EL PAíS › OPINIóN
› Por Norma Giarracca *
Si bien estamos a un año de cumplir la década de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001, aquellos aciagos días fueron muy mentados este año. Los recordamos durante el duelo por el ex presidente Néstor Kirchner, el primer mandatario elegido democráticamente después de la crisis. Se recordó al Jefe de Estado por su capacidad de piloto de tormenta en la coyuntura económica, pero más importante aún, se mencionó muchas veces el especial cuidado que tuvo su gobierno con la protesta social tras la masacre de sus antecesores: Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa. Este es el contexto que elegimos para recordar “nuestras rebeliones” a fines de 2010: reflexionar acerca del incomprensible sobreseimiento del ex presidente De la Rúa en relación con los hechos que se le imputaban por aquellas muertes y, en segundo lugar, indagar sobre la cantidad de jóvenes, aborígenes, latinoamericanos que este año han sido asediados y asesinados en protestas sociales por fuerzas de seguridad nacionales y provinciales o por bandas “faccionales” en circunstancias muy opacas del accionar policial.
La decisión de la Sala II de la Cámara Federal estuvo dividida al sobreseer a De la Rúa: Martín Irurzun y Eduardo Farah lo desvincularon de las muertes y lesiones registradas en aquella ocasión, mientras Horacio Cattani sostuvo que se debía revocar el sobreseimiento dictado en primera instancia y procesar al acusado. Por los hechos de la Plaza de Mayo ya se encuentran en etapa de juicio oral y público varios funcionarios policiales y el ex subsecretario de Seguridad Enrique Mathov. Aun con esos juicios en marcha, el sobreseimiento de De la Rúa fue muy desesperanzador para quienes apostamos a la Justicia para terminar con este lastre del “Estado asesino” que nos acompaña desde el fondo de nuestra historia. Nos interrogamos si, frente a otra resolución del caso, Gildo Insfrán, Miguel Saiz, Mauricio Macri y muchos otros hubiesen actuado como lo hicieron durante este año en relación con la represión. El sobreseimiento instala la peligrosa idea de que los funcionarios de gobierno cuentan con impunidad para mandar a matar a quienes protestan.
La segunda cuestión, precisamente, intenta señalar la gravedad de hechos ocurridos durante 2010. El Estado argentino, por acción u omisión, y pese a las preocupaciones de Kirchner, volvió a su vieja y ominosa costumbre de asesinar a quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta. Como lobo cebado, se tragó la vida de dos jóvenes en Río Negro, un aborigen Qom en Formosa, de un militante del Partido Obrero y tres (o cuatro, no se sabe aún) latinoamericanos reclamando el derecho constitucional a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. No podemos dejar de mencionar que hubo además un aumento de la represión y la criminalización; muchos heridos y reiteradas violaciones a los derechos de los pueblos originarios; que un activista piquetero está preso desde hace varios meses; y que las expresiones de racismo y xenofobia de los miembros del gobierno porteño hace unos días estimularon tanto el “fascismo societal” como acciones concretas de violencia.
Se cuenta que Kirchner se sintió muy afectado por la muerte de Mariano Ferreyra; varias veces mencionamos aquí la preocupación del ex presidente por mantener una relación no violenta con la protesta social. Para tratar de comprender esta recurrencia volvemos una y otra vez a nuestra historia tensionada entre intenciones democratizadoras y una violencia que como pulsión insiste. A sólo unas horas del asesinato de Mariano y pocos días antes de la muerte de Kirchner, el Canal Encuentro exhibió el documental Sinfonía de un sentimiento, de Leonardo Favio. Las imágenes de la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 con más de 350 muertos y los fusilamientos del 9 de junio de 1956 rememoraban aquella otra tragedia, pero las palabras póstumas de ese teniente general peronista sublevado y fusilado, Juan José Valle, en una carta dirigida a quien dio la orden, remiten a uno de los núcleos de esta cuestión. “No tenemos almas de verdugos –decía–; sólo buscábamos la Justicia y la libertad del 95 por ciento de los argentinos.” Valle sostenía que no se puede hacer política –buscar justicia y libertad para los pueblos– con alma de verdugo, con vocación de asesino.
El mejor modo de recordar este año a los 43 asesinados durante 2001-2002; a los 7 muertos en protestas de 2010 y también a Néstor Kirchner, por su tenaz oposición a la represión política, es profundizando el “Nunca Más”. Nos debemos (aunque hayamos dado pasos importantes) la tarea de erradicar el alma de verdugo que se refugia en los pliegues del Estado argentino, en autoridades y poderes judiciales declaradamente racistas y xenófobos; en fuerzas represivas cebadas por años de sangre y sufrimientos de conciudadanos (sobre todo jóvenes); en instituciones que apañan facciones criminales represivas; muchos estimulados por fuertes actores económicos molestos por tanta sed de democratización y derechos que atraviesa al pueblo. Si pudiéramos ocluir esas insistencias espectrales de nuestra historia, caminaríamos hacia una “refundación del Estado” y daríamos un paso crucial en la “decolonialidad” del poder.
* Socióloga (IIGG-UBA); coautora de Tiempos de Rebelión: que se vayan todos. Calles y plazas de la Argentina de 2001-2002 (Antropofagia).
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