo conocíamos, yo lo conocí acá. Salvatierra vino como representante de sectores que estaban en un asentamiento y reclamaban por una vivienda. Lo que es cierto es que hubo personas que participaron y son empleados de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, como (consulta unos papeles) Julio César Carlos Capella, que trabaja en la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, acá están sus aportes previsionales, y el padre, que se llama Carlos Roberto Capella, que trabaja en el club Boca Juniors y en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. No sé cuáles son los que tienen ellos que trabajan en el gobierno nacional.

–Mencionó los elogios de la Cepal por la baja en la indigencia y en la pobreza, sin embargo, según otras estadísticas, hay un crecimiento fuerte de las villas miseria en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. ¿Cómo se explica eso?

–Falta que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invierta en políticas sociales. El gobierno nacional en los últimos ocho años hizo más de 500 mil nuevas viviendas, 1047 nuevas escuelas, más de 300 mil soluciones habitacionales. Lo que debe hacer la Ciudad es invertir en programas sociales para solucionar el déficit que tiene, como hace el resto de las veintitrés provincias argentinas, ni más ni menos.

–Evidentemente no coincide con Macri, que mencionó a la “inmigración descontrolada” como una de las causas de la situación.

–Argentina es un país que se conformó con corrientes migratorias fuertes. Cada uno de nosotros es hijo de inmigrantes, que venían a la Argentina porque les ofrecían mejores condiciones de futuro. Lo que cambiaron en los últimos años fueron las corrientes migratorias, que ahora son de América latina, que tiene una política migratoria recíproca. No estamos inventando nada en la Argentina, somos parte del “Patria Grande”, que es un programa de regularización de los inmigrantes del Mercosur. Regulariza la situación de los migrantes para que sean legales, para que tengan derechos y obligaciones e iguales condiciones de competencia para el trabajo, por ejemplo, con los argentinos. Creer que migrante es sinónimo de delincuente es un disparate que no tiene ningún asidero, sólo con una actitud xenófoba como la que tuvo Macri se puede decir eso.